El asalto al poder, desde el Congreso del Estado
El Congreso de Baja California, con una mayoría priísta orientada a la reconquista total del poder en el estado que permanece desde 1989 en manos del panismo gobernante, se ha convertido en la cámara de diputados más costosa del país.
Olga Alicia Aragón Castillo/ A los Cuatro Vientos*
En sólo dos años, a partir de diciembre de 2010, el Poder Legislativo se autorizó un incremento mayúsculo de 412 millones de pesos, aumentando su presupuesto de 249.6 millones a 661.6 millones de pesos.
Los diputados cerraron el año autorizándose en el último día del 2012 el más reciente aumento presupuestal: 50 millones de pesos para servicios personales del poder legislativo.
Este crecimiento en los recursos de la actual XX Legislatura, no tiene precedente en la historia de la entidad. Es casi cinco veces mayor, por mencionar un ejemplo aún cercano en el tiempo, al presupuesto de 143 millones que ejerció en 2005 la XVII Legislatura.
El Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) en el que participan -entre otros- los ex alcaldes de Mexicali Francisco Pérez Tejada Aguilera, Eduardo Martínez Palomera y Víctor Hermosillo Celada, así como los empresarios Federico Díaz y Fernando González junto con el diputado federal David Pérez Tejada, la doctora en ciencias de la educación Leonor Maldonado y la defensora de derechos humanos Rebeca Maltos, divulgó recientemente el resultado de su investigación, “Análisis del presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Baja California 2010-2013”, exigiendo a los diputados que expliquen las razones del millonario incremento e informen en qué se benefician los bajacalifornianos con el desmesurado gasto legislativo.
“Cada uno de los 25 diputados, que en 2010 tenía un costo anual de 10 millones de pesos, ahora cuesta al erario 26.5 millones”, concluyó el Observatorio, al interpretar los datos contenidos en los decretos del Periódico Oficial del Estado.
Y dejó al descubierto el inaudito crecimiento en la contratación de personal.
Si en 2010 el número de empleados del Congreso era de 328, en cuanto se instaló la actual Legislatura creció su personal a 658. En los hechos -enfatizó el ObserBC-, se duplicó de 13 a 26 la cantidad de empleados por cada legislador.
Otro dato, resultó igualmente revelador:
Con igual número de diputados, el Congreso de Coahuila tiene un presupuesto de 116.5 millones de pesos para 2013, mientras el de Baja California casi alcanza los 662 millones.
Los diputados más caros de México
La XX Legislatura del Congreso del Estado de BC, la más cara de la historia
De acuerdo con los decretos publicados en Periódicos Oficiales de los estados y la información de portales de transparencia de los Congresos locales, el Poder Legislativo bajacaliforniano es el más costoso de la República.
“Aunque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la que más dinero recibirá en 2013, con 1,472 millones 274 mil pesos, el Congreso de Baja California es la instancia legislativa más costosa en toda la República, pues al tener 25 legisladores, sus 661 millones 580 mil 536 pesos de presupuesto implican un costo por cada uno de 26 millones 463 mil pesos”, concluyó Leticia Robles en su investigación periodística publicada en Excelsior el pasado 18 de febrero.
Cinco estados de la República concentran la élite de los 153 diputados locales con mayores ingresos por dieta y compensaciones. Y en la cúspide de esa élite destacan por sus sueldazos los legisladores de tres entidades: Guanajuato, Sinaloa y Baja California, porque son los únicos que cobran dietas superiores a los cien mil pesos mensuales, acercándose a los 150 mil pesos que cobran los legisladores federales, aunque muy lejos aún de los 311 mil 444 pesos que ganan los senadores de la República con la suma total de dieta y otras prestaciones.
Los diputados mejor pagados son los 36 del Congreso de Guanajuato, con 138 mil 127 pesos mensuales; siguen los 40 del Congreso de Sinaloa, con 132 mil 769.24 pesos y en tercer lugar los 25 de Baja California, con 111 mil 872 pesos mensuales.
Los “pobres” del país son los diputados de Nayarit (31 mil 700 pesos), Tlaxcala (33 mil 535 pesos) y los de Chiapas, quienes este año redujeron su salario a la mitad, quedando en 35 mil 640 pesos al mes.
