Criminalizar la pobreza empobrece al país hasta la miseria

“La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”, dijo el sacerdote salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, en la víspera de ser asesinado durante la celebración de una misa, en marzo de 1980, y su frase está vigente 35 años después, a miles de kilómetros de distancia, entre los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, a quienes se les criminaliza por ser pobres y participar en un movimiento social en demanda de mayor salario y mejores condiciones de vida.

Olga Alicia Aragón / A los Cuatro Vientos/ La Jornada Baja California

La criminalización de la pobreza es ya un problema tan grave, que incluso el Papa Francisco, en diciembre de 2014, hizo un llamado a las autoridades a no incurrir más en esta conducta estrechamente vinculada a la corrupción y a los malos gobiernos.

El jefe de la Iglesia Católica, dijo: “Cuando una sociedad ignora a los pobres, los persigue y los criminaliza, les obliga a unirse a la mafia. Esa sociedad se empobrece hasta la miseria”

En México, particularmente en Baja California, cada vez se criminaliza más no sólo la pobreza, también la protesta, dos fenómenos de carácter social en donde los cuerpos policiales actúan en contra de los ciudadanos como si estos fueran delincuentes, comentó al respecto Arturo Ruiz Contreras, ex subprocurador de Derechos Humanos en Ensenada.

Mejor morir de pie…

Bonifacio Martínez, uno de los dirigentes de este movimiento jornalero, describió el momento en que decidió “entregarse por completo” a esta lucha.

“Un día sentí en carne propia tanta injusticia, que ya no aguanté más”, dijo el jornalero al denunciar el modo en que los policías municipales, “con cualquier pretexto” detienen a los trabajadores, en su mayoría indígenas, justo el día en que cobran sus míseros salarios, para despojarlos del dinero.

“A mí me sucedió varias veces; pero una ocasión en que me detuvieron por aquí (en las inmediaciones de la colonia San Juan Copala, de la delegación Vicente Guerrero) y me resistí a entregarles el dinero, me dieron tremenda golpiza y me amenazaron con sembrarme droga para acusarme de narco. Tuve que darles todo lo que había ganado trabajando en el surco. Sentí mucho coraje, no me dejaron ni un peso para mi familia. ¡Hasta aquí!, me dije ese día, prefiero que me maten luchando por mis derechos laborales, por mis derechos humanos, a seguir viviendo tantas injusticias.”

Bonifacio Martínez, uno de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, describe una experiencia que se repite una y otra vez entre los jornaleros agrícolas. Ellos se acercan a los periodistas, son rostros y nombres diferentes, fechas y lugares parecidos, indígenas de las diferentes etnias presentes en el valle agrícola que denuncian los mismos hechos: detenciones ilegales y arbitrarias, golpizas, torturas cometidas por policías para despojarles de su dinero y de cualquier cosa que se les antoje, ya sea unos tenis nuevos o una bolsa de mandado.

En las ciudades, en las colonias populares especialmente, sucede igual.

Arturo Ruiz, quien subprocurador de Derechos Humanos en Ensenada, sostiene que los casos denunciados ante organismos derechohumanistas, no avanzan porque las personas agredidas terminan por desistir debido a la burocracia o al temor de carearse con los policías agresores.

“Criminalizar la pobreza es injusto y perverso, pues con el argumento de que visten de forma sospechosa y deambulan por las calles o tienen mala apariencia, los policías detienen a jóvenes, a migrantes y adultos desempleados, incluso a indigentes. Peor aún, a través de golpes, amenazas y tortura, los policías acercan a los pobres a los delincuentes al detenerlos en las mismas celdas en que estos se encuentran, o al involucrarlos para que se conviertan en informantes de la policía, señaló Ruiz Contreras.

Igual proceden contra mujeres que son o les parece que son prostitutas, contra homosexuales y transexuales.

Citando fuentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que la criminalización de la pobreza es un grave problema social, ya que en el país son más de 60 millones de pobres y en Baja California más de 100 mil personas sobreviven en condiciones de pobreza.

La criminalización de la protesta

 “La alteración del orden público”, es un argumento muy usado para reprimir a los manifestantes y criminalizar la protesta social o política.

Es tan común que así suceda, dijo Arturo Ruiz, que los ciudadanos ya ven normal que los policías preventivos se vistan como modernos gladiadores con sus equipos antimotines, tanquetas con cañones de agua y autos de asalto blindado, como el famoso “Tiburón”, el vehículo blindado antimotines de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que los  jornaleros agrícolas destruyeron , cuando a bordo de esta unidad los policías intentaron reprimir y hacer detenciones arbitrarias en domicilios particulares en la Colonia Lomas de San Ramón, en el valle de San Quintín.

El camión antimotines del gobierno estatal, después de su captura y destrucción por parte de jornaleros (Foto: Aristegui Noticias).

