El bonillismo se infiltra en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y lo hace a través de un “odiador” de la izquierda

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El bonillismo ya se instaló en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y una de las aspirantes más fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador a sucederlo en 2024.

 

Captura de pantalla.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: Amador y la demagogia ideológica y mediática (Facebook).

 

Ensenada, B.C., México, sábado 2 de julio del 2024.- Y lo hizo a través de uno de los dos baluartes que el expresidente Carlos Salinas de Gortari usó en 1991para destruir el material electoral de la polémica elección federal de 1988: Amador Rodríguez Lozano.

El otro instrumento del salinismo fue el panista Diego Fernández de Cevallos, quien por su protagonismo político acapara para sí toda la responsabilidad de aquella vergonzosa hazaña, ocultando el papel que en la trama legislativa ejecutaron Rodríguez Lozano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para quemar las boletas usadas en 1988.

Rodríguez, primero y por el PRI, y Fernández después, por el Partido Acción Nacional, usaron la tribuna de la Cámara de Diputados, en la LV legislatura (1991 – 1994), para solicitar la destrucción de todo el material electoral presidencial de 1988, lo que provocó el repudio de los 41 legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre ellos Alejandro Encinas, actual subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos; Salomón Jara Cruz, actual gobernador electo de Oaxaca; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, coordinador estatal de Veracruz; René Bejarano Martínez  y el hoy senador michoacano Cristóbal Arias Solís.

Hasta las 14:30 horas de hoy, ninguno de esos políticos se ha pronunciado por la designación de Rodríguez Lozano en el gobierno de la Ciudad de México, quien omitió el más elemental análisis de la actuación política del nuevo funcionario, para disponer que quien fue Secretario General de Gobierno en la administración de Jaime Bonilla Valdez -2019 a 2021- despache como titular de la naciente oficina de Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales.

Rodríguez Lozano es Licenciado en Derecho por la UNAM. Es además un político camaleónico que en su página virtual oficial se presenta como “Académico, intelectual y jurísta (…) Una persona con valores y principios bien definidos que me han permitido tener y mantener excelentes amistades. Mi mayor orgullo y motor en esta vida es mi familia”.

El despegue de su carrera política lo hizo al amparo del PRI, del cual obtuvo puestos en el Senado y la Cámara federal de Diputado dos veces. En 2001 buscó la candidatura de su partido a la gubernatura de Baja California; no la obtuvo y abandonó al instituto. Fracasó en dos intentos más por obtener cargos de elección popular en Baja California, entre ellos otra vez la gubernatura postulado por el Partido del Trabajo (PT).

A partir del 2006 hizo carrera política en Chiapas en donde obtuvo el nombramiento de Coordinador General del Gabinete Político y de Seguridad del gobierno de Juan Sabines Guerrero.

 

En Chiapas, Amador siguió siendo noticia incluso cuando ya era funcionario en el gobierno de Bonilla (Captura de pantalla portal del IAP.Chiapas, el martes 5 de noviembre del 2019).

 

Ahí también fue Ministro de Justicia del estado y Presidente del Instituto de Administración Pública en el gobierno del actual senador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista (PVEM). Este último cargo no lo abandonó para apoyar a Jaime Bonilla en su campaña a la Senaduría, ni cuando el morenista buscó la gubernatura; y lo siguió ejerciendo aún cuando era funcionario en Baja California, tal y como lo confirmó en su momento 4 Vientos.

En 2013 fue coordinador general de la campaña del también expriista Fernando Castro Trenti a la gubernatura de Baja California, la cual fracasó. Desde entonces mantiene una excelente relación con Castro, actual jefe de asesores del ex senador y presidente nacional del Partido Morena, Mario Delgado Carrillo, uno de los principales impulsores políticos de la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ya en el gobierno de Jaime Bonilla, Rodríguez Lozano y el abogado constitucionalista Juan Guillermo Ruíz Hernández, ex fiscal general local, crearon e impulsaron la fracasada “Ley Bonilla” que buscaba prolongar de 2 a 5 años el gobierno de Bonilla Valdez y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó inconstitucional.

Antes, a escasas semanas de haber iniciado la administración de Bonilla, Amador Rodríguez se involucró en un escándalo de corrupción al que se llamó “Los Moches”, el cual consistió en el cobro de más de 20 millones de pesos en sobornos a empresas a cambio de contratos públicos en la operación de los Centros de Reinserción Social del Estado. Todos los funcionarios involucrados en el caso quedaron impunes.

Posteriormente, en junio y julio del 2020, Amador Rodríguez se reunió con los diputados locales de Morena y los presidentes municipales del mismo patrtido, para exigirles su apoyo a otra iniciativa legislativa creada por él y Guillermo Ruiz: la llamada “Ley Bonilla 2”, por medio de la cual se reduciría a 3 años el periodo del próximo gobernador del estado.