En cambio, los bajacalifornianos perciben ingresos muy superiores incluso a los legisladores del Distrito Federal, que ganan 68 mil 893, y a los de Nuevo León con dietas de 76 mil 440 pesos. Igual están por encima de los diputados de otros estados con características similares por el número de habitantes y la cantidad de diputados que integran sus respectivos congresos, como el caso de Chihuahua, donde ganan 57 mil 221 pesos mensuales o Sonora con 87 mil 189 pesos.
“¡No se vale que les valga!”
El Observatorio Ciudadano de BC ha puesto el dedo en la llaga: demanda reducir el presupuesto del Congreso Local
Entre las demandas que el Observatorio Ciudadano presentó al Congreso tras efectuar el análisis del cuantioso incremento presupuestal, destacó la exigencia de que reduzca los montos de su Presupuesto de Egresos del 2013 durante el Segundo Periodo Ordinario.
Un mes después de haber dado a conocer el estudio realizado, el ObserBC lanzó una iniciativa al ciberespacio, a través de “AVAAZ.org peticiones de la comunidad”, solicitando a los bajacalifornianos que se adhieran a la campaña “¡No se vale que les valga!” en la que plantea la pregunta: “¿Estás de acuerdo que los diputados gasten 412 millones de pesos más, cuando los municipios de BC se encuentran sin dinero para cumplir y brindar servicios tan básicos como mantener nuestras vialidades en buenas condiciones?”
Y hace un llamado para firmar la demanda concreta que enviará al Congreso Local:
“Reducir los montos del Presupuesto de Egresos del 2013 del Congreso de Baja California y, presentar el Presupuesto de Egresos 2013 en presupuesto ciudadano, explicando sencillamente y a detalle las cuentas y montos de gasto, difundiéndolo ampliamente ante la ciudadanía”.
Esta campaña se hace a través del siguiente enlace: http://www.avaaz.org/es/petition/Exigimos_Cuentas_Reduccion_del_Presupuesto_del_Congreso_de_Baja_California_2/?tMVkdab
Reacción inmediata
Rápida, aunque insuficiente, fue la respuesta en voz de la diputada Claudia Agatón Muñiz, presidenta de la Comisión de Comunicación de la XX Legislatura.
“No puede establecerse un costo de 24 millones de pesos por diputado porque el presupuesto sea de poco más de 600 millones; de la misma manera que tampoco podría decirse que el gobernador nos cuesta más de 30 mil millones de pesos al año”, dijo la legisladora del Partido del Trabajo, descalificando los argumentos del organismo ciudadano.
Adelantó, a grosso modo, la explicación oficial.
La diputada Claudia Agatón, del PT, respondió de inmediato a las críticas del ObserBC
“El Congreso del Estado está en proceso de transformación para convertirse en un instrumento del poder público más útil y eficaz para los ciudadanos”, dijo tras aseverar que los recursos presupuestales se han destinado a reformar la estructura orgánica del Poder Legislativo “para dotarlo de herramientas e instrumentos eficaces a la altura de los mejores del país y del mundo”.
Explicó:
“En esta tarea de profesionalización, desapareció la Oficialía Mayor y en su lugar se creó la Secretaría de Servicios Administrativos; se creó la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Dirección de Consultoría Legislativa y se crearon dos Institutos; el de Estudios de Opinión Ciudadana, y el de Estudios Legislativos”
Víctor Alarcón Requejo, quien desde el pasado 20 de febrero funge como Director General de Comunicación Social del Congreso del Estado, en entrevista con esta periodista y con Javier Cruz para el noticiero radiofónico Voces, anunció que en breve la Dirección de Comunicación Social del Congreso de Baja California emprenderá acciones sólidas para transparentar el quehacer legislativo estatal, profundizar en la información que da sustento a las iniciativas, acuerdos, dictámenes y resoluciones de los diputados, además de avanzar en la efectiva rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos ejercidos por los representantes populares.
–El crecimiento de la nómina del Congreso se presenta fundamentalmente en la contratación de asesores. Existen más de cien asesores que, en opinión de algunos ex diputados locales, en realidad son “aviadores”. ¿Qué dice el Congreso al respecto?
