El horror en Baja California

Todavía a un mes de que Felipe Calderón entregara el poder, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán se volcó en elogios al mandatario, agradeciendo la tranquilidad que, según dijo, gozan los bajaclifornianos.

“Permítame decirle, señor presidente, de cara a la historia, que usted ha sido el presidente que más y mejor le ha cumplido a Baja California y a los bajacalifornianos, con el corazón en la mano y con la gratitud… nos ha devuelto la paz y nos ha devuelto la esperanza. Que Dios lo bendiga siempre”, dijo Osuna Millán a Calderón el pasado 31 de octubre, durante la última gira presidencial a esta región.

La realidad, sin embargo, es otra.

Con el descubrimiento de la nueva “narcofosa” de Tijuana, Baja California se ubicó sorpresivamente como el segundo estado más violento -sólo abajo de Guerrero y encima de Chihuahua-, por la cantidad de asesinatos cometidos en el último mes del sexenio calderonista.

De hecho, Calderón se despidió de la presidencia de la República con un crecimiento de 38% en la violencia en el último mes de su gobierno. Las ejecuciones aumentaron de 887 en octubre a 1,223 en noviembre, según reporte de Lantia Consultores.

Concluye así el sexenio más sangriento en la historia reciente del país -después de la Revolución de 1910-, con un saldo de más de 100 mil asesinatos, más de 25 mil personas desaparecidas y al menos 250 mil personas desplazadas de sus comunidades debido a la violencia.

De confirmarse, como ya está sucediendo, la veracidad de las declaración que en enero de 2009 hiciera ante la Procuraduría General de la República (PGR) Santiago López Meza, “El Pozolero” –quien reconoció haber disuelto con sosa caustica más de 300 cuerpos de personas ejecutadas por Teodoro García Simental “El Teo”, detenido en 2008 al igual que Raydel López Uriarte “El Muletas”, Filiberto Parra Ramos “La Perra” y José Manuel García Simental “El Chiquilín”– Baja California pesará en la memoria colectiva como una de las entidades donde se cometieron los más espeluznantes crímenes, justo cuando el gobierno federal se jactaba de haber combatido con valentía y eficacia al crimen organizado.

Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, comentó que la fosa encontrada el pasado 28 de noviembre, se pudo ubicar “gracias a la investigación ciudadana” que desde hace cinco años viene realizando esta organización.

La enorme masa orgánica, que de acuerdo con análisis realizados por expertos en ADN está compuesta de restos humanos, se encontraba debajo de una loza de concreto, en un predio conocido como “La Gallera”, en la colonia Granjas de Maclovio Rojas, al este de Tijuana, en el sitio señalado por “El Pozolero”, como el lugar donde disolvió más de 300 cadáveres.

En ese predio, recordó Ocegueda, tiempo atrás habían encontrado a un hombre decapitado y se recuperaron 25 vehículos robados.

Abel Galván Gallardo, subprocurador contra Delincuencia Organizada en Baja California, tras informar que probablemente esa fosa clandestina contiene los cuerpos disueltos de más de 100 personas, comunicó a los medios que peritos estatales y agentes federales buscan restos óseos con la esperanza de lograr la identificación de algunas víctimas mediante la comparación de análisis genéticos con los bancos de datos que existen en la dependencia.

Para el dirigente de familias de personas desaparecidas en la entidad, será prácticamente imposible identificar a las víctimas.

Esta excavación es la última de una treintena de exploraciones realizadas en Tijuana por las autoridades federales, a partir de la declaración de “El Pozolero”. Sólo en dos ocasiones, dijo Fernando Ocegueda, se localizaron huesos y dientes, sin resultados a la fecha sobre si corresponden a la lista de 400 personas reportadas como desaparecidas. En ese listado figura su hijo, a quien un comando armado secuestró en su propio hogar y frente a su familia en febrero de 2005

Fernando Ocegueda no abriga mayores esperanzas en que sea posible identificar a las víctimas, dado el deterioro de los restos humanos disueltos en ácido. Sin embargo, tiene una propuesta:

“De alguna manera es una satisfacción conocer que ahí, en ese lugar quizá están los restos de tantas personas que hemos buscado durante años. Es bueno tener dónde llorar a nuestros muertos”, dijo Fernando Ocegueda Flores tras informar que la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, está solicitando al gobierno estatal que en el sitio donde se encontró la fosa clandestina se construya una capilla para honrar a las víctimas.

El 13 de mayo de 2010, durante la celebración de la XXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se celebró en lujoso hotel de la ciudad de Ensenada, clamando justicia a gritos un grupo de familiares de las víctimas de secuestros y desapariciones forzadas, suplicó audiencia al entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont y el procurador Arturo Chávez Chávez, quienes arribaron en vehículos blindados a la sede del encuentro nacional, escoltados por policías y militares a bordo de una docena de camionetas.

Nadie atendió sus demandas.

Fernando Ocegueda, en entrevista con periodistas de A los Cuatro Vientos, informó que para entonces permanecían deseparecidas en Baja California casi 300 personas, en su mayoría jóvenes de 20 a 35 años, incluyendo treinta mujeres y una cantidad similar de niños de diez a catorce años, víctimas de secuestros y “levantones”, perpetrados por el crimen organizado en el transcurso de la última década, sin que las autoridades realizaran las investigaciones para rescatarlas con vida o encontrar sus cuerpos.

Dijo que se tenía conocimiento de que el número de desaparecidos era mayor, pero su organización tenía documentados  275 casos de personas desaparecidas en Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali.

Suplicó, exigió: “Pedimos, por favor, que se apiaden de nosotros, ya estamos cansados de que nos reciban con la puerta en la cara”.

Reveló el activista un dato aterrador.

Al menos el 40 por ciento de las 275 personas que permanecen desaparecidas, fueron secuestradas; sus familiares recibieron llamadas telefónicas y pagaron rescates que iban de los cien mil dólares al millón de dólares, pero el crimen organizado no regresó a sus hogares a sus seres queridos.

Ocegueda acusó directamente al gobierno de Baja California de ocultar la realidad, por intereses electorales, en cuanto a los índices de criminalidad y delincuencia.

Explicó el nuevo modus operandi de los criminales…

 “El crimen organizado ha cambiado el modo de realizar las ejecuciones. Antes los sicarios llegaban en cuatro o cinco camionetas y escandalosamente ejecutaban o levantaban a la gente, pero ahora son más discretos, llegan dos personas en una sedán, hacen lo que van a hacer y se pierden en la oscuridad”.

Y la estratagema del gobierno para ocultar la realidad…

“Antes, cuando había un levantón o una ejecución, la policía le hablaba a los medios para que cubrieran esa nota y ahora no lo hacen. No quieren que se filtre esa información para crear un falso clima de tranquilidad”.

Ante las declaraciones de Osuna Millán, de que habían disminuido los delitos de alto impacto, el activista aseguró que las estadísticas realizadas por su organización registraban 320 homicidios tan sólo de enero a mayo de 2010. Y ocho de cada diez asesinatos fueron cometidos en Tijuana.

El horror no ha terminado.

Considerando que son más de 400 las personas reportadas como desaparecidas en el estado, Víctor Clark Alfaro director del Centro Binacional de Derechos Humanos, estima que existen más casos de narcofosas en zonas rurales e incluso en casas de Tijuana que aún no han sido descubiertas por las autoridades.

Con el tiempo la verdad removerá la montaña de mentiras bajo la que ha sido sepultada.