DANZAR HASTA QUE LLUEVA: La Ley de Aguas. ¿ Por qué vías constitucionales podemos combatirla ? (Tenga cuidado donde pone su firma)
Mucha gente está recabando firmas. Muchos firman para combatir la nefanda Ley del Agua..,pero… ¡¡ tenga usted cuidado !! No firme sin saber con precisión para qué usarán su firma. Y no es para menos. La Ley del Agua ha conmovido desde sus raíces al pueblo de Baja California. Casi todos queremos su aniquilación total, su abrogación. Existen muchas formas constitucionales de oponérsele. Intentaré, en varios apartados, una breve explicación de las vías y procedimientos a los que podemos sumarnos. Unas no excluyen a otras.
Daniel Solorio Ramírez/ A los 4 Vientos
EL DERECHO A LA CALLE y LA PROTESTA SOCIAL
Es tiempo de aullar, escribió José Saramago, ese gran pensador universal. Nada es mejor ni más efectivo que el reclamo directo del pueblo, que tiene derecho a salir a la calle, a las plazas y otros lugares públicos. A gritar su inconformidad.
Kiko Vega, sí, el mismo que juraba que el pueblo manda, tiene hoy un impúdico amasiato con sus socios, los negociantes (traficantes) del agua. Hoy se requiere la unidad del pueblo. Cuando el pueblo sale a la calle, la protesta callejera fomenta una bella solidaridad política entre hermanos del mismo dolor, entre víctimas de iguales atropellos.
Nada impacta tanto a los expoliadores de los pueblos como las calles y plazas llenas de gente honrada, desafiante, exigiendo incansable y enérgicamente que sus opresores reparen los agravios inferidos. Este es un derecho plenamente válido conforme a la Constitución.
Marcha de protesta en San Quintín contra el gasolinazo y contra la Ley de Aguas de Baja California
LA RESISTENCIA PACÍFICA
La gente tiene derecho a oponerse pacíficamente a obedecer las leyes ostensiblemente injustas, sin que la autoridad pública tenga derecho a reprimirle. Aunque entre juristas suele decirse que no; que la ley debe ser obedecida en tanto sea vigente, pero ese ajedrez queda para los juristas. El pueblo tiene sus propias rutas. También este es un derecho que la Constitución avala.
UN REFERÉNDUM ABROGATORIO
Un grupo de ensenadenses, entre quienes destaca la abogada Marisol Pérez Prado, ya organizan un referéndum para que el electorado decida si la Ley del Agua debe vivir o morir. Este procedimiento debe ser solicitado al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con las firmas de al menos el 1% de la Lista Nominal del Padrón Electoral (unas 25 mil firmas).
La Ley quedaría muerta con los votos de al menos la mayoría de los electores, si acuden a votar por lo menos el 25 por ciento de los votantes de la elección de diputados inmediata anterior.
Nunca antes en Baja California el pueblo echó abajo una ley abusiva. Esta es nuestra primera oportunidad. Aquí sí hacen falta firmas; muchas firmas; por favor firmen en los formatos que a partir del próximo lunes entregará el Consejo General Electoral a los organizadores del referéndum.
UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
También se está hablando de promover una acción de inconstitucionalidad; ésta no puede ser promovida por ciudadanos particulares, ni requiere muchas firmas. Debe ser presentada por escrito ante la Suprema Corte de Justicia (artículo 105 fracción II) dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de la ley.
Necesita las firmas de:
a) Los diputados que sumen al menos el 33% (nueve por lo menos) de quienes integran el Congreso. Si no son meros simuladores, los que votaron contra la Ley del Agua están políticamente obligados a promoverla. Me desconcierta su ominoso silencio a pesar del reclamo popular. Sería feo, muy feo, políticamente condenable, que se negaran a enjuiciar esa perniciosa ley.
b) La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de salir ante la Suprema Corte en defensa del derecho humano al agua. Supongo que Melba Adriana Olvera ya está preparando su denuncia de inconstitucionalidad y que la presentará dentro de los treinta días ante la Suprema Corte.
Rodeados de policías para impedir la protesta ciudadana, sin consulta previa ni análisis legislativo, los diputados panistas apoyados con el voto del legislador de Movimiento Ciudadano y la del PRD, aprobaron la Ley del Agua de Baja California entre la noche del 19 y la mañana del 20 de diciembre de 2016, obedientes a la iniciativa del gobernador Francisco Vega.
UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
La Ley del Agua también debiera ser combatida por los cinco ayuntamientos del Estado; los presidentes municipales ya debieran estar pidiendo el respaldo de sus cabildos para promover sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte.
Esa ley agrede la competencia constitucional de los ayuntamientos en lo referente a la prestación del servicio público de agua potable. Esa área de la vida pública debe ser atendida por los munícipes electos democráticamente y no por los negociantes y traficantes del agua.
Los ayuntamientos y presidentes municipales tienen también un plazo de 30 días desde la vigencia de la ley. Nada he leído que haga suponer que lo harán.
Traicionarían a su electorado si se conforman con esa nefanda ley.
EL AMPARO PARA TODOS NOSOTROS
Todos los habitantes de Baja California reconocidos como usuarios del agua potable estamos legitimados para presentarnos ante un juez federal mediante una demanda de amparo contra la Ley del Agua de Baja California, individual o colectivamente, dentro de los 30 días posteriores a la vigencia de tan nefanda ley. Por fortuna ya hay muchos abogados ofreciendo sus servicios pro-bono (gratuitos) a la población.
NO TOLEREMOS EL ATROPELLO
Nadie debe quedarse callado ante esta agresión a los intereses del pueblo; nunca hubo otra tan directamente agresora a una de las necesidades básicas del ser humano. Eche usted un ojo a lo que hizo el heroico pueblo Cochabamba, en Bolivia, hace unos dieciséis años. También allá tuvieron otro Kiko Vega y lograron echarlo a patadas.
Ciudadanos de todos los países que enfrentan las políticas neoliberales, manifesta su hartazgo ante las reformas y leyes privatizadoras de áreas estratégicas para el desarrollo nacional y de servicios esenciales para la población
Daniel Solorio Ramírez. Maestro en Derecho Público. Ex Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Profesor de la UABC.