El PT arremete judicialmente contra la ex síndico de Ensenada y el protegido político de Bonilla en la CESPE
El 8 de febrero del 2018, Laura Karina Castrejón Bañuelos, entonces Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Ensenada, renunció a su militancia en el Partido del Trabajo (PT) porque, asentó en su carta de renuncia partidista, la dirigencia de ese instituto político presidida por el hoy diputado federal Armando Reyes Ledesma, manipulaba su encargo en el gobierno local para obtener beneficios políticos del presidente municipal priista Marco Antonio Novelo Osuna, actuación mercantilista que también practicaban en el congreso local según denunció públicamente la fiscal municipal.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Ensenada, 17 de febrero 2020.- Veintidós meses después –el 31 de diciembre del año pasado-, los diputados del PT Claudia Agatón Muñiz y Julio César Vázquez (coordinador estatal del partido), abandonaron molestos la sala de sesiones del congreso en donde se aprobaría el paquete fiscal y presupuestal del gobierno de Jaime Bonilla Valdez para 2020, porque el mandatario y la mayoría legislativa de Morena negaron de manera imprevista la donación gratuita de un terreno público en Ensenada que permitiría al PT acceder a un negocio de 40 millones de pesos con el erario federal.
Los dos hechos forman parte importante del contexto en que se dio, el pasado 14 de febrero, “Día de la Amistad”, la presentación de dos denuncias penales de la Sindicatura en contra de seis ex funcionarios del XXII Ayuntamiento, entre ellos Laura Karina Castrejón y Marcelino Márquez Wong –hoy director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) gracias a su estrecha amistad con el gobernador Jaime Bonilla-, a quienes la fiscalista municipal acusó de cometer cinco delitos del fuero común “y lo que resulte.”
Al notificar las denuncias que presentó ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada, la Síndico Procuradora Elizabeth Muñoz Huerta manifestó en un comunicado de prensa:
(Lo hicimos) por justicia social para los ensenadenses. No nos temblara la mano para exigir castigo a quienes se aprovecharon de su encargo para abusar de su poder y obtener beneficios personales, nadie por encima de la ley, ni de los anteriores gobiernos, ni del actual.”
Elizabeth Muñoz es miembro del PT. En la negociación que Armando Reyes Ledesma y Alberto Anaya Gutiérrez –patriarcas estatal y nacional del Partido del Trabajo- hicieron con Jaime Bonilla para integrar a los petistas en diversos cargos públicos en Baja California por la coalición Juntos Haremos Historia, lograron recuperar con ella la Sindicatura que perdieron cuando Laura Karina Castrejón renunció a ese partido.
Su trabajo contra la ex síndico inició de inmediato. Ocho días después de asumir el cargo, Muñoz Huerta, sin presentar prueba alguna de su dicho, acusó a Castrejón Bañuelos de “estar presente la noche cuando se pretendía realizar la extracción de documentos de la Sindicatura.”
Laura Karina Castrejón (vestida de azul), la ira (Foto: Rada Noticias)
Ahora, el 14 de febrero, Muñoz Huerta acusó a la ex síndico, en la primera denuncia penal que presentó contra ella ese día, de cometer un presunto peculado consistente en el desvíos de recursos asignados a la Sindicatura Municipal, como gastos indirectos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ramo 33.
No dio mayores detalles de su acusación.
Y en la segunda, culpó a su ex compañera en el PT de realizar los siguientes ilícitos junto con el actual director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), Marcelino Márquez Wong, quien recibió el visto bueno del gobernador Bonilla Valdez para ocupar el cargo luego de una tormentosa labor como Coordinador del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem) en el gobierno del priista Gilberto Hirata Chico (XXI Ayuntamiento):
Tráfico de influencias, conflicto de interés, abuso de autoridad, Asociación delictuosa y lo que resulte en un caso del que tampoco la síndico quiso compartir detalles en su escueto comunicado.
¿Por qué tanta furia contra la ex petista? En su carta de renuncia al partido de Armando Reyes Ledesma, se pueden obtener algunas respuestas.
Denunció la ex fiscal municipal: “Los actores políticos (del PT en el estado) se han convertido en una simulada oposición cuando les ha resultado conveniente, en inconformes con cualquier acción o política de gobierno, correcta o incorrecta, aun sin pretender solucionar los problemas que sufre la sociedad que representan.”
También los acusó de que “no han sabido dar el paso de la protesta a la propuesta, se rehúsan al estudio y el desarrollo de estrategias que beneficien realmente a la sociedad bajacaliforniana y de nuestro municipio, y no asumen con seriedad el puesto: la prueba es el estéril trabajo que realizan”.
La dirigencia nacional y estatal del PT, “una simulada oposición cuando les ha resultado conveniente, en inconformes con cualquier acción o política de gobierno, correcta o incorrecta, aun sin pretender solucionar los problemas que sufre la sociedad que representan.” (Foto: Horizonte Informativo).
Destacó que, para ella, resultaba inaceptable que por una parte los dirigentes del PT le exigían distancia y confrontación con la administración pública municipal y, por otra, pretendían utilizar su posición dentro del gobierno para crear una crisis en un escenario por demás crítico, “un sinsentido egoísta que arremete contra las familias ensenadenses y del cual no pretendo formar parte”.
Y remató: “Es evidente la promoción de los intereses (que por prudencia nombraré como ‘poco claros’) que (los dirigentes petistas) mantienen con el gobierno del estado, haciendo del voto de la militancia del Partido del Trabajo dentro del Congreso del Estado, una vil mercancía de intercambio político que se presenta desinteresado, vacilante y poco congruente, olvidándose en cada acto de los rostros y la confianza de aquellos que representan”.
En el inter, Elizabeth Muñoz también presentó cargos penales en contra de Miguel Fletes García (ex Subdirector Administrativo de la Sindicatura) y Roberto Leal Venegas, quien fue Subdirector Jurídico de la fiscalizadora municipal (en el primer asunto criminal), e Iris Marlena Vázquez y Francisco Ybarrola Mejía (en el segundo), todos funcionarios en la Sindicatura que encabezó Laura Karina Castrejón y los dos últimos hoy trabajan con Marcelino Márquez en la Cespe.
Marcelino, el protegido
En el caso donde la síndico petista involucró a Karina Castrejón con Márquez Wong, hay un antecedente relevante.
El 30 de septiembre del 2019, último día de gobierno del priista Marco Antonio Novelo Osuna, personaje hasta hoy inmune a las investigaciones de la Presidencia Municipal que encabeza el morenista Armando Ayala Robles, y de la Sindicatura petista, Karina Castrejón determinó la “No Responsabilidad” administrativa y penal de Marcelino Márquez.
Así se ve, así se autonombra Marcelino Márquez, priista protegido de Jaime Bonilla Valdez (Foto: captura de pagina del funcionario en facebook)
Esto en un caso de irregularidades en el manejo de recursos públicos (indemnizaciones indebidas, pagos ilícitos a proveedores, compensaciones ilegales y gastos por viático sin comprobar), así como la presunta clonación de comprobantes fiscales en el Copladem durante el ejercicio 2015.
En diciembre del 2016, la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Baja California observaron y denunciaron que Márquez Wong cometió los ilícitos que provocaron un daño patrimonial al erario de más de 300 mil pesos.
Previamente, y ante la contundencia de las acusaciones en su contra, Marcelino Márquez firmó un convenio –el 10 de junio del 2016– para resarcir casi 39 mil pesos al erario, pero seis meses después sólo repuso poco menos de cuatro mil, por lo que la Auditoría estatal determinó:
Es importante mencionar que ni en solventación ni en confronta celebrada se aclaró la procedencia de los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos (CFDI) presuntamente clonados, lo que pone de manifiesto la incertidumbre sobre la autenticidad de la comprobación en las facturas expedidas por los proveedores”.
Además, por recomendación de la entonces coordinadora de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP) del congreso y hoy todavía diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Eva María Vásquez Hernández, la legislatura presentaría una denuncia penal en contra de Marcelino Márquez una vez que la Sindicatura de Ensenada confirmara los ilícitos, cosa que tardó tres años en darse, pero en sentido contrario: la exoneración del recomendado de Jaime Bonilla para la Cespe.
Es importante recordar que Márquez Wong es un priista que en la campaña electoral de Bonilla al Senado en 2018, trabajó como “Asesor Temático” por ser “un reconocido especialista de la problemática social y económica de Baja California.”
Así, en un escenario de confrontación política entre el PT Nacional y Estatal con Jaime Bonilla, y con el congreso de mayoría morenista porque no regaló a la asociación civil “Tierra y Libertad” un terreno de 8 mil 684 metros cuadrados en donde el partido político quiere construir un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y obtener 40 millones de pesos del erario federal, fue posible que Máquez Wong fuera denunciado penalmente por la síndico Elizabeth Muñoz Huerta.
Simples vendetas, pues.