Diputados de BC en desacato. Se niegan a reconocer los derechos político electorales de los pueblos nativos

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Por tercera ocasión en los últimos cuatro años, el congreso de Baja California se negó a coincidir la reforma al artículo 2 apartado A, fracción III, de la Constitución Política del país, publicada el 22 de mayo del 2015, con la constitución local y reformas a leyes secundarias sobre los derechos políticos electorales de los indígenas.

 

No más acciones afirmativas que se agandallan los partidos políticos y personas deshonestas (Facebook).

 

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Foto destacada: Triquis, botín de políticos nefastos en Baja California (La Jornada BC)

 

Ensenada, B.C., México, jueves 14 de julio del 2022.- La omisión no ha sido exclusiva del poder legislativo estatal. El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez (Morena) hizo lo mismo cuando la Gubernatura Nacional Indígena, a través de su representante en Baja California, la licenciada Silvia Yoana Rivera Rangel, le pidió que gestionara el cumplimiento de la sentencia emitida en 2019 por el Tribunal estatal de Justicia Electoral  (TJEBC) respecto a la armonización de la reforma constitucional en el estado.

 

“El 6 de febrero del 2020 hice la solicitud al entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, sin que durante su mandato hubiera tenido siquiera respuesta en forma de Acuse de Recibido”, reveló la Gobernadora Indígena Pluricultural de Baja California en una carta que entregó el pasado 12 de julio a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

 

En su misiva, solicitó una reunión de trabajo informativa “a la brevedad posible” para lograr que la XXIV Legislatura cumpla con la sentencia del TJEBC, lo que en el contexto del proceso electoral del 2024 evitará que “no sigan violentándose” los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, “como lo hicieron las dos legislaturas pasadas” y el ex mandatario morenista.

La relevancia de la armonización de la reforma constitucional del 2015 en Baja California, es que el respeto y defensa de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas dejarán de aplicarse mediante “desastrosas acciones afirmativas” que son violadas impunemente por personas no indias y los partidos políticos.

“Después de cuatro meses de arduo trabajo, y a seis años de distancia, no podemos seguir conformándonos con la acción afirmativa que nos impone un 10% de representación popular a través de partidos políticos. No es para lo que tanto trabajamos”, indicó Rivera Rangel en su epístola.

 

En mayo del 2021, indígenas auténticos cucapá se manifestaron públicamente en rechazo a un priista usurpador de identidad indígena (Foto: Radar BC).

 

Recordó que el 22 de mayo de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión reformó la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“A.- Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

“III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.”

La reforma se envió en noviembre del 2015 a los congresos de todos los estados de la república para que sus respectivas constituciones fueran armonizadas con el contenido del nuevo texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La XXII Legislatura de Baja California, que incluyó al actual secretario estatal del Trabajo Alejandro Arregui, fueron buenos para tomarse fotos con grupos indígenas del estado, pero no armonizaron los derechos políticos de los grupos nativos en la constitución local (Archivo).

 

Ello con el objetivo de que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejerciera “en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”.

Para ello, ordenó que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se haga en las constituciones y leyes de las entidades federativas, “las que deberán tomar en cuenta (…) criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.

Pero en Baja California, la legislatura XXII que correspondió al segundo trienio de gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, se negó a ejecutar la armonización, por lo cual el tribunal electoral estatal tomó el caso y en la sentencia RI-30/18, que causó ejecutoria el 6 de febrero del 2019, ordenó a la XXIII Legislatura cumplir con la reforma constitucional federal, fallo que aquellos diputados –de mayoría morenista- ignoraron.

 

Tengo confianza en que la Gobernadora Marina del Pilar nos atenderá pronto. He visto en sus redes sociales que es una mujer muy comprometida con todo lo que pasa en nuestro estado. Espero que sí muestre la sensibilidad necesaria que Jaime Bonilla no mostró cuando le hice llegar la misma solicitud”, manifestó finalmente la gobernadora indígena descendiente de madre purépecha y radicada en Ensenada.

 


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