Derechos Humanos avala adopción para parejas de la diversidad sexual en BC

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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) exhortó este día al congreso y gobierno de Baja California, a respetar los derechos de la niñez a la familia y a no legislar en contra de las adopciones homoparentales.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 15 de julio 2019.- El presidente interino de la comisión humanista, Carlos Rafael Flores Domínguez, dijo que el organismo expresa su “preocupación” por el tema y se mantiene atento ante la intención de que diputados realicen modificaciones al artículo 391 del Código Civil del Estado que pudieran atentar contra el derecho de la niñez a la familia, y de las parejas homoparentales a la adopción.

Esto con relación al rechazo que hicieron el pasado 11 de julio, 18 organizaciones y 10 activistas por los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trangéneros, transexuales, intersexuales, queer y asexuales (LGBTTTIQA+) que denunciaron a la bancada panista en el congreso de intentar eliminan para las parejas de la diversidad sexual, su derecho a la adopción.

Hoy, el titular de la CEDHBC puntualizó que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 15 establece el “derecho a la constitución y protección de la familia”, y menciona:

“1: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. Y 2: Toda persona tiene derecho a constituir una familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.”

En ese sentido, Flores Domínguez precisó que la protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador debe proteger.

Por tanto, “si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio, pero no a conformar una familia.”

Asimismo, afirmó: “En todo caso, debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja, según el tipo de familia de que se trate.”

Respecto al interés superior de la niñez, destacó que instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, constituyen norma vigente en México y deben ser tomados en cuenta para la interpretación a las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Finalmente, reiteró el llamado de la comisión a todas las instituciones y a todos los sectores de la sociedad, a trabajar por el respeto a la dignidad de todas las personas, evitando expresiones o acciones que atenten contra los derechos humanos o contravengan lo estipulado en la legislación internacional y en la Constitución del país.

Foto: El Informador.

Discriminación y bloqueo deliberado

Actualmente, 3 parejas casadas de la diversidad sexual tramitan ante el DIF la adopción de infantes en Baja California, estado que suma una lista de 300 niñas y niños en espera de integrarse a una familia, según información de Brenda Ruacho, esposa del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y Presidente del sistema asistencial.

Entre los solicitantes están Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo, quienes en enero del 2015 se convirtieron en el primer matrimonio gay de Baja California luego de tres años de negativa oficial a casarlos.

Ellos anunciaron a finales de 2016 que adoptarían un infante y el 2 de mayo del 2017 iniciaron al trámite ante el DIF, quien los ha obligado asistir a 37 sesiones con terapeutas para concluir la primera de 3 etapas en que consiste el proceso de adopción, el cual no debió exceder tres meses.

Por el atraso deliberado que el gobierno de Baja California y municipal de Mexicali han dado a su petición, Aguirre y Urías solicitaron amparo federal y en abril de este año decidieron demandar juicio político contra Francisco Vega.

Y al Alcalde panista Gustavo Sánchez Vázquez, lo demandaron por el no otorgamiento de la tutela dativa que consiste en proporcionar los recursos económicos para la manutención de un menor que esté en un orfanato bajo resguardo de la autoridad por falta de un hogar o sano desarrollo.


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