Empiezan las acusaciones y deslindes por el “PRIANGATE” 2015 en Baja California
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciará penalmente a Nancy Sánchez Arredondo, hoy senadora del partido Morena, por presuntamente desviar recursos y hacer malos manejos con los poco más de 9.2 millones de pesos que el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid le entregó en 2015 por descuentos hechos, vía nómina, al menos a 800 burócratas estatales para presuntamente financiar diversas actividades administrativas y electorales del organismo político en Baja California.
Guadalupe Gutiérrez, dirigente estatal del PRI (Foto: La Voz de la Frontera).
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Imagen destacada: El Chamuco.
Ensenada, B.C., México, miércoles 20 de julio del 2022.- Guadalupe Gutiérrez Fragozo, presidente estatal del PRI, informó también que su partido estudia la forma legal para que Sánchez, dirigente local del partido tricolor en 2015, pague la multa de un millón 284 mil 241 pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al instituto político por las transferencias.
A esto, la ex priista –adherida a la corriente del PRI estatal que en 2019 apoyó la candidatura al gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdez, e integrante destacada del grupo político que encabeza el también ex priista Fernando Castro Trenti, jefe de asesores del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo– rechazó las acusaciones.
A través de un comunicado, Nancy Sánchez también dijo que no pagará la sanción del INE y que la fiscalización del instituto electoral “es infundada” ya que fue hasta diciembre del 2015 cuando se incorporó la prohibición a los partidos de obtener aportaciones vía descuentos de nómina a trabajadores.
Guadalupe Gutiérrez dijo en rueda de prensa en Mexicali que la hoy senadora, siendo presidente estatal del PRI, gestionó, obtuvo y administró los poco más de 9.2 millones de pesos que 17 dependencias de gobierno le entregaron tras retener esa cantidad, vía nómina y en calidad de “cuotas partidistas”, a cerca de 800 trabajadores.
Imagen: Yo Influyo News.
Afirmó que todo ese dinero no se reportó como ingresos del partido, pero el INE aclaró el lunes 18 de julio que sólo 259 mil 189.53 pesos se entregaron “al PRI” en efectivo, que ese recurso lo tributaron cuatro dependencias públicas y que no fue reportado “dentro de la contabilidad” del instituto político, aun cuando hay certeza de que sí se entregó en el ejercicio 2015.
El resto del capital –ocho millones 954 mil 569.37 pesos– fueron aportaciones comprobadas que se realizaron a través de diversas dependencias locales, por lo que el INE identificó que los recursos provenían de descuentos hechos a los burócratas del gobierno de Baja California y se depositaron en una cuenta bancaria “cuya titularidad no correspondía a los aportantes”.
En su comunicado, Sánchez Arredondo recordó que dejó la dirigencia estatal del PRI en manos de Chris López a partir del 23 de octubre del 2015, fecha en la cual todavía estaba vigente el artículo 104 del Reglamento de Fiscalización del INE que decía:
“Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes (de un partido) deberán ser de forma individual y de manera directa al órgano responsable del partido y en las cuentas aperturadas (sic) exclusivamente para estos recursos”.
Dos meses después -subrayó quien llegó al cargo legislativo bajo las siglas del PRI para luego cambiarse al partido Morena-, se adicionó a la norma 104 que “en ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través de descuentos vía nómina a trabajadores” (Acuerdo INE/CG1047/2015).
La ex priista Nancy Sánchez (Foto; Senado de la República).
“Esto significa que las aportaciones de militantes por parte de órganos del estado a partidos políticos, no estaban señaladas como prohibidas en el Reglamento de Fiscalización del INE antes de 17 de diciembre de 2015”, indicó la legisladora federal, criterio que no comparten ni el Consejo General del INE ni los magistrados del TEPJF que confirmaron la aplicación de la multa al PRI.
“La posible violación a la normatividad de fiscalización, de la que sin fundamento alguno se me hace responsable -afirma en su misiva la senadora-, carece de sustento toda vez que las retenciones efectuadas a empleados de gobierno y entregadas al Partido Revolucionario Institucional, no eran contrarias a las normas de fiscalización, las cuales prohibieron este acto hasta finales de 2015”.
De momento, el Instituto Estatal Electoral (IEE) ya notificó a la directiva estatal del Revolucionario Institucional que a partir del próximo mes de agosto procederá a descontar de sus prerrogativas como partido con registro, el 25% de sus ingresos en acato a la resolución final del INE.
Ni el exgobernador panista de Baja California Francisco Vega, en su carácter de ser uno de los principales actores de los hechos ocurridos en 2015, ni la actual mandataria del partido Morena –Marina del Pilar Ávila-, potencial fiscalizadora de actos de corrupción cometidos con recursos públicos que pertenecían a trabajadores del gobierno estatal, han formulado comentarios sobre el ilegal acto administrativo partidista.
Nota de Contexto: