El Mecanismo de Protección a Periodistas y Activistas Sociales, herramienta ineficiente e incompleta en BC
El asesinato en Tijuana de la periodista LOURDES MALDONADO expone la vulnerabilidad de periodistas y defensor@s de derechos humanos en Baja California, sobre todo en los dos últimos años.
El escenario pericial en la escena del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado el pasado domingo 23 de enero (Foto: Reencuentro Digital).
Maricarmen Rioseco Gallegos* / 4 Vientos / Foto destacada: La periodista asesinada (El Sudcaliforniano).
Lourdes Maldonado estaba desde 2021 bajo la protección del mecanismo federal y en 2019 denunció que temía por su vida ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
El MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, es una instancia federal creada a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los MECANISMOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
Es un instrumento de política pública que ante el clima de violencia que enfrenta el país ha sido reconocido por organismos internacionales como una institución necesaria para garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México, paliando la violencia contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Actualmente protege a 1304 personas, 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y a 886 defensoras de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres, en 2020).
Es importante subrayar que este mecanismo federal está adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y por otra parte señalar también que existe un Fidecomiso de fondos destinados a la implementación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el PPEF 2022.
Sin embargo, este nuevo fidecomiso NO considera un programa presupuestario para la atención a víctimas y la protección de personas defensoras y periodistas. Tampoco son claras las partidas específicas a las que parece se asignaron esos recursos para continuar con los fines que cumplían los fideicomisos. Esto agrava la situación para las personas que están bajo “la protección” de un mecanismo sin recursos específicos para la atención.
Para que las y los bajacalifornianos afectados socialmente por esta ola de violencia e impunidad, recuperemos la esperanza y confianza en nuestras instituciones locales, es necesario la coordinación institucional de todas las autoridades relacionadas con la seguridad, la transparencia y los derechos humanos.
En este sentido, corresponde al Secretario general de Gobierno de Baja California , Catalino Zavala Márquez, y la Subsecretaria Estatal de Derechos Humanos Mel Olvera, atender con la prevención de estos casos y dar seguimiento a las actuaciones de las demás instituciones responsables de la atención e investigación como la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la justicia en el proceso y sanción a responsables e involucrados en estos asesinatos.
Por último, hay que explicar el análisis sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación HECHO por la organización FUNDAR, que resume:
Del PRESUPUESTO 2022 PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS, se identificó una nueva partida presupuestaría –la 33903 relativa a SERVICIOS INTEGRALES-, con un presupuesto de 380 millones de pesos; es decir, 138 millones de pesos más que lo que se asignaba al fideicomiso.
Aunque se observa un importante aumento de recursos públicos a los presupuestados en otros años a través de los fideicomisos, para la atención a víctimas y la protección de personas defensoras y periodistas, las nuevas partidas no generan certeza presupuestaria para el cumplimiento de los fines que cubran exclusivamente los fideicomisos, ello por las siguientes razones:
1.- No existe certeza de que se crearon para esos fines, ya que no se precisa en la misma partida presupuestaria. Sigue latente la incertidumbre de cómo funcionan las partidas y de si son efectivamente para los fines que tenían los fideicomisos.
La familia de Margarito Martínez, la otra víctima (Foto: El Mexicano).
2.- No existe un candado que obligue a las entidades públicas a no destinar los recursos exclusivamente para los fines que sí tenían los fideicomisos.
3.- La forma como están etiquetados los recursos permite que cualquier otro gasto se registre como servicios integrales o como servicios de carácter social (Fundar 2021).
En ese sentido a nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila le corresponderá la aplicación de políticas públicas con instrumentos, presupuesto y mecanismos de prevención y eliminación de la violencia e impunidad en los asesinatos de periodistas y defensor@s de derechos humanos, incluyendo la reparación del daño a las víctimas indirectas de estas lamentables pérdidas humanas.
LOURDES MALDONADO no debió morir, como tampoco Margarito Martínez Esquivel.
Están matando colegas a periodistas. Baja California se está convirtiendo en un lugar terrible para defensor@s de derechos humanos y periodistas, afectando la seguridad y la paz social.
Mis sentidas condolencias para el gremio. Que se haga justicia para el bien de toda la sociedad bajacaliforniana.
*Maestra en Medicina Veterinaria y feminista de B.C.; fundadora del primer círculo de estudios sobre la condición de las mujeres en Baja California, del Grupo Feminista Emancipación y del Grupo de Mujeres Alaíde Foppa. Es Directora de Todos Ciudadanas, A.C. y fundadora y coordinadora de la Red Nacional, Mujeres por un Milenio Feminista. Actualmente es Consejera Consultiva del INMUJERES y promovente e impulsora de mecanismos para la igualdad y no discriminación de las mujeres y niñas. Desde septiembre de 2020 colabora con 4 VIENTOS.
Mexicali, B.C., México, lunes 24 de enero de 2022.