“Este nuevo personal está en dos institutos nuevos creados dentro de la reorganización del Congreso. Se trata de una plataforma jurídica, legislativa, de estudios de opinión pública, de transparencia y rendición de cuentas con la que ahora cuenta la cámara de diputados”.
Víctor Alarcón Requejo, nuevo director de Comunicación Social del Congreso del Estado, frente al reto de transparentar la información.
Víctor Alarcón dijo, citando al Secretario de Servicios Administrativos, Hilario de la Torre Pérez, que el crecimiento en la estructura de servicios del Congreso se debe a la creación de figuras nuevas “para estar más cerca de los ciudadanos y escucharlos”. Por ejemplo, indicó, se creó el Instituto de Opinión Pública y Estudios Legislativos, para que los diputados legislen conociendo con precisión qué está demandado la gente y sustenten mejor sus iniciativas”.
–¿Este instituto ya ha realizado algún trabajo o tiene algún diagnóstico elaborado?
“Seguramente sí. Yo acabo de llegar al Congreso, pero me comprometo a documentar e informar a la brevedad sobre este tema”.
–El Observatorio Ciudadano demanda saber en qué se han gastado el dinero los diputados en qué beneficia a los bajacalifornianos el impactante aumento del presupuesto legislativo ¿Darán respuesta formal a esta organización?
“¡Claro! El Congreso responderá ampliamente al Observatorio Ciudadano de Baja California”, dijo Alarcón, pero respecto a los beneficios que obtendrá la sociedad, advirtió: “los resultados no los vamos a ver en lo cortito, sino a mediano plazo”.
¿Asesores o “aviadores”?
El crecimiento en la plantilla del personal del Congreso es tremendo. De acuerdo con la información oficial contenida en el portal de transparencia, sólo en la categoría de “asesores” se ha contratado a 110 personas, sin contar a los analistas y técnicos.
Exlegisladores locales entrevistados para este reportaje y que pidieron omitir sus nombres, aseguran que la inmensa mayoría de los asesores son “aviadores”, es decir, cobran un sueldo sin realizar el trabajo para el que supuestamente fueron contratados.
Además, indicaron, no se conocen los perfiles profesionales de las personas contratadas, como tampoco se definen las funciones que habrán de desempeñar ni las formas de evaluación de su desempeño.
“En el mejor de los casos –observó un exdiputado-, se trata de personas que cobran en el Congreso pero en realidad trabajan en equipos políticos y partidista que impulsan la candidatura de Fernando Castro Trenti al gobierno del estado”.
–Si ese es el mejor de los casos ¿cuál es el peor?
–Que ni siquiera sean “aviadores”, sino simplemente prestanombres de otros que se quedan con esos sueldos.
–¿A qué destinan el dinero? ¿Están creando una bolsa o fondo para la campaña electoral?
–No lo sé. Pero es posible que ya la hayan creado; estamos hablando de muchísimo dinero que no sabemos a dónde va a dar.
Y reflexionó así:
“Basta con hacer números y nos damos cuenta que la clave de este asunto ni siquiera está en los asesores, porque aun suponiendo que hayan contratado a cien y que en promedio se les pague 50 mil pesos (aunque en realidad el promedio es inferior), el total arrojaría 5 millones de pesos al año, pero estamos hablando de un incremento de 50 millones específicamente para servicios personales y de un presupuesto total de más de 661 millones”.
Hizo una comparación.
En Ensenada, las calles en condiciones desastrosas.
“La magnitud del gasto del Congreso, puede imaginarla un ensenadense si considera que equivale al 60 por ciento del presupuesto del Gobierno Municipal. La cuestión es que el Ayuntamiento debe destinar el dinero a bachear calles, garantizar la recolección de basura, pagar sueldos de 800 policías y sostener una plantilla de 2 mil 700 empleados, pero la sociedad desconoce cómo y en qué se gastan los legisladores su megapresupuesto”
Lo peor, concluyó, es que aún contando con enormes recursos económicos, como nunca antes en su historia, y con una fuerte mayoría parlamentaria y con aliados fieles de la “oposición” y con todos los gobiernos municipales de su lado, el PRI no ha hecho nada en el Congreso, ni una sola reforma o ley sustantiva. ¡nada!, cuando pudo hasta cambiarle el nombre al estado si hubiese querido.
