El agua, tratada o desalinizada, pero siempre privatizada, el gran negocio en BC

Comparte en redes sociales

No es nuevo decir que el agua representa la oportunidad de hacer pingües negocios para personajes ligados comercial o familiarmente con funcionarios del gobierno de Baja California.

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos / Foto principal: La Jornada BC

Ensenada. B.C., a 20 de abril del 2018.- Pero el acueducto que transportará aguas tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe y la construcción de la desalinizadora en Playas de Rosarito, son ejemplos de cómo en los procesos de privatización de un servicio que deberían administrar los cinco ayuntamientos de Baja California, se imponen los proyectos desde el poder ejecutivo sin previamente socializarlos y sin temor a violar el Código Penal del Estado (Artículos 305 y 307) que castiga delitos en materia de Negociaciones Ilícitas y Tráfico de Influencias.

Todo ello para ganar jugosas comisiones, favorecer a familiares o amigos con concesiones y contratos de obra, o privilegiar a empresa transnacionales ligadas, mediante consorcios subsidiarios, a sociedades mercantiles mexicanas.

En el primer caso, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid confirmó la construcción del acueducto y con ello, al corto plazo, “triplicar la superficie de viñedos y garantizar las actividades turísticas” de una de las regiones más visitada de Baja California: el Valle de Guadalupe.

La obra arrancará con un costo estimado de mil 500 millones de pesos. Se realizará con recursos de la iniciativa privada y el proyecto, que este mes inició el proceso de licitación, no se socializará previo a su ejecución, quehacer común en la administración del panista Vega.

Al asistir al cambio de directiva en el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, el pasado 18 de abril, el mandatario dijo que, para garantizar la claridad y legalidad del acueducto, invitó a la organización civil Transparencia Mexicana, a que supervise la licitación y construcción del sistema hídrico que conducirá hasta mil litros por segundo de aguas tratadas en la planta La Morita, de la ciudad de Tijuana.

El costo de la obra para el consumidor, informó, será de poco más de 10 pesos por metro cúbico, precio que ya lo aceptó un grupo de  vitivinicultores al que no identificó, pero por información que A los 4 Vientos obtuvo de vitivinicultores de Guadalupe se sabe que lo encabeza el dueño del emporio “Vinos L.A. Cetto” -Luis Alberto Cetto- quien en México acapara la industria con mil 100 hectáreas de viñedos en Guadalupe, San Vicente, San Antonio de las Minas y Tecate, todos ellos en Baja California, donde produce 14 mil toneladas anuales de uva, a las cuales pronto sumará tres mil hectáreas que compró en la sobreexplotada cuenca hídrica El Sauz-Encinillas, cerca de la ciudad de Chihuahua.

Francisco Vega, un entusiasta promotor del sector vinícola desde que era diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012), en donde ocupó la presidencia de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid, tampoco detalló si la cuota por consumo del agua tratada impactará las tarifas que pagan las poco más de seis mil personas que radican en la región hídrica que conforman los valles de San Antonio de las Minas, Guadalupe y Calafia.

El anuncio, ante los empresarios de Ensenada (Foto. El Vigía).

La calidad es incertidumbre

Para el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, el agroempresario del valle de San Quintín Manuel Valladolid Seamanduras, presente en el acto empresarial, el proyecto y la licitación del acueducto garantizan y superan “los estándares más altos de calidad en el tema de aguas tratadas.”

El también ex presidente del influyente Consejo Agrícola de Baja California, que agrupa al menos 10 de las 50 agroempresas más poderosas de México, reveló que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana impulsó, en los últimos tres años, cultivos experimentales de viñedos utilizando aguas residuales (“agua morada”) de La Morita.

Este proyecto –dijo- lo supervisó el enólogo Camilo Magoni quien por 24 años (hasta 2014) trabajó para la mayor casa vinícola del país -L.A. Cetto-, para luego crear su propia compañía de vinos de mesa en Guadalupe y vender productos y servicios a su primer empleador: la española Casa Domecq que desde 1994 es propiedad del mega consorcio inglés Allied Lyons, fabricante –entre otras marcas- del whiskey “Chivas”.

