Cuatro grandes injusticia del sistema fiscal mexicano
El gran problema de nuestro sistema fiscal es que se recauda poco y distribuye peor.
Carlos Reyes Romero/ A los Cuatro Vientos*
Todos sabemos que la recaudación fiscal en México, está muy por debajo del gasto público que se necesita para desarrollar al país y construir el México próspero que todos anhelamos.
Con el actual sistema fiscal, México no puede ni podrá contar con recursos suficientes para financiar su desarrollo. No es que hagan falta más o nuevos impuestos, sino que la carga fiscal no es justa, ni proporcional, ni equitativa; pero sobre todo hace falta que paguen sus obligaciones fiscales los pocos que concentran la mayor parte de la riqueza producida en el país.
Iré al grano. Esto sucede así, porque nuestro sistema fiscal esta fincado sobre cuatro grandes injusticias:
§ Primera injusticia fiscal. Los excesivos privilegios que gozan los 422 grupos de empresas, que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo cual les permite eludir, es decir, evadir sin violar la ley, sus obligaciones fiscales a grado tal de que sólo pagan el 1.8 % de los impuestos que debieran pagar, no obstante que facturan más del 53% del producto interno bruto.
Desde 1982, el gobierno concesionó indebidamente a estos 422 grupos consolidados los recursos para el financiamiento del desarrollo que el país necesita, al permitirles, a las 7,900 empresas que los integran, diferir impuestos consecutivamente. El resultado es que prácticamente, durante los últimos 30 años, no han pagado impuestos.
Más aún, en la nueva Ley del ISR, aprobada en enero de 2002, se les otorgaron nuevas prebendas, que todavía subsisten: ¿Cómo cuáles? Se les redujo la carga fiscal al 30 por ciento, que es la que se niegan a pagar; se les permitió deducir de inmediato el total de sus inversiones; se les autorizó disminuir de impuestos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; se les suprimió el pago del 5% por dividendos obtenidos en la Bolsa de Valores; y, de remate, se les autorizó a deducir de impuestos “Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores.”[1]
El diferimiento y la elusión fiscal deben erradicarse del sistema fiscal.
§ Segunda injusticia fiscal. El privilegiado y, me atrevo a decir, antipatriótico trato fiscal que se otorga a las mineras, a las cuales se exime del Impuesto Sobre la Renta y del pago de las “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras” que prevé la Ley de Ingresos de la Federación[2].
Las mineras se llevan prácticamente gratis el oro, la plata y el cobre del país, por nombrar sólo los minerales más importantes. Un ejemplo: la Cámara Minera de México en su Informe 2012[3], señala que, durante el año 2011, la inversión minera mundial fue de 18 mil 200 millones de dólares, mientras que el valor de la producción minera del país, fue un poco mayor a los 20 mil 120 millones de dólares; 45 % más alto que los 13 mil 900 millones de dólares que las mineras obtuvieron en México durante 2010. De ese tamaño es el saqueo y la depredación de los recursos naturales no renovables de la Nación.
El único gravamen que se cobra a las mineras en México es el Derecho Sobre Minería, el cual se tasa a razón de $5.70 por hectárea concesionada, por el primero y segundo semestre; hasta un máximo de $124.74 semestrales a partir del décimo primer año de concesión[4]. Es un verdadero atraco al país.
Esto sin contar la grave depredación ecológica que causan, a la que por ahora no voy a referirme.
Por ningún motivo, hay que seguir eximiendo a las mineras de sus obligaciones fiscales; nada lo justifica y el país requiere los recursos que nos están saqueando para financiar su desarrollo.
§ Tercera injusticia fiscal El severo régimen fiscal confiscatorio que padece Pemex, que no le permite invertir en su desarrollo ni dar el debido m. antenimiento a sus instalaciones.
Pemex es la única empresa del país que por sí sola genera el 7.7 % del PIB y aporta el 40% del gasto público.
Dicen algunos, que precisamente porque Pemex entrega el 100 por ciento de sus ingresos a Hacienda, es necesario abrir esta empresa a la inversión privada para que así tenga recursos para invertir. ¡Qué enorme falacia!
A quienes pregonan esto se les olvida o fingen olvidar que compartir las ganancias de Pemex con el capital privado, no sólo reducirá los ingresos y el gasto público del país, sino que estrechará más aún las posibilidades de inversión de la empresa. ¿Acaso no saben hacer cuentas?