Nombres y nombres… botón de muestra
Entre los 110 asesores que aparecen en la plantilla de personal del Congreso del Estado, con sueldos de 8 mil a 80 mil pesos (aunque algunos empleados del Poder Legislativo comentan que ganan un 20 a 30 por ciento más de la cifra indicada en el portal de transparencia), destacan los familiares de los mismos diputados, así como los dirigentes y activistas políticos que de manera encubierta o abiertamente impulsan la candidatura de Castro Trenti, postulado por la alianza electoral del PRI, el PT, el PVEM y el Partido Encuentro Social (PES).
“Cualquiera puede constatar que a muchos de esos “asesores” jamás se les encuentra en el Congreso o en cualquier lugar del estado desarrollando actividades del poder legislativo, pero sin duda se les encontrará en las casas de campaña, en las oficinas del PRI o directamente en los equipos de apoyo del precandidato”, comentaron los exdiputados priístas.
En la lista de “asesores” del Congreso se encuentra, por ejemplo, Alejandro René Molina Torres, quien cobra 80 mil 221 pesos como contralor interno, pero a la vez es el coordinador de agenda de Castro Trenti.
Osias Gibrán Ruiz Durazo, gana 16 mil 461.59 pesos como asesor de la Junta de Coordinación Política (JCP), pero ejerce de tiempo completo su actividad partidista. Es Secretario de Acción Electoral del Comité Municipal de Ensenada.
“Pancho también cobra en el Congreso, pero es de los más activos en el equipo de campaña de Fernando”, comentó otro priísta, en alusión a Francisco Domínguez García, quien detenta el cargo de Coordinador de Directores del Congreso, con un sueldo de 77 mil 169 pesos. “Pancho será el próximo dirigente estatal del PRI, por sus servicios en campaña”, vaticinó nuestro entrevistado. Se equivocó. El liderazgo recayó en la diputada Nancy Sánchez Arredondo, quien también tiene grandes méritos en campaña.
Dip Nancy Sánchez Arredondo con el precandidato del PRI a gobernador del Estado, Fernando Castro Trenti.
La diputada Sánchez Arredondo definió prioridades. En su primer discurso oficial como presidente del PRI estatal arengó así a sus correligionarios:
“La etapa que sigue requiere que hombro con hombro ¡todos incluidos!, ganemos en cada barrio, en cada distrito, cada sección de nuestras ciudades y municipios desde las zonas urbanas más recónditas, hasta los ejidos y rancherías más alejadas; desde la frontera al norte hasta el Paralelo 28 de nuestro estado; desde las costas del Pacífico e Isla de Cedro hasta las playas del nuestro bello Mar de Cortés (…) ¡Es momento de que seamos la fuerza transformadora que haga historia, pues Baja California lo merece!”
Pavel Murillo Frías también figura como asesor del PRI en la JCP del Congreso, con un sueldo de 39 mil 539 pesos. Sin embargo, como líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares invierte su tiempo y talento en la campaña de su candidato a gobernador. Y ahora Murillo es, además, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ensenada, en sustitución de Iván Barbosa Ochoa, quien prepara su candidatura a síndico procurador en la planilla de Gilberto Hirata Chico.
A propósito de la CNOP, el líder estatal del sector popular del PRI y exdiputado local, Enrique Acosta Fregoso, también tiene en el Congreso a sus parientes directos: Enrique Acosta García, Álvaro Acosta Escamilla y Pamela Angélica Acosta Fregoso, ganan sueldos de “asesores” de 10 mil y 18 mil pesos.
Engrosa esta lista de “asesores”, mucha parentela de diputados.
Laurencio Dado Alatorre, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, tiene en la nómina a su hijo Daniel Dado Verdugo, como asesor de la JCP, ganando 18 mil 559 pesos y a Nancy Darlén Dado Zavala, como asesora de Reforma del Estado Segunda, con sueldo igual.
