El Estado mexicano incumple sus obligaciones con la niñez mexicana: organismos públicos de DDHH

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El Estado mexicano no cumple con su deber y obligación de proteger los derechos de infantes y adolescentes bajo su jurisdicción, por lo que es responsable de violar sus derechos, concluyeron las comisiones de derechos humanos del país.

 

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Foto destacada: El Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en 2022 observó “serios obstáculos” en la garantía de los derechos humanos para la niñez y adolescencia, como el derecho a una vida libre de violencia, educación, salud, identidad, entre otros. Además, un lamentable aumento de la pobreza y pobreza extrema, en especial en la niñez y adolescencia indígena / Facebook.

 

Ensenada, B.C., México, lunes 5 junio 2023.- Por ello, la federación debe estructurar y ejecutar un plan integral con perspectiva de derechos humanos que cuente con la participación de la sociedad civil, los organismos públicos de derechos humanos, la academia y la iniciativa privada para salvaguardar la integridad y el desarrollo de este segmento de la población mexicana.

Miguel Ángel Mora Marrufo, comisionado de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), indicó que el organismo que preside se sumó al pronunciamiento que además identifica las condiciones de violencia que se desarrollan en torno a la población menor en temas de movilidad humana, educación, trata, desaparición y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Recordó que el posicionamiento que emanó del pasado Congreso Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, cuenta con el apoyo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

En la reunión, los congresistas identificaron el agravamiento del contexto de violencia que transgrede la integridad de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en México.

 

Específicamente, se habló de la dilación en la impartición de justicia porque las instancias del sector judicial y ministerial “se encuentran rebasadas por la cantidad de expedientes de investigación, así como por la inexistencia de una política pública de intervención para rescatar a NNA que se encuentran en un contexto de peligro para su integridad”.

 

Un estudio de la organización Early Institute reveló que es siete veces mayor es el riesgo que una niña sea víctima de abuso sexual que un niño en México; además, en 6 de cada 10 ocasiones el abuso se comente en el hogar de la víctima (Agencia EFE).

 

México también es omiso a firmar y aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la no participación de los niños en conflictos armados y tiene el objetivo de proteger al sector poblacional contra su reclutamiento y participación en hostilidades y grupos criminales.

Asimismo, para la FMOPDH el Estado mexicano acumula las siguientes omisiones:

1.- Incumple las obligaciones contempladas en diversos artículos de la Convención de los Derechos del Niño (CRC) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), respecto a la efectividad de sus ordenamientos jurídicos, institucionales y políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra esta población acorde a la magnitud de la violencia criminal que impera en México.

2.- Es omiso en implementar políticas públicas integrales que generen las condiciones de vida dignas para el desarrollo integral y supervivencia de la población infantil y adolescente.

3.- No verifica la prevención, sanción e investigación de las violaciones a los derechos humanos de infantes y adolescentes con motivo de la violencia criminal.

 

México atraviesa una grave crisis de derechos humanos que afecta especialmente a los niños, niñas y adolescentes migrantes, indígenas, afromexicanos, en situación de calle (Nuestra Voz en Colores).

 

4.- Es indolente en la investigación, impartición de justicia y reparación integral del daño de las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.

5.- Es negligente en la implementación de acciones tendientes al reasentamiento y reintegración del núcleo familiar para víctimas del fenómeno de desplazamiento forzado.

6.- Es flojo para establecer “un sistema idóneo que documente de manera plena los delitos y las violaciones a derechos humanos de NNA”.

Finalmente, Mora Marrufo, próximo a terminar su trabajo al frente de la CEDHBC, rebeló que los organismos públicos defensores de derechos humanos llamaron al Estado mexicano a que instrumente y ejecute las acciones y programas necesarios para la atención y protección de la niñez y la adolescencia.

 

“Haciendo énfasis en quienes, por su contexto, requieren atención prioritaria y anteponiendo en cada una de las acciones y decisiones el principio del interés superior de la niñez”.

 

Según la REDIM, la pobreza creció entre la niñez y adolescencia mexicana en 2022 (Archivo).

 

Cabe destacar que en el Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) correspondiente a 2022, se destacó el aumento de cuatro delitos que crecieron entre 2021 y 2022 en contra de las infancias:

1.- Extorsión (de 234 a 265, con un incremento de 13.2%); 2.- homicidio (de 2,239 a 2,330, con un incremento de 4.1%); 3.- lesiones (de 12,478 a 16,215: con un incremento de 29.9%); y 4.- trata de personas (de 347 a 403, con un incremento de 16.1%).

Asimismo, llamó la atención el tipo de homicidios que aumentaron contra NNA: resaltan el homicidio doloso (un aumento de 3.2%), el homicidio con arma de fuego (aumento de 3.4%) y los asesinatos (homicidios dolosos más feminicidios) que vieron un incremento de 3% según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En materia de migración también hubo un aumento en el número de repatriados desde Estados Unidos (23,340: un incremento de 10.8%), siendo públicas las violaciones a los derechos de familias migrantes en territorio mexicano, tras las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos con el “proceso para personas venezolanas”.

Finalmente, la REDIM destacó también que niñas, niños y adolescentes continúan siendo víctimas de formas de violencia y de una discriminación “que incluso se evidencia en los recursos asignados por el Estado en programas de atención, dirigidos a infancia que sigue padeciendo obstáculos para vivir una vida digna; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; así como los civiles y políticos que no terminan de ser una realidad para la tercera parte de la población en nuestro país”.

 


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