El gobierno de BC mantiene su boicot a la Ley Estatal de Transparencia. Simple lucha por el poder, dice ONG
El gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, mantiene obstaculizada la reforma a la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que incrementa la rendición de cuentas en el estado y fortalece la independencia del Instituto especializado en el ramo.
A los Cuatro Vientos
Esto porque sus funcionarios se han negado, desde octubre del año pasado, a sostener reuniones con un grupo de comisionados ciudadanos, empresarios y legisladores que impulsan la transformación de la legislación estatal en materia de transparencia.
La negativa del gobierno del estado inició, dijo en el programa radiofónico Voces de la estación de radio XS 92.9 FM en Ensenada, el ex presidente del Consejo Estatal Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información, licenciado Armando León Ptanick, luego de vetar la reforma a la Ley de Transparencia y boicotear el voto de los diputados que antes dieron su aprobación a las modificaciones legislativas.
A continuación, las declaraciones de León Ptanick:
También presentamos a los cibernautas un artículo de José Luis Huape Rodríguez, columnista del Observatorio Ciudadano de Baja California*, con relación al tema:
Lucha de poderes tras reforma a la Ley de Transparencia de Baja California
Una innovación legislativa en materia de transparencia sin consenso ciudadano carece de legitimación
Se sabe que las facultades de selección de servidores públicos es un poder que los actores políticos quieren poseer para mantener cierto control en las instituciones públicas, por ello el interés por conservar esa facultad, participar o de plano agenciársela en forma exclusiva provoca lucha de poderes.
Lo vimos claramente cuando el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma a los artículos 46 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, que a la postre fue vetada por el Gobernador del Estado; es decir, la reforma no alcanzó el estatus de ley vigente ni lo alcanzó en su segundo paso por el proceso legislativo.
¿Qué hay tras de esa iniciativa? Una lucha de poderes.
El Congreso pretendía participar en la designación de los integrantes de la comisión que selecciona a los aspirantes a ocupar el cargo de consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) y compartir esa facultad con el Poder Judicial de la entidad.
El Gobernador no dejó que se diluyera su poder de designación, pues conforme a la ley que se pretendía reformar tiene la facultad de designar a tres representantes que integren la comisión que ha de seleccionar a consejeros del ITAIPBC, desde luego que no estuvo de acuerdo en la reducción de esa facultad, de ahí el veto a la reforma.
En las argumentaciones expresadas en el veto del Ejecutivo se dice que la reforma viola el principio de división de poderes y la facultad constitucional del Gobernador para nombrar a tres representantes que integren la comisión de evaluación y selección de consejeros del ITAIPBC, mientras en el análisis de esos argumentos el Congreso del Estado niega esa invasión de poderes y facultades.
Como en toda trama para saber por qué se da esta lucha de poder es necesario ir al móvil, por ese camino hay que preguntar: ¿A quién beneficia la iniciativa?
Por descarte, la iniciativa no obedece al interés ciudadano; obedece a otro tipo de interés, por ello está “deslegitimada de origen”. Es conveniente hacer otra pregunta: ¿Esa reforma es la que necesita la ciudadanía? La respuesta es no. Necesitamos reformas que tengan que ver con la amplitud del derecho al acceso a la información y rendición de cuentas, por ello la voz ciudadana es la que debe llevar la batuta en ese tema.
Esperamos que la futura reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California se geste con el consenso ciudadano y no se vuelva como sucedió una lucha de poderes.
Está en juego nada más ni nada menos que la autonomía del ITAIPBC, órgano que garantiza el derecho de acceso a la información y transparencia del ciudadano, cuyo desempeño lo está legitimando y posicionando como uno de los organismos estatales más representativos del interés social. No hay que permitir que lo vuelva un botín político, esa es una responsabilidad social.
Antes de reformar el sistema de selección de consejeros del ITAIPBC se debe hacer una evaluación del desempeño que ha tenido la presente integración del mismo para determinar si el sistema actual ha funcionado. Esto es, si los consejeros nombrados bajo el procedimiento vigente han cumplido su cometido de ser garantes de la transparencia y acceso a la información sujetos a los principios de autonomía, independencia y máxima publicidad principalmente.
La percepción social es que los consejeros sí le han cumplido a la sociedad.
OBSERBC considera que la nueva generación de reformas a la Ley de Transparencia debe abordar entre otros temas un esquema completo de rendición de cuentas, que comprenda el derecho al acceso a la información ampliado, la exigencia de justificación de los actos de sujetos obligados y sanción por incumplimiento en manos del ITAIPBC.