Desde la presidencia de Desarrollo Social, el diputado Laurencio Dado ha organizado grandes concentraciones en favor de Castro Trenti, como las multitudinarias celebraciones navideñas realizadas en Tijuana, con la asistencia de 10 mil personas, y el convivio navideño de Ensenada, convocado por el líder de parlamentario del PRI, Julio Felipe García, con 7 mil asistentes.
Castro Trenti obsequiando regalos en Navidad a los bajacalifornianos en diciembre 2012
En ambos actos “navideños”, el invitado especial fue el entonces todavía diputado federal Castro Trenti, quien acompañó a los legisladores locales en el reparto de miles de vales para uniformes escolares, miles de pares de zapatos, cobijas, comida y regalos como bicicletas, televisores, refrigeradores, estufas, patines, videojuegos, planchas, vajillas y sartenes, además de juguetes.
La diputada Elisa Rosana Soto Agüero, también tiene en el Congreso a una hermana. Edna Soto Agüero, es secretaria técnica, con un sueldo de 31 mil 539 pesos.
Fausto Zárate Zepeda, diputado presidente de Asuntos Fronterizos, tiene a un par de sobrinos en la nómina legislativa. Raúl Zárate Chávez, con un sueldo menor de 7 mil pesos y Alejandro Manuel Zárate Sahagún, con 30 mil 863 pesos como bibliotecario. Los Zárates se distinguen por su activa participación en la campaña de Castro Trenti.
Hasta un hermano del ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera está en la nómina del Congreso, como asesor de la JCP, se trata de Edgardo Leyva, quien percibe un sueldo oficial de 15 mil 202 pesos.
Y no hay signo político que escape. El perredista Abraham Correa Acevedo, figura como asesor del PRD con un sueldo de 8 mil 405 pesos, suficiente para conservarse, al menos, como derechohabiente del Issstecali.
Más negro que la noche
A pesar de que el Congreso del Estado se jacta de grandes avances en materia de transparencia, existe más que opacidad, y su propio portal de transparencia es vivo ejemplo de ello.
En la plantilla de personal publicada en el portal, figuran nombres de personas que es de suponerse, ya no forman parte de la nómina del Congreso, aunque la página de transparencia, dice que la información está actualizada al 23 de enero del presente año.
Gilberto Hirata Chico, por mencionar el caso más notorio, aparece como Secretario de Servicios Administrativos, con un sueldo de 102 mil 724 pesos, porque no fue dado de baja en la plantilla de personal ni cuando era ya diputado federal, ni ahora que bajo licencia de su cargo contiende por la Presidencia Municipal de Ensenada.
“Se trata de un error, es obvio; vamos a corregirlo de inmediato”, dijo Víctor Alarcón. Con hechos como este, el nuevo funcionario del poder legislativo se está dando idea del rezago e irregularidades que existen en el Congreso en materia de Transparencia y de Comunicación Social.
Respecto a Hirata, quien supuestamente renunció a su cargo en el Congreso para presidir la Fundación Colosio y preparar su campaña para la diputación federal, aseguran nuestras fuentes que, antes de ganar la elección, durante un tiempo siguió cobrando su sueldo y ejerciendo recursos del Congreso local, por lo que al desaparecer la Oficialía Mayor y crearse la Secretaría de Servicios Administrativos, en los hechos se duplicó el gasto en esta área.
Otro “error”: el actual subprocurador de Derechos Humanos, Arturo Ruiz Contreras, sigue apareciendo en la plantilla de personal del Congreso con sueldo de 24 mil 854 pesos, como “asistente operativo”.
Incluso el director de Reportaje, Néstor Cruz Tijerina, aún figura en ese listado, como “auxiliar” del Congreso siendo que, según comentó, desde el pasado 10 de agosto presentó su formal renuncia.
El “markentin” del Congreso
Aristo Manrique Moreno se unió en febrero de 2011 a Fuerza BC
Paradójico, por decir lo menos, es el caso de Ariosto Manrique Moreno, quien aparece simplemente como “Director” del Congreso, con un sueldo de 77 mil 418 pesos, a pesar de que supuestamente ya no está en la nómina del poder legislativo.