Igualmente, afirmó Valladolid, contó con asistencia de la Comisión Estatal del Agua (CNC), el Instituto Tecnológico de Tijuana y el Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica (CIDETEQ) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

A los 4 Vientos consultó el 19 de abril por la noche, el informe actualizado del proyecto Uso Agrícola del Agua Residual, bajo responsabilidad de la doctora Mercedes Teresita Oropeza Guzmán, subdirectora de Ciencia y Tecnología del CIDETEQ, Subsede Tijuana.

Luego de aceptar que el centro de investigación firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para participar en el proyecto, el documento revela que la idea surgió cuando la paraestatal y el enólogo Camilo Magoni arrancan, en el año 2013, el plan “Evaluación de la calidad del agua de reuso de la Morita para la irrigación de viñedos.”

En el 2013, cabe destacar, el enólogo italiano continuaba al servicio de Vinos L.A. Cetto, familia con la tuvo una relación profesional y personal que data del año 1965, cuando llegó a México para incorporarse al proyecto que en aquella época, bajo la dirección de Luis Agustín Cetto, compró varios ranchos en el valle de Guadalupe “con la finalidad de mezclar las características de las diversas y ricas tierras del norte del país y lograr así elaborar los mejores vinos mexicanos”, según cuenta el consorcio en su página virtual.

El CIDETEQ subraya que gracias a su experiencia en tecnologías fisicoquímicas y biológicas para suelos contaminados con sustancias orgánicas e inorgánicas, participa en el proyecto con el estudio de las tres matrices que interaccionan en el viñedo experimental (Agua-vid-suelo), analizando las propiedades fisicoquímicas y relación entre estos tres principios en el riego de 800 plantas de la variedad Cabernet Sauvignon.

El informe de la institución científica que se presenta en su portal cibernético, no reporta los resultados de la indagación ni contiene conclusiones o recomendaciones.

Supervisión del viñedo experimental en La Morita (Foto: CIDETEQ)

Una historia similar ocurre con otro estudio técnico que en febrero de 2014 inició el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), que también depende del CONACYT.

La doctora en ciencias Zayre González Acevedo, investigadora del Departamento de Geología del centro de investigación, informó entonces que realizaría una indagación a partir de un proyecto de tesis de doctorado a nivel experimental, en el que se analizaría el efecto del riego de diversos tipos de aguas marginales en el suelo y la vid.

La idea era monitorear el crecimiento de la vid con el uso de aguas tratadas provenientes de las plantas de tratamiento El Naranjo y El Sauzal (Ensenada), La Morita (Tijuana) y La Bandera (Playas de Rosarito).

“Queremos comparar y contrastar las diferencias en el crecimiento de la planta con aguas tratadas y aguas provenientes de acuíferos locales, como los del Valle de Guadalupe, Ojos Negros y Santo Tomás,” explicó la doctora González Acevedo.

Para ello utilizaría una muestra representativa de plantas de vid -desde semilla hasta cierta madurez en troncos de la variedad Cabernet Sauvignon-, con el fin de analizar variables como el ciclo biogeoquímico del sodio, “dado que en la región se utiliza agua con grandes cantidades de sales disueltas, por lo que se revisará su efecto en el crecimiento de la vid, basándose en estudios previos que se han hecho a través de proyectos interinstitucionales.”

Al día de hoy tampoco se publican los resultados del estudio, pero González Acevedo alertó que el conocimiento del uso de aguas tratadas en el riego de viñedos es insuficiente.

“Lo único que hay que garantizar es la calidad del agua, ya que hay normas oficiales mexicanas que interpretan los estándares adecuados del uso de aguas tratadas para su uso en diferentes sectores, y dado que 80 por ciento del agua se destina a la agricultura, ahí es donde es necesario el énfasis en este caso. Las normas mexicanas no están tipificadas para cada cultivo, pero sí hay normas generales a nivel nacional y normas de recomendación,” expresó.

Pero para Manuel Valladolid Seamanduras todo esto quedó superado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

“Las pruebas hechas al agua, suelos y uvas fueron satisfactorias al cumplirse y estar por niveles superiores a las normas técnicas establecidas en el manejo de ese tipo de recurso hídrico”, presumió el horticultor y funcionario estatal, primo del ex secretario estatal de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez,  quien renunció a su cargo en abril del año pasado luego de acumular sospechas de cometer diversos actos de corrupción en las administración de Vega de Lamadrid y Felipe Calderón –fue delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California en el periodo 2010 a 2012-.

