Desolador, el panorama de niñas y mujeres en BC: Comisión de Derechos Humanos

Al presentar hoy la primera Recomendación General del año, dirigida al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) presentó el panorama “preocupante, desolador” que viven las niñas y mujeres en Baja California en materia de violencia de género y feminicidio.

Javier Cruz Aguirre* / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 9 de mayo del 2019.- El documento del organismo que coordina la licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez, destacó que en periodo que va de 1985 a 2016, Baja California sumó 1,642 muertes violentas de mujeres, con un promedio de 53 muertes al año, cifra que representó el 3% del total de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio en el país -52 mil 210-.

La ciudad de Tijuana –destacó la derechohumanista-, ha figurado desde hace casi una década entre los primeros diez municipios con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres en el país (segundo lugar en 2010, octavo en 2012, quinto en 2013, cuarto en 2014, tercero en 2015 y segundo en 2016).

También que, en los últimos tres años, Tijuana se ha mantenido entre los diez municipios con mayor número de muertes violentas de mujeres, en tanto que el Estado tuvo el primer lugar en tasa de homicidios de mujeres en 2018.

– “Tan sólo el año pasado se cometieron 250 asesinatos contra mujeres, lo cual es una cifra muy elevada considerando las tendencias recientes, así como el promedio anual de muertes de mujeres por causas externas (dolosas o no), que ha sido de 338 por año durante las últimas tres décadas.”

Reveló que conforme a cifras de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE), el Estado registró al menos 44 casos de muerte violenta de mujeres durante los primeros tres meses de 2019, el 75% del promedio anual entre 1985 y 2016.

Imagen ilustrativa (TV Pacífico).

Esa cifra también es equiparable a la del mismo período del año pasado, cuando la entidad encabezó la lista nacional de tasa de homicidio de mujeres por cada cien mil habitantes y obtuvo el tercer lugar en las incidencias totales de esta conducta.

Además, subrayó, “no solamente se ha evidenciado el incremento en feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, sino también de desapariciones.”

Refirió la cifra que arroja el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que llevaba cuenta de estos casos en el país hasta la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

– “Entre 2007 y 2017 había 414 mujeres vistas por última vez en Baja California, cuyo destino o paradero se desconoce, con un incremento de 100 veces el valor inicial.”

Además, informó que entre 2017 y 2018 la CEDHBC registró más de mil Quejas por posibles violaciones a los derechos humanos de las mujeres, lo que equivalía a casi el 30 por ciento del universo de las Quejas de la Comisión.

– “Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados son: la seguridad jurídica, la igualdad (que implica la no discriminación), el trato digno y la protección a la salud.”

Imagen ilustrativa (El País).

Y las principales autoridades señaladas fueron: la PGJE; la Oficialía del Registro Civil en Tijuana; el Sistema Educativo Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, con 29 quejas.

Melba Adriana Olvera enfatizó asimismo que la impunidad hace parte central de la violencia de género e implica responsabilidad del Estado, porque envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, favoreciendo con ello a su normalización, que agrava la inseguridad percibida y real de las mujeres y su desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia.

Por ello, recomienda que en el diseño, implementación y evaluación de programas, planes de atención y reparación, campañas y demás actuaciones, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, “deberán incorporar un enfoque diferencial y especializado en niñas, mujeres mayores, mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, migrantes, pertenecientes a pueblos indígenas, que no comprendan o hablen el idioma español, extranjeras, adultas mayores, que viven con VIH o SIDA, que viven con adicciones, en situación de calle, con discapacidad, periodistas y defensoras de derechos humanos.”

Por ello, emitió 23 Recomendaciones Generales para construir en Baja California una política integral de prevención, investigación, sanción y reparación integral por el daño provocado por la violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.

Entre ellas destacan la creación de un sistema de información que recabe, analice y publique periódicamente datos estadísticos sobre la violencia de género y feminicidios.

Al Estado y a los 5 municipios les pide adoptar una metodología común de seguimiento y evaluación de avances en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, en especial del feminicidio, y adoptar un sistema de indicadores para fijar objetivos comunes y medir su gestión, desempeño e impacto, tomando como referencia las recomendaciones internacionales en la materia.

Foto ilustrativa (Monitor Nacional).

También exhorta al Gobierno del Estado a emitir a la brevedad una convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de participar en las sesiones del Sistema Estatal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Baja California.

Dicta revisar y en su caso sustituir el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Baja California del 11 de diciembre de 2015 y actualizado en enero de 2017.

Y como parte de una política de protección de todas las niñas y las mujeres en contra de la violencia de género, incluyendo la violencia feminicida, todas las autoridades deberán reforzar las medidas con las que cuenten, para prevenir y atender a las niñas y mujeres víctimas de violencia doméstica, desapariciones forzadas, tortura sexual y homicidios, especialmente los feminicidios.

Y exige que las autoridades en el Estado “deberán abstenerse de especular sobre la posible pertenencia de las víctimas al crimen organizado, incluyendo casos de mujeres victimizadas en el marco de presuntas actividades delictivas.”

Finalmente, la derechohumanista precisó que las Recomendaciones Generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias

– “Sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a la CEDHBC dentro de un término de treinta días hábiles.”

*Esta nota originalmente se publicó en el portal de la Revista PROCESO. Aquí damos el enlace a la fuente de la información:

https://www.proceso.com.mx/583427/emiten-recomendacion-a-gobierno-y-municipios-de-baja-california-por-feminicidios

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