EN EL CAMINO: ¿Democracia mexicana?

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El sistema político mexicano ha pretendido ser una democracia desde el Siglo XIX, casi desde que el país se independizó de España (inclusive en tiempos de Porfirio Díaz se realizaban elecciones para determinar la presidencia de la república). Con mucho orgullo y no poca soberbia, nuestros políticos afirman que en México existe, en concordancia con la etimología griega del término, una democracia, un gobierno del pueblo. No pocos empresarios están también satisfechos por los logros y la estabilidad de la democracia mexicana. ¿Será igual para todos esta democracia de la que hablan?

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos

Sin duda alguna que, cuando se le ve como un todo y particularmente después de la Revolución, México ha mejorado en diversos indicadores de bienestar colectivo: la esperanza de vida ha aumentado, la salud pública mejorado, el nivel educativo de la población es más alto, hay una clase media más numerosa.

De acuerdo, pero también hay que ver que este “progreso” ha generado más de 50 millones de mexicanos con fuertes y graves carencias en cada uno de los rubros mencionados, especialmente en las comunidades indígenas. ¿Es esta inequidad el precio inevitable de vivir en nuestra democracia? ¿O no será que en realidad la democracia en la que presumimos vivir no lo es tanto como muchos afirman que lo es?

No obstante las impresionantes declaraciones de nuestros funcionarios públicos y grandes empresarios, los hechos muestran a un país cuyo sistema político no funciona democráticamente. Para que México fuera un país democrático sus funcionarios públicos tendrían que ser elegidos por el pueblo, pero observamos que, cada vez que ese pueblo, o buena parte de él, se inclina por un candidato que no es del visto bueno por los grupos dominantes, los órganos electorales pierden imparcialidad, el gobierno interviene en las elecciones a favor del candidato que considera adecuado y, al mismo tiempo, en contra del candidato favorecido por la opinión pública. Prometen apoyos y compran votos a favor de su candidato como práctica común. No en balde el costo del aparato electoral en México es una vergüenza en el contexto del presupuesto que se destina a programas como cultura y salud.

https://www.4vientos.net/2017/06/13/el-ine-normalizando-el-delito-electoral/

Para que México fuera un país realmente democrático la ciudadanía debería participar en la toma de las decisiones que la afectan. Particularmente a nivel municipal, pero indudablemente también a nivel estatal y federal. Pero la realidad es muy diferente. Una vez que los funcionarios públicos asumen su cargo se olvidan que la gente que votó por ellos es generalmente una minoría, y toman decisiones y legislan como si hubieran recibido, de parte de toda la ciudadanía, un cheque en blanco para hacer y deshacer todo lo que consideran pertinente para conducir el gobierno en cuestión.

Es costumbre que los funcionarios públicos hagan consultas e, inclusive, algunos forman comités ciudadanos de apoyo. Todo ello suena bien, pero el hecho es que todo es una simulación. En el fondo nuestros funcionarios no están interesados en conocer la perspectiva ciudadana sobre una determinada problemática y, menos aún, que participe en la identificación, discusión y selección de alternativas, como lo muestra la dinámica seguida para aprobar la tristemente célebre Ley de Seguridad Interior, o el MuroDeCristal/Vitrina que levantó a medias la mayoría panista del Congreso del Estado de Baja California para no tener que aguantar los reclamos de ciudadanos preocupados por las decisiones que toman los diputados.

https://www.4vientos.net/2017/09/28/los-ciudadanos-a-legislar-en-las-calles/

Para que México fuera un país realmente democrático debería ser claro que la razón de ser de un gobierno del pueblo es el bien común y el logro de una vida digna para todos. ¿Puede afirmarse que los poderes públicos en México orientan sus decisiones bajo estos referentes? ¿Qué entenderán los funcionarios públicos por bien común y vida digna?

La corrupción imperante en la vida pública del país indica que el gobierno mexicano está escandalosamente contaminado por una moral en la que el beneficio personal y de grupo a cualquier costo, se ha impuesto a la moral del servicio público. El tráfico de influencias, el soborno y, en general, la corrupción, surgen de las características estructurales del sistema político-legal del país y, bajo estas condiciones (considérense la opacidad y la impunidad del quehacer público, por ejemplo), no puede desarrollarse una democracia real.

Para que México fuera un país realmente democrático la procuración de justicia debería ser equitativa para todos los ciudadanos. La ley se tendría que aplicar y ningún grupo debería recibir un trato privilegiado al infringirla, pero somos testigos de que no es lo mismo ser un ciudadano común que ser diputado, presidente municipal, gobernador, senador o presidente de la república. Ahí están los ejemplos de los expresidentes municipales de Mexicali, el caso del gobernador de Baja California y, como ejemplo emblemático de esta problemática, el presidente de la república. Mientras que para los ciudadanos incómodos la aplicación de la justicia es sospechosamente rápida y eficiente, para los funcionarios públicos avanza al ritmo más lento posible.

https://www.4vientos.net/2017/03/10/los-depredadores-de-baja-california-politicos-y-empresarios-neoliberales/

Como se puede ver por los comentarios anteriores, la democracia no se reduce a la elección de personas que se hagan cargo de los poderes ejecutivo, legislativo y/o judicial. La democracia, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tratar el tema de la educación en su Artículo Tercero, no es “solamente … una estructura jurídica y un régimen político, sino … un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”

En este sistema de vida se tienen que considerar elecciones libres y equitativas, participación ciudadana en la toma de decisiones, el bien común y vida digna como referentes centrales del gobierno, transparencia, rendición de cuentas e igualdad ante la ley. Todo esto y más, pero poco se podrá avanzar si el pueblo, la gente común, la ciudadanía, no se organiza y participa.

 

*Jesús Francisco Galaz Fontes, es profesor de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es integrante del grupo civil Mexicali Consciente.


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