Antonio Valladolid Rodríguez, sospechas, sospechas y más sospechas (Foto, Gobierno de BC).

Familia incómoda

Valladolid Rodríguez también está involucrado en otro escándalo que dio a conocer Andrés Tamariz en el diario digital La Jornada de Baja California.

El reporte periodístico reveló que el 22 de agosto de 2016, Valladolid  Rodríguez, en representación del gobierno de Baja California en su calidad de secretario de Planeación y Finanzas, ejecutó el contrato de Asociación Pública Privada para construir la desalinizadora de Playas de Rosarito, convenio en el que intervino, otra vez vía triangulación, la empresa “Norte Sur Agua S. de R. L. de C.V.” en donde es accionista su primo Alejandro de la Vega Valladolid, también familiar del actual secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras.

Norte Sur Aguas –explicó Tamariz- fundó la compañía N.S.C. Agua S.A. de C.V., que obtuvo de Francisco Vega de Lamadrid la concesión de la desalinizadora en representación de la transnacional caribeña Consolidated Water Co. Ltd., por lo que Valladolid Rodríguez violó disposiciones de la Ley estatal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos (Artículo 47, fracción XVI), así como del Código Penal de Baja California en materia de Negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.

El artículo 305 de la normativa penal indican que “Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, al servidor público que:

“I.- En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; o

“II.– Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior”.

La configuración de ambos delitos encuadran en el caso porque Valladolid Rodríguez todavía era funcionario en el gobierno de Francisco Vega porque renunció ocho meses después de la entrega de la concesión a N.S.C. Agua, integrante del consorcio Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V., a quien la mayoría legislativa de Baja California le aprobó un pago anualizado de 86 mil millones de pesos por la dotación de agua de mar desalinizada.

Antes de empresario gobernador, promotor del vino (Foto: Congreso de la Unión)

El vitivinicultor

Pero estos no son problemas para el gobernador Francisco Vega.

En su mensaje a los empresarios porteños, el mandatario compartió que el acueducto de aguas residuales estará listo en 2019, y que a partir de 2020 el área de cultivo de uva en Guadalupe crecerá de las actuales tres mil hectáreas, a más de 10 mil.

A la par, dijo, el Ayuntamiento de Ensenada trabajará en la creación, aprobación y publicación del Programa Sectorial de Ordenamiento del Valle de Guadalupe, “lo que permitirá darle un crecimiento ordenado al desarrollo urbano de la zona”

Cerró así una historia rica en acontecimientos en torno al proyecto vinícola de riego.

En agosto de 2010, los diputados federales que integraban la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, se reunieron dos días en Ensenada para participar en el Primer Foro Nacional para Impulsar a la Industria Vinícola y Productos de la Vid.

En la mesa 3 del foro, que moderó el entonces diputado federal y ex presidente municipal de Ensenada César Mancillas Amador, se trató el problema del agua para el sector, principalmente en el valle de Guadalupe.

Ahí se concluyó que la sobreexplotación anual del acuífero Guadalupe -seis  millones de metros cúbicos-, la sobre concesión de pozos hecha por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) -que arrojó una media  anual deficitaria de recarga de 19.4 metros cúbicos-, el cambio climático y la sequía perturbaban a la industria vinícola que ese año produjo apenas el 40 por ciento de su meta.

El panorama de crisis se planteó así:

“Según la Comisión Nacional del Agua, la reserva actual del acuífero (año 2010) es de 218 millones de metros cúbicos (…) la recarga media anual es de 23.9 metros cúbicos mientras que el volumen concesionado es de 43.4 metros cúbicos (…) en los próximos 10 años el volumen de agua concesionado y extraído será de 37.7 metros cúbicos (…) de no tomar acciones para limitar el volumen concesionado, la reserva se podría reducir 85% al paso de una década” (2020).

Obviamente, el volumen concesionado jamás se limitó.

Y esto pudo suceder porque el licenciado Ismael Grijalba Palomino, entonces director General de la Cuenca de la Península de Baja California de la CONAGUA, planteó por primera vez, de manera oficial, el reúso de agua como la llave de salvación al problema.

