El ciudadano y su representación política
Las reformas energética, fiscal y político electoral, cuyos destinos se encuentran en manos de los legisladores, reclaman un amplio debate y al mismo tiempo acelerar el paso. México es hoy una democracia en vías de consolidación y requiere de una activa política reformista que permita modificar estructuralmente nuestro sistema de gobierno.
Isidro H. Cisneros/A los Cuatro Vientos
De los grandes cambios políticos que se esperan, destaca la posibilidad de transformar nuestro sistema presidencialista en un sentido que garantice una mayor representatividad y pluralismo, así como una competencia equitativa y confiable. Los parámetros del nuevo sistema estarían articulados por una autoridad y legislación electoral única, la reelección de los legisladores, la segunda vuelta en la elección presidencial, una ley de partidos políticos y que el rebase de los gastos de campaña sea sancionado con la cancelación de la candidatura o con la nulidad de la elección, entre otros temas que aún se debaten.
En momentos como el actual, es que cobra importancia la representación política como el atributo más relevante de la democracia. El Congreso de la Unión es la estructura institucional a través de la cual la representación política se constituye en el eje central de la democratización, identificándose con el binomio: elecciones competidas y producción legislativa. La representación política se refiere a una relación que presupone la existencia de un representante y un representado, de un elegido y un elector, como los dos polos de la política democrática. La “representación popular” implica que se confiere autoridad al representante, quien adquiere una responsabilidad en el interés de quienes no pueden actuar personalmente.
Entre las “promesas no mantenidas” de la democracia moderna, Norberto Bobbio indicó la anomalía de sustituir la representación política por la representación de los intereses, haciendo visible la diferencia entre los ideales democráticos y la democracia real. Es decir, la distancia entre las aspiraciones por una sociedad participativa y la calidad de la representación. El filósofo italiano sostiene que la democracia nació de una concepción individualista de la sociedad, según la cual toda forma de comunidad, especialmente la sociedad política, es un producto artificial de la voluntad de las personas. Es el individuo soberano que, al ponerse de acuerdo con otros individuos igualmente soberanos, crea al Estado. La clásica doctrina democrática lo concibió como un ente sin cuerpos intermedios, para distinguirlo de la sociedad corporativa típica del Medioevo y de las monarquías absolutas. Un Estado en el que “entre el pueblo soberano, compuesto por muchos individuos (un voto por cabeza) y sus representantes, no existiesen las sociedades particulares”. Contrariamente a lo postulado por el ideal democrático, lo que ha venido sucediendo en las sociedades contemporáneas es exactamente lo opuesto: los grupos de interés, que por definición persiguen objetivos particulares, se han vuelto cada vez más, los sujetos relevantes de la política. En la sociedad pluralista no son los individuos, sino los grupos los protagonistas de la vida política. La realidad mexicana es la de una sociedad centrífuga, que no tiene un solo centro de poder, sino muchos, y que ha formado un sistema policéntrico o poliárquico, por lo que la sociedad real que subyace a nuestro gobierno es pluralista y esto es irreversible.
Sin embargo, este conjunto de transformaciones no ha logrado producir una representación política de calidad y eficaz, abandonando la representación facciosa, pasiva y poco colaborativa, alejada de las necesidades ciudadanas. La alternancia y la distribución del poder que permite el desarrollo de la democracia en nuestro país, requiere de un nuevo modelo representativo en donde el legislador-representante, al haber sido llamado a velar por los intereses de la nación, no pueda estar sometido a un mandato obligatorio basado en la disciplina de partido o en los intereses particulares. Por el contrario, el mandato libre, expresión incuestionable de la soberanía, debe caracterizar a los integrantes de nuestro Poder Legislativo. La defensa de la representación política siempre ha encontrado seguidores entre los partidarios de la democracia, quienes se oponen a transformarla en representación de los intereses privados. Los representantes expresan la voluntad ciudadana de participar en la formación de las leyes, ejercer el poder y dar cabida a los intereses generales de la sociedad.
La democracia se refuerza y desarrolla en la medida en que logra extender sus reglas a otros ámbitos que anteriormente no estaban bajo su influencia. El Estado de Derecho se realiza plenamente cuando logra hacer visibles, y por lo tanto, en alguna medida, controlables, los intereses particulares. Los legisladores contribuyen a legitimar al sistema democrático no solo porque interpretan la “voluntad general” originaria, sino porque integran un espacio institucional de toma de decisiones socialmente vinculantes, como un sistema abierto y plural. Debemos revertir la vieja inercia de nuestro sistema político que hacía depender la función legislativa del Poder Ejecutivo. Los diputados y senadores están llamados a ejercer una función decisiva en el momento actual de México. Ha llegado la hora del Poder Legislativo.
*Isidro H. Cisneros. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Ex Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (isidroh.cisneros@gmail.com Twitter: @isidrohcisneros) agitadoresdeideas.blogspot.mx