Demanda penal contra Bonilla, Next Energy México y cinco ex funcionarios estatales. Acumulan 7 delitos y daño al erario por 12 mil mdp

Next Energy de México, el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez y cinco funcionarios de la pasada administración estatal fueron denunciados penalmente por conjurar acciones presuntamente criminales para desarrollar un proyecto de generación de energía solar en Mexicali, proyecto que genera un daño al erario de aproximadamente 12 mil millones de pesos.

El secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, informó acerca de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General del Estado (Foto: Cortesía del gobierno de BC).

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: Marina del Pilar Ávila Olmeda aplaude, feliz, contenta, la puesta en marcha del parque solar de Next Energy México en Mexicali. Hoy, ya como gobernadora, quiere encarcelar por ese mismo proyecto energético a uno de sus padrinos políticos (Archivo)

Ensenada, B.C., México, miércoles 2 de marzo del 2022.- El secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, informó que la denuncia se  presentó ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de peculado, abuso de autoridad, peculado impropio, coalición de servidores público, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades “y lo que resulte”.

Next Energy de México, que en febrero pasado retuvo 123 millones de pesos de las participaciones federales a Baja California gracias a la entrada en vigor del contrato que firmó con Bonilla para desarrollar el proyecto “Central Solar BC”, el cual le permite obtener hasta el 19.5 por ciento de las contribuciones del gobierno federal en garantía de pago a su inversión, también fue enjuiciada por dos vías.

La primera es una demanda de lesividad a las finanzas públicas del estado, lo que permitió suspender provisionalmente los efectos de la exención de un fideicomiso que retiene las contribuciones presupuestales a Baja California.

Y la segunda es una denuncia penal en contra de la empresa, sus asesores jurídicos y administrativos, así como seis ex funcionarios entre los que se dejó entrever son el ex gobernador Jaime Bonilla, el ex secretario estatal de Hacienda Rodolfo Castro Valdez, y otros cinco ex funcionarios que integraron el Comité Interinstitucional de Energía (CIE) de Baja California.

En ese último organismo público –el CIE-, Castro Valdez era Presidente. Además estaban Luis Salomón Faz Apodaca, como Secretario Técnico del comité y secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua; y como vocales se desempeñaban Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, directora general de la Comisión Estatal de Energía; Marco Antonio Hilton Reyes, Oficial Mayor de Gobierno; y Karen Postlelhwaite Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.

Marco Antonio Moreno no informó si Kurt Honold Morales, actual secretario estatal de Economía e Innovación, ex presidente municipal priista de Tijuana y amigo  socio del empresario priista Jorge Hank González, también es objeto de investigación en ambos expedientes penales.

Esto porque el 24 de septiembre del 2020, los integrantes del CIE lo designaron “Observador Ciudadano” en el proceso de licitación de la planta de energía solar que semanas después se asignó a la subsidiaria de la transnacional británica Nex Energy Capital Group.

¿Le llegó a él la hora de pagar? (Archivo).

La acusación penal en contra de los integrantes del CIE no es la primera. En octubre del 2021, Iván Bautista Gómez, presidente de la Red Ciudadana para el Aprovechamiento del Agua y las Energías Renovables, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de seis funcionarios de la pasada administración estatal, entre ellos Rodolfo Castro Valdez, los otros cuatro integrantes del Comité y, al parecer, el mismo Jaime Bonilla.

El fiscal Alejandro Gertz Manero, como es su costumbre, no ha dado ninguna información sobre el avance de la investigación, si es que se está realizando alguna en la dependencia.

Presente en la conferencia de prensa donde se dio a conocer la judicialización del caso, Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del gobierno del Estado, reveló que las áreas de gobierno que participaron en el irregular proyecto fueron la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal de Energía (CEA) y la Secretaría del Agua.

Sin embargo, se reservó los nombres de las personas bajo investigación judicial “para evitar la sustracción (evasión)” de alguno de los ex funcionarios.

Y de Next Energy de México dijo: “Lo que buscamos principalmente (de la empresa) es la cancelación del contrato sin responsabilidad financiera (para el gobierno del estado). En ese sentido, si la empresa no recapacita, enfrentaría serios riesgos financieros, jurídicos y reputacionales”.

Los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía (CIE) de Baja California, al momento de dar a conocer el resultado de la licitación del proyecto fotovoltaico a favor de Next Energy de México (Archivo).

EL CONTACTO PANISTA

Los acontecimientos de hoy se dan luego de que el pasado 25 de febrero el gobierno federal negó el permiso de instalación y operación a la transnacional británica Next Energy para crear en Mexicali una planta fotovoltaica de dos mil 546 megawatts de potencia al día.

La decisión frenó casi por completo el plan original del exgobernador morenista Jaime Bonilla, de dar a la filial mexicana del consorcio transnacional el proyecto “Central Solar BC” con el cual daría servicio eléctrico a diversas oficinas del gobierno estatal en Mexicali, y abastecer de electricidad al sistema de bombeo del acueducto Morelos; todo con una inversión programada de 14 mil 96 millones de pesos.

Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó el permiso a la transnacional que en México dirige el empresario veracruzano Héctor Martínez Vivas y preside el regiomontano  Eugenio Javier Maíz Domene –hijo del conocido constructor, beisbolista y político priista José Sebastián Maíz García– junto con Gloria Yolanda García Peña.