Los gobiernos municipales y el estatal destinan grandes recursos a la adquisición de equipos antimotines para reprimir las manifestantes y prevenir amotinamientos en las cárceles, “¿O acaso pretenden combatir al crimen organizado y a la delincuencia con estos equipos antimotines?”, agregó sarcástico

“Están previendo usar estos equipos en contra de manifestantes que protestan por distintos motivos de carácter reivindicativos, de índoles laboral, ambiental, social o político. Esto es grave –concluyó-, porque si criminalizamos la pobreza y criminalizamos la protesta muy mal destino tendrá nuestro país.

Abuso de poder y discriminación

 Manuel Guillén es un joven historiador, talentoso, de carácter pacífico pero de firmes convicciones. Es maestro de historia y prestigiado conferencista, sin embargo, por su peculiar modo de vestir ha sido objeto de varias agresiones policiacas.

Aquí su testimonio, en voz propia:

El abuso de poder y la discriminación son una mala combinación que sucede reiteradamente cuando los policías detienen a una persona por su simple apariencia. Para ellos, verse como “malviviente,” “vago,” “malandro,” “drogadicto,” “delincuente,” “cholo,” “graffitero,” “rockero” y otros tantos adjetivos es suficiente para detener  personas, agredirlas y someterlas a  interrogatorios de “rutina”.

Sueltan preguntas a rafagazos: ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Tienes una identificación? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué llevas en la mochila?

Cierta vez caminaba por el centro de Ensenada, en la avenida Juárez y Blancarte, era estudiante de la licenciatura en Historia en la (Universidad Autónoma de Baja California) UABC-Tijuana y venía de esa ciudad, traía una mochila con libros y ropa, de pronto tres policías municipales me cerraron el paso y me acribillaron a preguntas. Como no permití que revisaran mis cosas ni “pasaran báscula” en las bolsas de mi pantalón y en mi cartera, tampoco la odiosa revisión en brazos, costillas y piernas, ellos insistieron en que solo era una “revisión de rutina” y cuando argumenté que no tenían sustento legal para detenerme ni revisarme, se molestaron y pidieron refuerzos. En minutos yo estaba rodeado por seis policías y dos patrullas ¡Ni el peor de los delincuentes! Al final solo mostré mi credencial electoral y por fortuna varias personas que todo observaron dijeron que eran testigos de que no existía razón para que me detuvieran. Si esto hubiese sido en un sitio menos concurrido, mi suerte habría sido diferente.

Me interceptaron e intentaron detenerme por verme “sospechoso”. Por vestir de negro, usar cabello largo, una perforación en la nariz, traer una mochila y caminar por las calles de mi ciudad. Cuando defendí mis derechos, un policía me dijo “¿eso te enseñan en la escuela?” “Sí, los libros enseñan a pensar”, respondí.

Algo similar ocurrió en mi barrio Punta Banda, cuando regresaba de tomar fotografías en la playa. Eran como las ocho de la mañana. Una patrulla se paró y bajaron dos policías, vino el interrogatorio y quisieron revisarme. Una vecina que venía también de la playa les dijo que me conocía. Los policías contestaron que era una revisión de “rutina.” Todo terminó después de discusiones y tener que enseñarles mi credencial y abrir yo mismo mi mochila para mostrarles que no traía nada “malo”.

Los jóvenes en México y el resto del mundo siempre han sido víctimas de abusos por parte de los soldados y otras fuerzas del “orden” (Foto: internet)

Si estas son “operaciones de rutina”, quiere decir que rutinariamente, es decir, diariamente, comenten estos abusos, y en muchos casos son peores, pues hay extorsiones y golpes. Es así porque vivimos en una sociedad que juzga a las persona por su apariencia física y modo de vestir; la sociedad del “cómo te ven, te tratan”. Pero esta sociedad doblemoral olvida que los grandes delincuentes visten de saco y corbata, a esos no se les detiene, se les premia con una curul o la residencia de Los Pinos.

Afortunadamente siempre habremos personas libres que a pesar de estas adversidades vestiremos, pensaremos y actuaremos conforme a nuestro criterio. Necesitamos una sociedad que rechace la discriminación, donde mujeres y hombres no sean acosados y acusados por su apariencia y sus creencias.

Detenciones ilegales y arbitrarias

En Baja California, como sucede en todo el país, es común que policías de diversas corporaciones realicen registros, arrestos, traslados o incautaciones a causa de la discriminación por apariencia física y cultural de las personas. Este abuso de poder se realiza, frecuentemente, para cubrir cuotas estadísticas o con fines de extorsión.

Convierten así en “letra muerta” el artículo 16 Constitucional: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, expresó lo anterior y enfatizó que los agentes policíacos sólo podrán llevar a cabo la detención de personas en la vía pública o en propiedad privada basados en causa legal justificada, como flagrancia de delito o de falta administrativa, orden judicial u oficio de Agente del Ministerio Público expedido por urgencia administrativa, “anteponiendo siempre los derechos a la no discriminación, a la presunción de inocencia y al debido proceso”.

Toda detención ilegal o arbitraria, agregó, configura un delito penal. Da lugar al hábeas corpus – derecho de la persona que se encuentra detenida y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad-. Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden decretar que finalice.

La detención también es arbitraria cuando se realiza por simple sospecha. Las redadas igualmente son detenciones arbitrarias.