EN EL CAMINO: Crítica y diálogo en tiempos de protesta y resistencia

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Es frecuente encontrarse por ahí, en el contexto de las protestas y resistencias hacia los gobiernos municipales y estatal de Baja California, con “críticas” a las “críticas” que se han expuesto en dichas protestas y resistencias. Identifico cinco argumentos que los funcionarios públicos emplean para descalificar la crítica que reciben de diversos grupos y ciudadanos.

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos

El primero y más obvio tiene que ver con la forma, el protocolo y el respeto a las “buenas maneras.” Así, los ciudadanos que no expresan su crítica de manera “civilizada,” son vistos como mal educados y groseros; en consecuencia, las autoridades no están obligadas a considerar sus demandas. “Que primero aprendan a hablar, respeten a sus autoridades y nos hablen con respeto. ¡Faltaba más!”

En segundo lugar, los funcionarios públicos esgrimen que las críticas son erróneas porque no contemplan toda la información que es necesario considerar para formular una crítica fundamentada. “Es que no han leído el Manifiesto de Impacto Ambiental. Ahí está todo.”

En tercer lugar, las autoridades aducen que los ciudadanos que los cuestionan no tienen la capacitación necesaria para criticar y plantear demandas con conocimiento de causa. En función del caso les dicen que no son ingenieros, abogados o financieros.

En cuarto lugar, los servidores públicos afirman que los ciudadanos que los critican tienen intenciones perversas y, además, no tienen voluntad para dialogar. Así, afirman que los críticos del gobierno son pagados por partidos políticos enemigos del gobierno; que quieren afectar la carrera política de tal o cual funcionario o, en última instancia, que quieren generar caos en la vida pública y destruir nuestras instituciones. ¡Es que son unos anarquistas!

Para los gobernantes, estos son decenas de miles de “anarquistas” mexicalenses (Foto: César A. Corral / Portal Animal Político)

En quinto lugar, las autoridades acusan a sus críticos de que no plantean alternativas de solución a los problemas señalados. Desde esta perspectiva, si se cuestiona la construcción de plantas desaladoras entonces se tiene que tener, identificada y desarrollada, una o más alternativas para resolver el problema del agua en la Zona Costa del Estado. Si los críticos dudan que un Centro C5i sirva para disminuir la delincuencia, entonces los críticos tendrían que elaborar un programa de seguridad alternativo.

Como se puede observar, las autoridades tienen varias alternativas para evadir el diálogo con la ciudadanía. En lugar de atender la crítica en el sentido de “analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate,” los funcionarios públicos se abocan, apoyándose en recursos públicos, a deslegitimar e invalidar la crítica que reciben de parte de los diferentes grupos que protestan, resisten y critican los embates de nuestra élite político-empresarial.

Si bien el diálogo y discusión sobre el objeto de la crítica no se puede llevar a cabo bajo circunstancias en las que las partes no mantengan un protocolo mínimo, no siempre resulta sencillo identificar dicho mínimo, particularmente cuando los participantes no entienden de la misma manera lo que constituye una discusión “civilizada.”

No obstante ello, es patéticamente lamentable que, ante esta situación, “nuestras” autoridades no hayan tomado la iniciativa para construir un espacio en el que ciudadanos con un genuino interés en los asuntos públicos, expresen y clarifiquen sus críticas interactuando con funcionarios públicos interesados en escuchar, analizar y debatir sobre las mismas. No es una buena señal que los funcionarios públicos solamente “escuchen” a los ciudadanos que los cuestionan en eventos públicos que no están diseñados para el diálogo y la discusión.

Otro problema es que las autoridades no transparentan toda la información pertinente para comprender cabalmente la situación que se está criticando. Dicen que todos los papeles del proceso de instalación de la cervecera Constellation Brands están en orden, pero nunca los han hecho públicos; afirman que la información sobre los proyectos y los contratos para las desaladoras están disponibles para los interesados, pero los documentos en cuestión no están ubicados en las direcciones electrónicas donde la ley determina que deben estar.

La documentación que avala la legal instalación de la cervecera multinacional en Mexicali, en total opacidad (Internet)

Otra práctica común entre los funcionarios públicos es que no responden a los cuestionamientos específicos que se les hace. A sus ojos la ciudadanía está incapacitada para entender los grandes y complejos problemas de, por ejemplo, el agua, el transporte y otros servicios públicos. ¿Sólo ellos, los “iluminados,” tienen la habilitación y la información necesaria para saber lo que realmente está pasando con aquello que se critica? ¿No será este comportamiento una muestra de la vieja estrategia de ignorar la protesta, esperando que el tiempo (y sus inclemencias) haga que los quejosos se cansen y regresen a sus casas?

Finalmente, pareciera que las autoridades esperan que todo crítico de sus políticas y acciones haga el trabajo que en realidad les corresponde a ellos realizar. ¿Es razonable sostener que la crítica no tiene sentido a menos que venga acompañada de la solución asociada? ¿Tienen los ciudadanos “de a pie” los recursos y la información necesaria para formular dicha solución?

Sin negar la conveniencia de que los ciudadanos participen en la identificación, desarrollo y ponderación de diferentes soluciones a un problema, ¿quiénes son los responsables de ello?; ¿quiénes son los que reciben un salario y prestaciones por asumir dicha responsabilidad? ¿Y si ello no sucede así, entonces para qué están “nuestras” autoridades? ¿Nada más para cobrar su sueldo?

Es indudable que los ciudadanos debemos mejorar nuestra crítica, pero el diálogo sería mucho más viable si el gobierno aceptara la responsabilidad que tiene de construir, bajo un diseño bien pensado y de manera conjunta con los grupos de resistencia, un espacio público en el que una y otra vez hicieran el mejor de sus esfuerzos para, en lugar de deslegitimarlos, dialogar con sus críticos.

Como funcionarios públicos y políticos ese es su trabajo, y por eso se les paga con los impuestos que los ciudadanos generamos. ¿Por qué no lo hacen?

*Jesús Francisco Galaz Fontes, es profesor de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es integrante del grupo civil Mexicali Consciente.


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