El puente vial sobre el arroyo El Gallo, otro monumento a la corrupción del “bonillismo” hecho gobierno

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Nueve meses después de que inició la construcción del proyecto “Modernización de Puente El Gallo” en la ciudad de Ensenada, sin contar con el permiso ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia federal publicó la autorización de la obra en la Gaceta Ecológica del pasado 31 de marzo.

 

La modernización del Puente El Gallo se hizo con la base técnica de un proyecto ejecutivo que tenía 10 años de antigüedad, según reconocieron en diciembre del 2021 funcionarios de la Sidurt de Baja California (Facebook).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: Otra obra pública impregnada por actos de corrupción e impunidad (Diario El Mexicano)

 

Ensenada, B.C., México, miércoles 13 de abril del 2022.- Ello fue así porque el Ingeniero Juan Manuel Torres Burgos, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) dependiente de la Semarnat, firmó la resolución a favor del proyecto apenas el 27 de enero.

Y la Secretaría federal en Baja California recibió el fallo el 22 de febrero, documento que notificó 7 días después a la gestora del puente: la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo y Reordenación Territorial (Sidurt) del gobierno de Baja California.

Pero, físicamente, la obra se había puesto en marcha el 3 de julio del 2021.

Evidentemente, al entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, a la secretaria estatal de Infraestructura Karen Postlethwaite Montijo, y al presidente municipal Armando Ayala Robles no les importó que la Sidurt no contara con la autorización ambiental federal para iniciar la construcción vehicular.

Optaron por actuar al margen de la ley, con una labor llena de actos ilegales, con errores técnicos que provocaron un daño al erario mediante sobreprecios al precio inicial de la obra, la cual ya excedió su tiempo de ejecución por al menos dos meses.

De hecho, fue hasta el 29 de julio del 2021, es decir 26 días después de iniciada la obra, cuando la dependencia estatal ingresó el Manifiesto de Impacto Ambiental (Mia) a la Dgira para su evaluación ecológica.

Pero semanas antes el gobierno bonillista ya desinformaba y decía mentiras acerca del proyecto.

El entonces delegado de la Sidurt en Ensenada, Fernando Tinajero Villavicencio, afirmó en junio del 2021 que la construcción arrancaría físicamente el 20 de septiembre de ese año y se terminaría seis meses después (febrero del 2022), vaticinio que aún hoy no se cumple.

Y lo dijo con pleno conocimiento de que la obra no contaba con manifiesto ni permiso ambiental.

 

Jaime Bonilla, el 3 de julio del 2021, presidió el “banderazo” de inicio de una obra ilegal. Sabía que así lo hacía, pero no le importó. Tampoco a sus subalternos que ese día lo acompañaron (Foto: Cadena Noticias).

 

A ciegas

En el expediente de la secretaría federal ambientalista –número 02BC2021VD042-, no existe evidencia de que el gobierno de Jaime Bonilla, o el que hoy encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda –los dos emanados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- informaron a la Semarnat que la obra se inició el 3 de julio y continuó sin sustento ambiental legal por ocho meses.

A esa complicidad, omisión y opacidad se unieron funcionarios de la oficina de la Semarnat en Baja California, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado, de la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno municipal de Ensenada.

Ellos simplemente no reportaron el ilegal desarrollo de la obra durante todo el proceso de evaluación en la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental.

La ignorancia de Juan Manuel Torres respecto a lo que pasaba fue tal, que el oficio de resolución aprobatoria del puente lo dirigió a la Arquitecto Postlethwaite, funcionaria que tenía casi tres meses de haber dejado el cargo al Ingeniero Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Sidurt en el gobierno de Ávila Olmeda desde el 1 de noviembre del año pasado.

En su escrito, el funcionario federal determinó que el gobierno del estado tenía un plazo de 11 meses, contados a partir de la fecha en que fuera notificado de la resolución –primera semana de marzo del 2022-, “para llevar a cabo las etapas de preparación de sitio y construcción de las obras del proyecto”, lo que en la práctica se habían iniciado ocho meses atrás.

También, de acuerdo con la resolución Tercera del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el proyectista debía contar con la autorización ambiental federal para tramitar ante las autoridades locales, en el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, las diversas autorizaciones, permisos y licencias que requería para comenzar las obras y actividades del proyecto.

Pero, evidentemente, adelantar de manera ilegal la construcción del puente confrontó esa condicionante y el resultado tuvo desastrosas consecuencias técnicas y financieras. Todo por hacer una obra sin estudios profesionales y actualizados.

 

 

 

El oficio de aprobación ambiental a un proyecto que tenía ocho meses de haber iniciado su construcción sin el permiso federal. Dirigido a una funcionaria que tenía casi tres meses de haber dejado el cargo público (Captura de pantalla).

 

Las consecuencias del capricho

Por ejemplo, el 8 de diciembre de 2021, Fernando Tinajero anunció que debido “a las deficiencias técnicas encontradas en el trayecto de las obras” que se realizaban de acuerdo con los lineamientos de un proyecto que tenía 10 años de antigüedad, el costo aumentaría un 20 por ciento.

Es decir, de los 200 millones de pesos presupuestados originalmente, ahora se aplicarían 240 millones.

Catorce días después, la nueva gobernadora -Marina del Pilar Ávila- informó que debido a los graves problemas técnicos que la obra enfrentaba al momento de la entrega a su administración, de plano tomó la decisión de “mejorar el proyecto”.

