El desdoblamiento del fiscal

La justicia no es un género menor del teatro. En otras palabras, ni es falsa ni es vodevil. Éticamente no se puede ser hoy defensor de un inculpado y mañana el fiscal que lo persigue.

Jaime García Chávez /A los Cuatro Vientos

En los Estados Unidos de los años veinte Al Capone no se podía convertir, virtud a un nombramiento, en Eliot Ness, ni este último pasar al rol del primero sin autodestruirse. Quien haya visto la película Matar a un ruiseñor o leído la obra base de Harper Lee, no podría entenderla a plenitud si en la misma Atticus Finch de buenas a primeras pasara a jugar el papel del fiscal. Son cosas que en principio no debieran suceder, pero aquí, en esta tierra que se considera pionera de un nuevo sistema de justicia penal, sí pasa. Y así, Jorge González Nicolás, en una primera etapa defensor público de Israel Arzate –liberado por la Suprema Corte de Justicia en la causa Salvárcar– pasó a ser, así sea de palabra, su implacable fiscal persecutor. En el mismo reparto de personas del drama él no tuvo ningún inconveniente de jugar como protagonista de primer orden en una etapa inicial como defensor y en otra como acusador. En cualquier país con un mínimo de respeto por un poder que se instituye en beneficio del pueblo, el fiscal general Jorge González Nicolás ya habría presentado su renuncia. Así de sencillo, así de fácil. Pero ese no es nuestro estado. ¿Por qué?

Partamos de lo elemental: ninguno de los aparatos o instituciones encargadas de una justicia penal de calidad goza de autonomía plena para el cumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales. La Defensoría Pública no lo es, depende del Ejecutivo por disposición de la ley. La Fiscalía tampoco, su titular es designado a propuesta de una terna que el Ejecutivo hace llegar al Congreso de entre tres personas de la absoluta confianza y dependencia del gobernador y usualmente palomeando al que va a serlo. Esto lo dispone la ley así, pero además el Congreso se convierte en un mero órgano de validación. Contra toda ley, el Poder Judicial del Estado tampoco goza de la autonomía suficiente para dictar sentencias que no estén a modo con la consigna. Esto no lo dispone la ley pero en la realidad es lo que tenemos. Por eso se da el desdoblamiento de personalidades como en el caso del fiscal general.

De acuerdo a este cuadro, en una etapa González Nicolás fue defensor público de Israel Arzate; meses después, ya al inaugurarse el actual cacicazgo de César Duarte, pasó a ser fiscal de la zona norte y entonces adversario de su defenso. Andando el tiempo se convierte en fiscal general, justo cuando la Suprema Corte ampara a Arzate porque encuentra que en su contra se desahogaron pruebas ilícitas, autoincriminatorias, arrancadas vía tortura en un cuartel militar, y ya en su calidad de fiscal jugar en contra precisamente de lo que inicialmente defendió. Si esto fuera el guión de una comedia de enredos o simplemente el fraseo para la legendaria Tremenda Corte, no pasaría de ser una humorada, pero es una realidad.

Una realidad que deriva precisamente de que no hay una división de poderes con suficientes autonomías para que cada quien juegue escrupulosamente el papel que le toca. Entonces, lo que funciona es toda una red de complicidades en que las consignas y las conveniencias del momento se sobreponen a un sistema de justicia penal de calidad. Dos cosas habría que añadir: González Nicolás recrimina, directa o indirectamente, que el asunto Salvárcar es una herencia y con largueza hasta se deja ir en contra de la Suprema Corte, pero no vemos por ningún lado que al hablar de esa herencia haya acciones específicas fincando responsabilidades a quienes legaron lo que él cuestiona, entre otras razones porque esta fábula habla de él. A lo que agrego que en el sistema de excusas obligadas que debieran operar en estos casos, está diseñado de tal manera que se convierte en un intocable. Lo que quiero decir es que cuando él dejó de jugar el rol de defensor para convertirse en fiscal en el mismo asunto, al menos debió haber puesto a consideración no conocer del asunto. A mi juicio, debió haberlo hecho, mínimo para establecer fronteras en los quehaceres, pero para él fue cosa menor, porque probablemente él sea un convencido de que en este país se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada, por el arraigo tan profundo que tiene la impunidad. En México y en Chihuahua está claro que el Derecho no se escribe con mayúscula.

No puedo dejar de consignar aquí lo que circula en la prensa: hubo un agente del Ministerio Público que solicitó el sobreseimiento de la causa penal que se seguía contra Israel Arzate, precisamente porque estaba en prisión con base en una prueba obtenida a través de la tortura, una prueba ilícita; y el que primero actuó como defensor y que seguramente pensó en este desenlace, ya en su calidad de fiscal torció la ley para que ese agente de la fiscalía se desistiera de tal solicitud. El fiscal se había tornado, simple y llanamente, en un esquizoide inquisidor.

La SCJN, cuando amparó a Arzate le enmendó la plana al gobierno de Chihuahua, a su Defensoría Pública, a su Fiscalía y a su Poder Judicial, y atrás de estos remedos de instituciones están personas con nombre y apellidos que siguen percibiendo sus sueldos, gozan de privilegios y se cubren con el manto de la impunidad. Si González Nicolás quisiera jugar en ambas pistas porque el Derecho vigente lo permite –a mi juicio tampoco es así–, cuando menos debiera estar demostrando con otros actos que está corrigiendo lo que se hizo mal. No espero que lo haga, como tampoco creo que vaya a presentar su renuncia como debiera ser por ocupar cargos totalmente incompatibles.

Mientras esto sucede, César Duarte nos viene con la canción de que hay que cambiar la percepción que se tiene de la justicia. En otras palabras, se adhiere a la tesis de que ser es ser percibido, desentendiéndose de modificar lo fundamental, la carne misma del tema o su esencia, si queremos una categoría más precisa. Pero no solo, el drama va más allá: se han dictado resoluciones contrarias a la libertad de los justiciables que han sido torturados, y se pueden dictar otras en las mismas circunstancias y los jueces y magistrados que hacen eso duermen tranquilos. Para ellos eso se hace por la mañana y se olvida por la tarde. En tierras de la impunidad todo es factible. Aquí la justicia sí es una farsa. Y cuando es necesario sus operadores desdoblan sus personalidad para jugar el rol de la conveniencia y las circunstancias. Toda una enfermedad.

*Jaime García Chávez. Abogado, político, escritor y periodista chihuahuense. Visita su Blog: http://jaimegarciachavez.mx/