Manrique fue removido el 17 de enero de 2012 del cargo de Director del Instituto de Estudios de Opinión Pública, cuando de nueva cuenta los legisladores reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo para desaparecer este organismo que ellos mismos habían creado un año antes y fusionarlo con el Instituto de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas del Estado en una nueva figura: el Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales que ahora dirige Omar Contreras Borbón.
“La intención es crear una instancia que traduzca las propuestas ciudadanas en reformas legales, acercar el Congreso a la gente”, dijo Contreras al asumir el cargo tras la remoción de Manrique.
Ariosto Manrique había sido propuesto el 14 de febrero de 2011, por unanimidad de la JCP y ratificado por el pleno legislativo el primero de junio del mismo año, como titular del hoy desaparecido Instituto de Estudios sobre la Opinión Pública.
El joven Ariosto es especialista en mercadotecnia y presidente de dos empresas: Testa Marketing S.A. de C.V. y “MuchosFans.com” especializada, según se anuncia en internet “en envío masivo de email, administración de correos electrónicos y administración de redes sociales a través de aplicaciones con más demanda, como twitter, Facebook y youtube para hacer crecer tu negocio y promover tu producto o servicio”.
La Junta de Coordinación Política consideró “idóneo” al empresario en mercadotecnia para dirigir el Instituto de Estudios sobre la Opinión Pública, “por su vasta experiencia profesional, compromiso social, formación académica, intelectual y laboral”.
Manrique Moreno, además de realizar envíos masivos de email y administrar redes sociales para hacer crecer negocios, también ha trabajado en materia de mercadotecnia y comunicación social en campañas políticas como la de Hugo Torres por el PRI para la Alcaldía de Rosarito; Jorge Astiazarán, por el PRI para la Alcaldía de Tijuana; Gastón Luken Garza por el PAN a diputado federal por el Distrito 05, así como en campañas panistas en Zacatecas y Baja California Sur.
Durante el año en que se desempeñó en el Congreso como director del Instituto de Estudios de la Opinión Pública, impulsó a la organización “Fuerza Baja California” (Fuerza BC) que sirvió de plataforma de lanzamiento de la precandidatura de Castro Trenti.
¿Opaco? ¡Oscurísimo!
¿Y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado?…Ah, el Orfis está bajo la conducción del exalcalde ensenadense Manuel Montenegro Espinoza.
Manuel Montenegro en su toma de protesta como auditor del Orfis
En abril de 2012, al arranque de la contienda electoral por la presidencia de la República, Montenegro fue categórico al aseverar que vigilaría celosamente los recursos del erario.
“Ni un sólo centavo del dinero de los bajacalifornianos deberá usarse para el beneficio de ningún candidato, es momento de que en nuestro estado exista una transparencia intachable en el uso de recursos públicos y garantizar que, si se detectan irregularidades, el Órgano de Fiscalización del Estado será el facilitador para castigar a quien se atreva a usar esos recursos en beneficio de algún particular”, señaló Montenegro.
Ahora, el silencio lo define.
El más reciente estudio sobre el Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2011 (ITDIF), publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que Baja California se encuentra entre los peores lugares a nivel naciional.
Baja California, que tenía el 11 lugar en transparencia y acceso a la información pública, retrocedió al lugar número 24 en el total de 32 estados que integran la República.
A nivel nacional fue drástica la caída en el Índice de Transparencia, ya que en 2010 el país calificaba con 77.5, pero para el 2011 ya había retrocedido al 72.72;. Sin embargo, entre las peores puntuaciones destaca Baja California, lo que significa que carece de información fiscal disponible en línea o que ésta es poco clara. En suma, hora se maneja con mayor opacidad fiscal.
A pesar de las deficiencias en la información publicada a través de la página de transparencia del Gobierno del Estado, se ha logrado detectar que también en el Poder Ejecutivo existe una cantidad excesiva de asesores que viven del erario estatal..
Hace dos años, el 24 de febrero de 2011, se reveló el dato en diversos medios periodísticos: 1,609 asesores aparecen en la nómina del estado y cuestan al erario 448 millones 843 mil pesos al año
Y tal como sucede en el Congreso local, en la mayoría de los casos, muchos de esos asesores ganan sueldazos insultantes, incluso superiores a los 80 mil pesos mensuales de los subsecretarios de diversas dependencias.
