Consolidated Water demanda al gobierno mexicano por la cancelación de la desalinizadora en Rosarito. Exige mil 216 mdp

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La transnacional Consolidated Water Co. Ltd., que opera en los paraísos fiscales de las islas Caimán y Vírgenes, cumplió su amenaza de que demandaría al gobierno mexicano si Baja California cancelaba el proyecto de construcción de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito.

 

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto destacada: Imagen ilustrativa de una planta desalinizadora (BID Invest)

Ensenada, B.C., México, viernes 11 de febrero del 2022.- Ayer, la subsidiaria holandesa de la transnacional –Consolidated Water Coöperatief, U.A. (CW Coop)-, anunció que presentó una Solicitud de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para recuperar más de mil 216 millones de pesos del gobierno mexicano relacionados con su inversión en el proyecto de desalinización de agua de mar en Playas de Rosarito.

Al total de esa cifra millonaria, que se integra por más de 51 millones de dólares y 137 millones de pesos –el monto exacto se cuantificará durante el arbitraje internacional del CIADI, una institución del Banco Mundial con sede en Washington-, la transnacional suma el pago de honorarios, costos e intereses previos y posteriores a la adjudicación.

La disputa se refiere a las inversiones realizadas por CW Coop y sus subsidiarias mexicanas, N.S.C. Agua, S.A. de C.V. y Aguas de Rosarito, S.A.P.I. de C.V. (AdR), en el desarrollo de una planta de desalinización de agua de mar de 100 millones de galones por día, y los oleoductos que la acompañarían en un proyecto que se diseñó en el gobierno estatal del panista Francisco Vega de Lamadrid para suministrar agua potable a una región de México que continúa enfrentando escasez de agua.

Consolidated Water Coöperatief narra en un comunicado que, en agosto de 2016, AdR ejecutó un acuerdo de asociación público-privada (contrato APP) con varias entidades estatales mexicanas, incluido el Estado de Baja California, México, para el desarrollo, financiamiento, construcción y operación del Proyecto.

En junio de 2020, las Entidades Estatales rescindieron el Contrato APP por motivos disputados por CW Coop.

Al respecto, cabe recordar que fue hasta el 15 de julio del 2020 que el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez anunció que por inviabilidad financiera ocasionada por la elevación en la cotización peso-dólar, canceló el proyecto.

 

 

El proyecto (Cortesía).

 

Milton Rubio, entonces representante de AdR, respondió que de cancelarse la obra demandaría al gobierno de Baja California ante tribunales internacionales por un monto de 100 millones de dólares.

 

“Los demandaré por lo doble de lo invertido porque hay un contrato firmado”, dijo el empleado de la transnacional en una entrevista con la agencia informativa Apro.

Y resumió que el consorcio hizo inversiones por 50 millones de dólares tan solo en la compra del terreno, el pago del proyecto, la inversión en los derechos de vía, la elaboración del Manifiesto de Proyecto Ambiental, y otros elementos operativos y administrativos.

En agosto de 2020, AdR presentó una solicitud para el reembolso de los gastos e inversiones incurridos en relación con el Proyecto, de conformidad con el Contrato APP y la ley mexicana.

Para ello, Aguas de Rosarito presentó pruebas de las inversiones y gastos del Proyecto por más de 50 millones de dólares (mil 79 millones 160 mil pesos a cotización de este 11 de febrero de 2022), y más 137 millones de pesos.

Hasta la fecha no se ha realizado ningún reembolso a la subsidiaria mexicana de Consolidated Water Co. Ltd.

 

 

La ubicación del proyecto, a un lado de la planta de la CFE en Playas de Rosarito (Cortesía).

 

“Invertimos casi 60 millones en el Proyecto durante varios años, inversiones que estaban justificadas dada la decisión de las Entidades Estatales de otorgarnos el Contrato APP y la apremiante escasez de agua en Baja California, México”, comentó en el comunicado Rick McTaggart, CEO de Consolidated Water Co. Ltd. y Director de CW Coop.

Agregó que los motivos de esgrimió el gobierno morenista de Baja California para cancelar el proyecto  en junio de 2020, “no están legalmente respaldados. Aunque tenemos derecho, como mínimo, al reembolso de nuestros gastos e inversiones, después de más de 18 meses (en que) no nos han pagado”.

McTaggart agregó: “Continuaremos buscando vigorosamente todos los medios legales para obtener una compensación en beneficio de nuestros accionistas, y creemos que remitir esta disputa al CIADI es la forma más efectiva de hacerlo”.

El comunicado destaca que CW Coop tiene la intención de buscar “vigorosamente” la reparación buscada en el arbitraje, además de buscar todos los demás recursos legales y cursos de acción disponibles en virtud de los contratos operativos y la ley aplicable con respecto a sus derechos, daños, honorarios y gastos.

 

“La Compañía no puede proporcionar ninguna garantía de que CW Coop podrá obtener la reparación solicitada en el arbitraje, e incurrirá en gastos legales y de otro tipo relacionados con el mismo que podrían ser importantes para los resultados consolidados de las operaciones de la Compañía.”

 

Hasta las 9 de la mañana de hoy, ni el gobierno federal mexicano ni el de Baja California, gobernado ahora por la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, se han pronunciado sobre el tema.

 

NOTA DE CONTEXTO:

Francisco Vega hizo “licitación a modo” para que multinacional caribeña ganara la desalinizadora Rosarito – 4 vientos

 


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