En México, donde la impunidad delictiva es del 94.8%, la Justicia sigue siendo “profundamente injusta”: SCJN

El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que a pesar de que el sistema penal acusatorio ha tenido avances importantes, aún seguimos arrastrando una justicia profundamente injusta, una justicia que no voltea a ver a los más pobres y olvidados de México.

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Foto destacada: La injusticia social para la infancia mexicana (Desinformémonos).

Ensenada, B.C., México, miércoles 24 de agosto 2022.- Precisó: “Una justicia que no entiende la desventaja estructural de las mujeres, una justicia que no escucha el dolor de las niñas y los niños de México, una justicia que se envuelve en formalismos y no en la búsqueda de la verdad y de la razón, de la compasión y de la justicia, en su concepto más amplio y profundo”.

Al inaugurar ayer la quinta edición de los “Diálogos sobre el Sistema de Justicia Penal con el Reino Unido, 2022”, el Ministro Presidente señaló que desde el Poder Judicial Federal existe un compromiso para hacer todos los días, desde todas las trincheras, el trabajo que corresponde.

Sin embargo reconoció: “Necesitamos una gran alianza de todas las autoridades del país, de todos los niveles del gobierno entre nosotros y con la sociedad. Porque nuestro país no será democrático, no será justo y no será decente, mientras sigamos dando un trato discriminatorio e injusto”.

Al respecto, el centro de análisis México Evalúa destacó que el 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”.

En un informe, el organismo del sector privado destacó que las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías”.

El Ministro Zaldívar (Cortesía).

Ambas instancias –agregó- reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios, por lo que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.

También destacó que hasta 2020 había un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%, lo que “vulnera el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas ya que, en la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito, y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país”.

Igualmente –afirmó-, el problema permite la fabricación de culpables y se niega la verdad para las víctimas.

Finalmente, el estudio encontró que una de cada dos mujeres privadas de la libertad se encuentra esperando una sentencia y que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres.

“Esto porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.”