Hay que poner fin al régimen fiscal de Pemex, para que esta empresa pueda reinvertir y consolidar su desarrollo. De otra manera estaremos re-matando la gallina de los huevos de oro.
§ Cuarta injusticia fiscal. Como siempre, se continúa cargando el mayor peso de la carga fiscal, sobre los sectores medios y los trabajadores, es decir, sobre el millón 400 mil empresas de todos los tamaños que no pueden acceder al régimen de consolidación fiscal; los 12 millones de personas físicas y los 23 millones 500 mil asalariados, que sí pagamos impuestos. Estos 36 millones 980 mil causantes, son quienes generan el 39.3 % del PIB y aportan el 58.2 % del gasto público del país.
Aun así, todavía se les quiere cargar el IVA en alimentos y medicinas. Los propios empresarios de estos ramos están rechazando esta medida por regresiva e inflacionaria.
En esta mala recaudación hacendaria tiene su origen la creciente desigualdad social que padecemos y que es caldo de cultivo para el fermento de la creciente inconformidad social.
Más que un IVA generalizado, necesitamos un nuevo modelo fiscal que haga efectivo el mandato constitucional que nos obliga a los mexicanos a “contribuir para los gastos públicos (…) de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”[5]
Cuando hablamos de que el Estado Mexicano recaba mal pero distribuye peor, nos referimos a que ya entró en crisis el sistema de coordinación fiscal que el gobierno federal ha impuesto a los estados y municipios, desde el siglo pasado. Ya no es posible que un solo poder de la Federación, el Ejecutivo federal, siga concentrando y ejerciendo la parte sustantiva de los recursos fiscales y que a los estados y municipios sólo les dejé la quinta parte.
La fórmula establecida en el artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, permite que el gobierno federal se quede con el 80% de la recaudación federal participable y que las entidades federativas sólo dispongan del 20% restante; porcentaje que a su vez tienen que compartir con los municipios en proporción similar, quedándose ellas con el 80% y entregándole a los municipios el 20 % restante. Lo cual en términos llanos implica que con esta fórmula el gobierno federal dispone como recursos propios del 80% de la recaudación federal participable, las 32 entidades federativas del 16% y a los 2456 municipios del país solo les toca el 4%.
Es importante decir, que desde la década de los 90´ a partir de la lucha por el federalismo fiscal, se ha logrado arrebatar al gobierno federal alrededor de un 8 por ciento adicional, mediante los diversos fondos que integran el Ramo 33.
Aun así, estos ingresos tributarios, que pueden ejercerse como propios, están por debajo de los que recaudaban las entidades federativas y los municipios en 1940, cuando los estados obtenían el 23.3% de ingresos propios y los municipios el 5.3%.
Además, los privilegios fiscales que gozan las empresas consolidadas y las mineras, constituyen una enorme sangría para los ingresos de los estados y municipios, porque son recursos que al dejar de ingresar a la recaudación federal participable, disminuyen directamente las participaciones de los estados y municipios y las aportaciones provenientes del Ramo General 33, lo que genera graves desequilibrios en el desarrollo regional.
Urge pasar a un nuevo sistema de coordinación fiscal y establecer una nueva fórmula de distribución de los ingresos presupuestarios para que el Presupuesto de Egresos de la Federación se distribuya de la siguiente manera: 20% directo para los 2456 municipios del país, 20 % para las 32 entidades federativas y 60% para el gobierno federal.
Las nuevas realidades del país así lo ameritan; los pueblos lo comienzan a reclamar.
[1] Ley del Impuesto Sobre la Renta. Consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf
[2] Ley de Ingresos de la Federación 2013. Consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2013.pdf
[3] Cámara Minera de México, Informe 2012. Consultar en: http://www.camimex.org.mx/files/7013/5409/1184/2012.pdf
[4] Ley General de Derechos, Capítulo XIII, Minería, Artículo 263; página 234. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
[5] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31. Consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
* “Financiamiento para el Desarrollo”. Ponencia que presenta Carlos Reyes Romero, asesor parlamentario del Congreso del Estado, en el Foro Estatal de Consulta “Guerrero” del Plan Nacional de Desarrollo, 2012-2018. Acapulco, Guerrero, marzo 14 de 2013.
