EN EL CAMINO: Reconocmientos que manchan

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Desde hace algún tiempo la vida pública en Baja California ha estado en un proceso de descomposición que, bien a bien, nadie sabe exactamente cómo se detendrá y, menos aún y asumiendo que se pueda, cómo es que se revertirá.

Jesús Galaz Fontes / A los 4 Vientos / Foto: Uniradioinforma

El Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid es señalado reiteradamente de estar más interesado en sus negocios que en el bienestar público y, prácticamente, no pasa día de la semana sin que aparezcan notas informativas, muchas de ellas respaldadas por documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, en las que se señalan los incompetentes y oscuros manejos que hace el Gobierno del Estado de los recursos públicos. Es un secreto a voces que corre a nivel local, pero ya llama la atención de diversos medios nacionales como muestra de la descomposición político-empresarial que se vive a nivel del país.

Pero no solamente es la desfachatez con la cual nuestro gobernador se asume como un hombre de negocios, sino el paupérrimo nivel de empatía que tiene hacia los grupos y personas en desgracia, como lo manifiestan, en el más reciente incidente relacionado con esta dimensión de su perfil, sus declaraciones luego del sádico asesinato de una joven mujer. ¿Qué virtud y/o mérito pudo haber llevado a este personaje a ser impulsado por un partido político para ocupar y “ganar” la gubernatura de Baja California? ¿Qué grupos de interés, políticos y/o económicos, vieron en él la posibilidad de que se comportara como un gobernante prudente y promotor del bien común?

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Pero no solamente es el Gobernador quien se niega a asumir su papel como servidor público. Siguiendo el modelo que ven en él, sus colaboradores en el Poder Ejecutivo atienden más sus agendas personales y de grupo que las complejas tareas que demanda el gobierno. Con las elecciones federales a realizarse en julio próximo y, por otro lado, las estatales en 2019, tal parece que ahora la ocupación principal de los funcionarios públicos de este gobierno es procurarse su próximo puesto en los gobiernos que vienen. Independientemente de la rama del gobierno en el que trabajan lo importante es, ya sea ellos directamente o sus familiares o sus amigos, “cómo van a caer parados” en los próximos gobiernos.

En este contexto nos enteramos que la XXII Legislatura del Estado, a través de su Presidente en funciones, Diputado Raúl Castañeda Pomposo, otorgó el pasado viernes dos de marzo un reconocimiento al Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot “por sus logros académicos, profesionales y valiosa aportación en su trayectoria jurisdiccional en la defensa de los derechos humano en México y América Latina; y en su calidad de Juez Presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.”

En la vida pública un reconocimiento tiene el propósito de, valga la redundancia, reconocer, enaltecer, promover y/o legitimar una actividad o a la totalidad de la persona o instancia que lo recibe y es, sin duda alguna, altamente relevante que en una sociedad se otorguen reconocimientos, ya que a través de ellos es posible identificar y difundir los valores y normas bajo las cuales dicha sociedad pretende conducirse. No obstante, es importante reconocer que el valor de los reconocimientos está en función directa del prestigio, honorabilidad y credibilidad de la persona o instancia que los otorga y que, sobre los hechos, muchas veces la persona que recibe el reconocimiento es, en realidad, la que beneficia a quien lo reconoce. Así mismo, también puede darse el caso que tanto el que otorga como el que recibe un reconocimiento se vean afectados negativamente en su reputación.

Diputado Raúl Castañeda Pomposo. Foto: José María Cárdenas, La Crónica.

¿Qué autoridad moral puede tener en materia de derechos humanos un Congreso del Estado que aprueba y abroga leyes del agua que atentan, precisamente, contra los derechos humanos fundamentales? ¿Qué autoridad moral puede tener un Congreso del Estado supeditado prácticamente en su totalidad a la voluntad del Gobernador?

¿Qué autoridad moral puede tener un Congreso del Estado que, para no verse incomodado por las protestas y manifestaciones de inconformidad de muchos ciudadanos prefiere, antes que dialogar con ellos, pedir que las fuerzas policiacas los desalojen del recinto público por antonomasia y, para no verse molestado manda instalar un muro que lo separe de ellos, aunque posteriormente tenga que dar marcha atrás ante la indignación de la opinión pública?

¿Qué autoridad moral puede tener un Congreso del Estado que cierra su entrada principal y sólo permite ingresar a sus instalaciones, espacio público por excelencia en una sociedad democrática,  por las puertas traseras, haciendo a un lado el más mínimo respeto por la naturaleza de su institución? ¿Qué autoridad moral puede tener un Congreso del Estado que, además, tiene que “protegerse” constantemente con las fuerzas policiacas de la ciudadanía que dice representar?

¿Qué autoridad moral puede tener un Congreso del Estado que unos días antes de otorgar un reconocimiento a un abogado especializado en derechos humanos, no permite que diversos ciudadanos asistan, en su recinto, al Informe de Actividades 2017 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California?

¿Qué habrá tenido en mente el Dr. Mc-Gregor Poisot para aceptar recibir un reconocimiento de la XXII Legislatura del Estado de Baja California a través de su Presidente, el Diputado Castañeda Pomposo, célebre organizador de madruguetes legislativos para favorecer los proyectos de asociaciones público-privadas del Gobernador Vega de Lamadrid?

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Dada su investidura como Presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Dr. Mc-Gregor no es un profesional del derecho cualquiera. Su presencia tiene un simbolismo importante que, en la dinámica de con quién se asocia y cómo, tiene también un impacto en la Corte que preside.

Sería lastimoso que este reconocimiento, en lugar de promover el espíritu del respeto a los derechos humanos en una comunidad que mucho lo necesita, reflejara una muestra de cómo la cultura del grupo actualmente en poder del Estado de Baja California, es capaz de afectar la reputación de una Corte tan necesaria para el progreso y desarrollo de los países signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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