El economista y sociólogo Benedicto Ruiz Vargas declaró entonces al periódico Frontera que las “asesorías” y “coordinaciones ejecutivas” son una figura imprecisa que se maneja discrecionalmente y en la mayoría de los casos no se requieren; es decir, puestos inventados que “bien podrían convertirse en un oasis para protegidos, simpatizantes políticos y funcionarios de otros niveles que se quedaron sin trabajo en otros cambios de administración (…) O bien, a los que se les paga a través de la nómina del Gobierno del Estado para fines partidistas”.
Erjnesto Villanueva, especialista en transparencia y acceso a la información pública.
Baja California es, sin duda, una de las entidades de la República con mayor opacidad en el manejo de su información pública, dijo también el doctor en Derecho y Comunicación Ernesto Villanueva, quien agregó: “existe un alto grado de tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.
Al presentar su libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, en el que analiza al tercio del país donde se registra el mayor número de crímenes de alto impacto, Villanueva comentó que en el proceso de investigación elaboró 485 solicitudes de información divididas en 34 indicadores a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República, así como a los Estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y a las respectivas Secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías de Justicia de las entidades mencionadas.
En el caso de Baja California, dijo el investigador académico, el secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa Anaya, se negó sistemáticamente a entregar la información solicitada en materia de rendición de cuentas de la SSP; administración y mantenimiento de la institución; certificación en materia de Seguridad Pública; organización de la SSP; Recursos humanos de la institución; ingreso, reclutamiento y selección de personal de la institución; acuerdos o convenios interinstitucionales e información pública; protocolos de comando; Asuntos Internos; servicios de inspección; investigación criminal; asistencia de víctimas y testigos; delitos contra la salud y delincuencia organizada; operaciones juveniles; prevención de delitos; reportes centrales o internos y Derechos Humanos.
México está muy lejos de los primeros lugares en el mundo en el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas. Y Baja California está aún peor, concluyó Ernesto Villanueva.
Mientras países como Finlandia, Nueva Zelanda y Singapur, ocupan los tres primeros sitios con una calificación de 9.3, en una escala de 10, lo que indica percepción de bajos niveles de corrupción, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción en el Sector Público, efectuado por el organismo Transparencia Internacional realizada en 178 países, México ocupó el lugar 98, con una calificación de 3.1 en el año 2010, cercano a Somalia que con un puntaje de 1.1, ocupa el último puesto.
Esperando la respuesta
El Observatorio Ciudadano de Baja California presentó al Congreso del Estado seis peticiones puntuales:
1. Aprobar una reducción de los montos del Presupuesto de Egresos del 2013 destinado al Congreso local durante el Segundo Periodo Ordinario.
2. Presentar el Presupuesto de Egresos 2013 en presupuesto ciudadano, explicando sencillamente y a detalle las cuentas y montos de gasto, difundiéndolo ampliamente ante la ciudadanía.
3. Legislar para que la gestión administrativa del Congreso del Estado sea auditada por profesionales independientes.
4. Legislar para que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) sea constitucionalmente autónomo.
5. Concentrar todos los ingresos que reciben los diputados en el concepto de Dieta, esto de acuerdo al artículo 18º inciso sexto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
6. Que los diputados y demás servidores públicos, que prestan sus servicios en el Congreso del Estado, paguen impuestos sobre todos los ingresos que perciban mensualmente.
No escapa a los políticos bajacalifornianos el hecho de que es el presidente del ObserBC es Eduardo Martínez Palomera, ex alcalde de Mexicali, amigo de Jorge Hank Rhon y también ex aspirante priísta a la gubernatura de Baja California que abiertamente se opuso a la candidatura “de unidad” a favor de Fernando Castro Trenti.
Sin embargo, más allá de la guerra intestina por el poder, el Observatorio Ciudadano ha puesto el dedo en la llaga, al denunciar los descomunales aumentos al presupuesto del Congreso del Estado dominado por una mayoría priísta que decididamente ha trabajado junto con sus aliados electorales por abrirse paso hacia la conquista total del poder.
Un comentario en "El asalto al poder, desde el Congreso del Estado"