Los empresarios fundaron la subsidiaria en Monterrey, Nuevo León, en el año 1980. Como accionista de Next Energy de México, S. A. de C.V., está Jovita Morín Flores, actual titular de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) y persona cercana a Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente nacional de ese instituto político.

En este contexto destaca que dos días antes de la resolución de la CRE, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), acusó a Marko Cortés y a María Teresa Jiménez Esquivel, ex presidente municipal de Aguascalientes y actual diputada federal del PAN, de realizar presuntos actos de corrupción a través de contratos para modernizar las luminarias del servicio público de alumbrado del municipio hidrocálido.

A decir de la legisladora petista, los dos panistas usaron a Jovita Morín Flores para la contratación del proyecto con la empresa Next Energy de México a través de una de sus compañías filiales: MF Iluminación Nacional S.A de C.V., en donde Maíz Domene y Morín también son socios.

El contrato se firmó en enero del 2020, apenas un mes después de que Jovita Morín fue propuesta por Marko Cortés para ocupar la presidencia de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

La senadora Martha Cecilia Márquez, del PT, en el momento en que acusa a Marko Cortés y a la diputada panista María Teresa Jiménez Esquivel, de cometer actos de corrupción en Aguascalientes que los beneficiarios, así como a una filial de Next Energy de México (Facebook).

Con el contrato, el municipio de Aguascalientes compró a MF un total de 55 mil 716 luminarias con un valor de 882 millones de pesos, cantidad que significó un sobreprecio de 595 millones de pesos, según denunció ante la Fiscalía General de Aguascalientes, en mayo del 2020, Armando Parga Picazo, director de la empresa Representaciones Parga, S.A., de C.V.

El empresario del ramo eléctrico acusó también que Teresa Jiménez posteriormente compró mil luminarias más en 908 millones de pesos, lo que representó un sobreprecio de 600 millones de pesos.

Al respecto, la senadora Márquez Alvarado dijo el pasado 23 de febrero, en el foro del parlamento abierto para la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las acciones presuntamente delictivas de los tres panistas y Next Energy de México provocaron un daño al erario de más de 20 mil millones de pesos por el periodo de 30 años de amortización del contrato, por lo que turnó el expediente del caso a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Auditoría de Aguascalientes.

Es relevante señalar que el fallo de la CRE se sumó a dos resoluciones previas en contra de la instalación de Next Energy México en Mexicali.

El primero fue de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), paraestatal mexicana que este año inicia obras millonarias para abastecer de electricidad a Baja California y Norte de Sonora en los próximos 30 años, mediante un proyecto que incluye la construcción de dos centrales eléctricas –una en San Luis Río Colorado y otra en Mexicali-, una planta generadora temporal de emergencia, y un mega parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora.

Los cuatro proyectos de la CFE podrán generar en conjunto casi cuatro mil  megawatts de electricidad al día, con lo cual abatirán por mucho el déficit de electricidad que actualmente existe en la entidad que se calcula entre 500 a 800 megawatts en temporadas de alto consumo de energía.

Y la segunda negativa la dio la Secretaría de Energía (SENER) quien concluyó que las entidades federativas carecen de facultades para licitar la red nacional eléctrica, una acción que corresponde en exclusiva a la federación, la cual inicia este año la incorporación de Baja California y San Luis Río Colorado (Sonora) a la red energética nacional de alta densidad.

La CFE, al fin al rescate eléctrico de Baja California (Cortesía CFE).

Antes de los tres descalabros federales a la transnacional británica y sus sus socios en México, el Ayuntamiento de Mexicali negó los permisos municipales a la compañía porque ésta no contaba con las autorizaciones energéticas del país, así como tampoco el permiso ambiental que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El 14 de junio de 2021 Bonilla Valdez colocó aceleradamente la primera piedra del parque fotovoltaico en Laguna Salada, Mexicali, a pesar de que los representantes de Next Energy reconocieron que carecían de los permisos federales y municipales.

Antes de tomar el gobierno, Marina del Pilar Ávila Olmeda se negó a continuar el proyecto y anunció que lo cancelaría, a lo cual siguió un reclamo de Nex Energy México que amenazó con hacer efectivo el contrato que firmó con Bonilla y en donde se incluye sanciones por más de cuatro mil 500 millones de pesos por incumplimiento.

Ahora, al conocer la nueva negativa del gobierno federal al proyecto británico en Mexicali, la morenista primero anunció que tratará de rescindir el contrato sin que ello signifique un daño adicional al erario.

Y este día anunció una segunda decisión trascendental: denunciar penalmente a Jaime Bonilla, a seis funcionarios del exgobernador morenista y a la empresa Next Energy de México.

Apenas el pasado 1 de marzo, Jaime Bonilla declaró en la comodidad de su empresa televisiva Primer Sistema de Noticias (PSN), con la que sostenía una batalla laboral con la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana el 23 de enero, que dejará pendiente su ingreso al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador porque dedicará al menos tres meses a reestructurar sus empresas y dar atención a su familia.

Lo dijo así: “Lo que estamos haciendo para modernizar nuestras señales de comunicación, nos tomará dos o tres meses. Eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo de ocupar una posición en su gabinete lo dejamos pendiente: él (el mandatario) tiene otras personas de su confianza que lo están apoyando”.

Ello tras no lograr lo que tendenciosa, falsa y propagandísticamente pregonó el pasado 14 de diciembre: que “en la primera semana de enero” de 2022 se convertiría en “Subsecretario de Gobernación”, un cargo que no existe como tal en la Secretaría de Gobernación del actual gobierno federal.