Lo dijo sin mencionar que el “proyecto”, tanto el original como el modificado, no contaba con autorización ambiental porque se presentó tardíamente a la Semarnat y estaba en proceso de evaluación.

Sin embargo, enumeró algunos de las fallas que dejó el gobierno bonillista:

 

“Una de las salidas a Guerrero Negro estaba muy angosta y decidimos hacerla más libre. También decidimos quitar un semáforo dentro del puente para no detener la circulación y se mejoró el proyecto sin afectar el desarrollo del mismo.”

 

Hubo más: “Se cambiaron (los diámetros de) las tuberías para que, en caso de una rotura, no volver a abrir (la superficie de rodamiento para reparar el daño), ya que queremos que se vean los recursos de manera más eficiente en las calles de Ensenada”.

La obra estaba tan mal hecha y diseñada, que de acuerdo con la versión del Subsecretario estatal de infraestructura Gubernamental, Social y Productiva –Ingeniero Anselmo Ruíz Rodríguez-, se redefinió el proyecto: de construir un simple puente vehicular, a crear un distribuidor vial para impulsar y asegurar la circulación continua de vehículos.

Por si ello no fuera poco, Ávila y Ruíz coincidieron en denunciar que Jaime Bonilla y sus colaboradores mintieron al nuevo gobierno al informar que la obra tenía un avance del 40 por ciento al momento de entregarla en noviembre pasado.

 

“En realidad tenía un 12 por ciento de avance. Al día de hoy -22 de diciembre- avanzamos a un 22 por ciento y al terminar el mes avanzaremos adicionalmente otro 15 por ciento”.

 

Por ello, agradeció a los porteños “su comprensión” a los problemas que representaba corregir una construcción pública evidentemente mal hecha y con tan grande retraso.

“Para nosotros es muy importante agradecer a la ciudadanía su comprensión. Sabemos que puede resultar molesto, pero estamos en busca de alternativas para acelerar los trabajos”, comentó en una improvisada rueda de prensa en Ensenada.

 

Cuando Bonilla entregó la obra al gobierno de Marina del Pilar Ávila, dijo que tenía un 40% de avance; 45 días después la mandataria desmintió al hoy Senador de la República: “En realidad tenía un 12 por ciento de avance”, afirmó (Cadena Noticias).

 

El sello del autoritarismo

Por otra parte, para evitar “desequilibrios ecológicos ni rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables”, el director Torres Burgos  ordenó a la Sidurt abstenerse de realizar obras no enlistadas en el manifiesto ambiental del proyecto, “o iniciar cualquier obra” sin previa notificación inmediata a la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental.

Sin embargo, esa disposición fue arbitraria e impunemente violentada ocho meses antes por Jaime Bonilla y sus funcionarios de Infraestructura.

Y la lista negra sigue.

Al adelantar ilegalmente el inicio de la obra, el hoy Senador de la República evadió la condicionante 2 de la resolución ambiental que lo obligaba a presentar ante la Semarnat, una propuesta de adquisición “de un instrumento de garantía debidamente justificado, para su análisis y validación de manera previa al inicio de las obras y actividades del proyecto”.

Ello porque en la zona de impacto hay registro de presencia de dos especies de flora y cuatro especies de fauna “con alguna categoría de riesgo en la NOM-SEMARNAT.2010”.

De igual forma, el gobierno de Baja California eludió la tercera condicionante del permiso ambiental que textualmente ordena:

 

“Presentar a esta DGIRA, dentro de un plazo de tres (03) meses previos al inicio de las obras y actividades del proyecto, una propuesta de Programa de protección del Arroyo El Gallo en el cual se reconstruirá el puente, la cual tendrá que ser elaborada y coordinada por personal capacitado en la materia”.

Con ello, la Semarnat buscaba la aplicación de ocho medidas de protección al lecho del arroyo El Gallo en materia de saneamiento, prevención de la desecación u obstrucción del cauce, monitoreo de calidad del agua, biorremediación en caso de accidentes por contaminación, y correcto retiro de material de desecho de la obra.

Obviamente, ninguna de esas medidas está incorporada en el proyecto.

Conjuntamente, el gobierno estatal evitó presentar, también dentro de un plazo de tres meses previos al inicio de cualquier obra o actividad contemplada en el proyecto, tres propuestas obligatorias:

1.- Un programa para la conservación y restauración de suelos. 2.- Un plan de vigilancia ambiental. 3.- Un proyecto de manejo integral de residuos emitidos durante la construcción del puente vehicular.

 

Vista aérea de la obra. En la imagen se observa cómo el cauce del arroyo El Gallo (izquierda) se usó para depositar desechos del puente, algo que meses después la Semarnat notificó que legal y ambientalmente no se debía hacer (Cortesía / Península BC).

 

Al final, la impunidad

Finalmente, el Ingeniero Juan Manuel Torres Burgos resolvió que la Semarnat, a través de la Profepa, vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en la resolución, así como los ordenamientos aplicables en materia de Impacto Ambiental.

Esto, por decirlo de manera contundente, es otra simulación que, además, se da demasiado tarde.

Porque, en los hechos, el accionar ilegal del gobierno de Baja California, del Ayuntamiento de Ensenada, de la Profepa y de la misma delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California, es un acto de corrupción consumado e impune.

Lo cual demuestra, una vez más, que en este 2022 muchas cosas se hacen igual –o peor– a como lo hacían los gobiernos emanados de los repudiados partidos Revolucionario Institucional (Pri) y Acción Nacional (Pan).

 


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