“Se cuenta con 700 litros de agua (tratada) por segundo, la cual se desecha al mar (…) pero pudieran ser susceptibles a (dotar) un metro cúbico por segundo, o hasta dos, dependiendo de la necesidad de las tierras a cultivar” con vid, informó el funcionario estatal.

Tocó entonces el turno de hablar al doctor en ciencias Alejandro Cabello Pasini, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien destacó:

“Se plantea traer agua residual de Tijuana hacia el valle; sin embargo, no se conoce el efecto que esta puede tener en la fisiología de la vid o en la calidad de la uva, ya que el agua residual en muchas ocasiones tiene altas concentraciones de sodio u otros metales que pueden impactar la calidad del agua (…) Debemos ver el vino como algo cultural y no que éste se convierta en un problema de salud.”

Criticó el que se plantearan en el foro como propuestas específicas para resolver el problema del agua únicamente  la cuantificación de la recarga del agua en la cuenca del Río Guadalupe.

“Pero es el momento, si el gobierno está interesado, de generar un fondo (financiero) dedicado exclusivamente a la investigación de la vitivinicultura. Se trata de hacer investigación local para resolver problemas locales relacionados con el sector y buscar otras variantes de solución integral al problema del agua, entre ellos generar nuevos modelos hidrológicos ya que el cambio climático no es solo en la región de Baja California, sino es un cambio global que está afectando los antiguos modelos de precipitación en diferentes regiones” del planeta.

Obviamente, las ideas del científico tampoco fueron puestas en práctica. No al menos para beneficiar a la comunidad especializada en los temas propuestos.

Pero la voz discordante del universitario sirvió para que los panelistas de la mesa 3 recomendaran a los  legisladores federales detener la extracción indiscriminada de arena de los cauces de los arroyos, y proponer una moratoria a la extracción de arena en los valles agrícolas ya que esto afectaba directamente a la producción de dichos valles, propuestas que hasta hoy tampoco se cumplen.

También pidieron –hasta éste día de manera infructuosa- detener la sobreexplotación de los acuíferos y exigir el cumplimiento de la legislación aplicable. Asimismo, resaltaron que la problemática más grave de la industria es la insuficiencia del agua, pues las extracciones superan ya por mucho a los volúmenes de recarga.

Oído sordo de las autoridades federales a la demanda de todos en los valles de Ensenada (Foto: El Vigía).

Palo y astilla

Pero así como los diputados no atendieron esas y otras recomendaciones que se formularon en el foro, tampoco lo ha hecho el gobierno de Baja California.

Esto no podía ser de otra forma ya que el entonces presidente de la comisión especial legislativa –Francisco Vega- es ahora jefe del ejecutivo en el estado.

Por ejemplo, en el año 2012, el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN) –el mismo al que ayer asistió Vega de Lamadrid- y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) realizaron un estudio para conocer si el proyecto de llevar agua gris (residual) del poblado El Sauzal a Guadalupe era viable.

Concluyeron que sí, además de resaltar que la idea era mucho más económica para el gobierno.

Sin embargo, el mandatario los ignoró y siempre insistió en desarrollar dos proyectos en el tema del uso de agua tratada en Guadalupe. En ambos casos partía de llevar millones de litros de agua reciclada en Tijuana hasta el valle vinícola, usando un acueducto  de 80 kilómetros de longitud y dos presas: La Bellota y Guadalupe.

En octubre de 2015, A los Cuatro Vientos preguntó al entonces director de la Comisión Estatal del Agua, Germán Lizola, si una de las presas era el reservorio de 42.7 millones de litros de agua que la compañía Viñedos L.A. Cetto S.A. de C.V., obtuvo ese año de la Unidad Técnica Estatal del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2015.

Cabe precisar que la obsequiosa dependencia federal aporta recursos públicos para cubrir del 50 hasta el 75 por ciento al monto total de inversión privada en proyectos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas.

Germán Lizola de plano dijo no saber la respuesta.

El anuncio -este mes- de quién es el ganador de la licitación pública para construir el acueducto y los embalses del agua tratada en el valle de Guadalupe, darán pista para obtener algunas respuestas y plantear nuevas interrogantes en el tema (con información del diario El Vigía).


Comparte en redes sociales