Su plática con la presidente municipal de Tecate, Zulema Adams Pereyra, terminó en acusaciones de la edil en contra del secretario de gobierno por intimidación, amenazas y hostigamiento político que involucró a Jaime Bonilla. El escándalo fue del conocimiento de la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, del presidente Andrés Manuel López Obrador y del entonces presidente interino de Morena, Alfonso Ramirez Cuellar. No hubo sanción en su contra.

También provocó que 24 integrantes del Consejo Político Estatal de Morena, incluido su entonces Presidente Rafael Figueroa Sánchez, publicaran una carta abierta en donde rechazaron “enérgicamente” el uso del poder político como instrumento de intimidación y para coartar la libertad de cualquier ciudadano, miembro del partido o representante popular, en la toma de decisiones en sus esferas de competencia.

 

Bonilla, Rodríguez y su víctima, Zulema Adams (Facebook).

 

En obvia relación a la confrontación de Bonilla y Rodríguez con Zulema Adams, los consejeros también objetaron el uso de expresiones misóginas para referirse a compañeras de su partido “con el único propósito de desautorizar sus puntos de vista”, por lo que otorgaron su “solidaridad incondicional” a todas las morenistas que han sido objeto de violencia política en Baja California.

Y también condenaron “enérgicamente” el uso por parte de funcionarios públicos emanados de Morena, de “prácticas políticas viciadas y corruptas que caracterizaron a la política del antiguo régimen autoritario y que contradicen claramente los principios éticos” de su partido.

Días antes, el 5 de febrero de 2020, la presidente municipal de Playas de Rosarito (Hilda Araceli Brown Figueredo, reelecta en el cargo) acusó a Rodríguez de tratar de dividir al gremio de transportistas de Baja California con el objetivo de disminuir los intentos de ella y otros ediles para evitar la desmunicipalización del servicio de transporte público y la movilidad urbana.

 

“No puedo concebir cómo el Secretario General de Gobierno se ha negado al diálogo y a entablar negociaciones claras con los transportistas, reuniéndose con un grupo aquí y otro grupo allá, utilizando la táctica de ‘divide y vencerás’, para luego mentir y engañar al gobernador (Jaime Bonilla) asegurándole que todo lo tiene bajo control, cuando no es así”, indicó la edil en una reunión con transportistas en Tecate.

 

También reveló que tuvo fuertes discrepancias con Rodríguez Lozano por cuestión “de principios y congruencia ideológica” del secretario de Gobierno con el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso -afirmó Brown Figueredo- llegó un momento en que reclamó al funcionario estatal su ausencia en la campaña estatal por la gubernatura, el congreso y los municipios para pedir el voto ciudadano para Morena y sus candidatos.

“Y por lo tanto, él no puede hacer que yo defraude los valores y principios que yo he mantenido a lo largo de los años”, habría dicho la edil sin profundizar en qué fue lo Amador Rodríguez pidió violando esos principios.

 

El dúo dinámico, ya en el gobierno de la Ciudad de México (Facebook).

 

Meses después, el 7 de junio, la licenciada Magaly Ronquillo Palacios, Oficial 01 del Registro Civil del Estado en Tijuana, reclamó públicamente a Rodríguez Lozano haberla insultado por una presunta equivocación que se cometió en relación al ocultamiento del número de fallecimientos de pacientes contagiados con Covid en la entidad, pifia que se originó en un comunicado de prensa que emitió la Dirección de Registro Civil del Estado.

Un día antes, el secretario estatal de Gobierno habría dicho sobre el tema en una rueda de prensa virtual:

“Tenemos por desgracia, como siempre hay en estos casos, una oficial de Registro Civil, la 01 de Tijuana, que le gusta mucho declarar y que tiende a decir información, incluso hacer algunos comentarios subjetivos como: ‘no sé, pero puede que sea el doble’”.

Ronquillo Palacios respondió en sus redes sociales:

“Son totalmente falsos e innecesarios los comentarios y aseveraciones agresivas e impetuosas hacia mi persona, pues jamás he buscado a ningún medio para emitir declaraciones, ni es una de mis características el protagonismo personal”.

Explicó que hacía uso de su derecho de réplica “esperando no obtener represalias por este comentario emitido; aunque, a decir verdad, no me sorprendería. Pero hoy más que nunca NO debemos tener miedo”.

No obtuvo respuesta ni disculpa pública del ex priista.

Finalmente cabe destacar que, presumiblemente, Rodríguez Lozano forma parte de un grupo de exfuncionarios de Baja California -entre ellos Jaime Bonilla- que serán acusados de cometer ocho delitos en la construcción de una planta fotovoltaica de la transnacional británica Next Energy, en lo que la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la Fiscalía General del Estado (FGE) identifican como “un desfalco que casi le cuesta 12 mil millones de pesos” a Baja California, caso que será judicializado el próximo 15 de agosto.

 


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