Congreso de BC pide inmediata suspensión de actividades de ambientalistas en el Mar de Cortez
En respuesta al incidente en el que se vio implicada la embarcación “Farley Mowat” -de la Sociedad de Conservación Pastor del Mar (Sea Shephered Conservation Society) con sede en Estados Unidos-, en donde murió un pescador de San Felipe, el congreso local pedirá al gobierno federal que ordene “la inmediata suspensión de actividades” en el Alto Golfo de California y el Mar Interior Mexicano, de la organización ambientalista internacional no lucrativa que se fundó en Vancouver, Canadá, en junio de 1977.
4 Vientos / Foto principal: Las protestas de los pescadores en el Alto Golfo de California
Ensenada, B.C., México, miércoles 27 enero de 2021.- De igual forma pedirá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador:
1.- La cancelación del Convenio de Concertación que firmó en octubre del 2019 con Sea Shephered para que ésta sociedad realice actividades de vigilancia e inspección en al mar territorial del Golfo de California.
2.- Asegure ministerialmente al buque “Farley Mowat” y ordene el arraigo de su tripulación y capitán en el puerto de San Felipe –“para que no salgan del territorio nacional”– , en tanto se deslindan sus responsabilidades administrativas y penales por el accidente marítimo que el 31 de diciembre costó la vida al pescador Mario García Toledo.
3.- Que deslindadas las responsabilidades correspondientes y de proceder así, inicie los trámites legales a fin de lograr la indemnización a que se refiere el artículo 31 de la Ley Federal del Mar, en este caso aplicable a la sociedad ambientalista extranjera.
El acuerdo que presentó el legislador Juan Manuel Molina García y se aprobó de manera unánime por los diputados presentes hoy en la sesión del congreso, incluyó además una petición a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investiguen a fondo los hechos del 31 de diciembre “por tratarse de un delito perseguible de oficio, al ocurrir en el incidente la pérdida de una vida humana.”
Igualmente, exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a la legislatura una copia certificada del “Convenio de Concertación”, “Programa de Trabajo Aprobado”, “Reportes de Actividades” y demás documentos relacionados con la autorización y desarrollo de las actividades de Sea Shephered en las aguas del norte del Golfo de California y de la Zona Económica Exclusiva de México, “sin exclusión de documento alguno”.
Los diputados asimismo pedirán a las comisiones de Gobernación de los Congresos de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur para que, al igual que la Legislatura de Baja California, formulen y presenten una iniciativa de reforma al artículo 27 y relativos de la Constitución Política de México, para que se considere la totalidad de la extensión del Golfo de California como Aguas Interiores Mexicanas.
Ello para que tengan plena jurisdicción sobre las mismas “y pueda México ejercer en éste, de manera indiscutible, su Soberanía y así evitar situaciones de hecho y de derecho que afecten a los mexicanos.”
Los legisladores agregaron una propuesta para solicitar a la Semarnat que se incluya una comisión especial de legisladores de la XXIII Legislatura, a la reunión intergubernamental del próximo 25 de febrero con el tema de la problemática pesquera en San Felipe.
Apenas el pasado lunes 25 de enero, tres semanas después del incidente marítimo de ambientalistas con pescadores que costó la vida a uno de estos últimos, y a seis años de las primeras restricciones a la pesca en el Alto Golfo de San Felipe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que retrasaría una reunión con los afectados.
El acto tenía como objetivo para el gobierno federal el de abrir un diálogo con los pescadores de San Felipe inconformes con el trato que han recibido por parte del grupo ambientalista y del gobierno federal, con la creación del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California.
María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente, dijo en diciembre que estaría en San Felipe el lunes 25 de enero para presentar el plan de trabajo del gobierno y dar una solución definitiva al problema; sin embargo, ayer se canceló la reunión por la vigencia del semáforo epidemiológico rojo en Baja California y la salud misma de algunos de los miembros del grupo de sustentabilidad.
Los conflictos, siempre presentes
Además, el documento de cancelación determinó que la reunión se realizará el 25 de febrero en la ciudad de Mexicali y no en San Felipe, así como llevarla a efecto por medio de plataforma digital.
Antes, el 21 de enero, Sea Shepherd precisó que no tiene planes para retirarse del Alto Golfo de California y que solo ha reducido la cantidad de “capítulos” de la organización en tierra. Ello porque concentrará su actividad en la zona únicamente en operaciones marítimas.
Tamara Arenovich, coordinadora de comunicación del grupo ecologista, dijo en un comunicado que declaraciones de uno de los miembros del grupo se tergiversaron en los medios estatales y nacionales.
La versión sobre la salida de la organización ambientalista se dio luego de que uno de sus colaboradores en México realizó una publicación en la que daba a entender que Sea Shepherd se iba de México, sin embargo, solo se refería a las operaciones “en tierra” de la ONG, explicó la vocera.
Arenovich dijo que Sea Shepherd “se mantiene activo en México y trabajando con las autoridades mexicanas; nos mantenemos con el compromiso de proteger a la vaquita (marina)”.
El 20 de enero la senadora Nancy Sánchez Arredondo demandó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que no se permita a la ambientalista irse del país sin antes responder por el incidente violento en el que se vio involucrada una de sus embarcaciones que le costó la vida a un pescador y dejó a otro lesionado.
El conflicto, desde el buque ambientalista.
“Sea Shepherd no puede irse del país con impunidad. Debe responder ante la justicia mexicana. El pescador Mario García Toledo murió en el choque y Sergio Martínez Valdés está gravemente lesionado”, informó la legisladora a los comisionados.
También expresó su beneplácito por la salida del grupo estadounidense y pidió que las autoridades judiciales mantengan la investigación sobre una organización que por acuerdo con el actual gobierno y el de Enrique Peña Nieto, se dedica a labores de “vigilancia e inspección” en torno a la vaquita marina, una especie en peligro de extinción y cuya preservación tiene a los ambientalistas desde el 2015 en el poblado de San Felipe.
Otros legisladores –el diputado estatal Juan Manuel Molina y la senadora federal Alejandra León- han pedido en diferentes momentos que se esclarezca la relación que tiene el gobierno federal con la ONG, así como su pronto retiro de la zona.
Por su parte los pescadores afectados por las restricciones demandan que se deje de “criminalizar la pesca” en el Alto Golfo de California y luego de la colisión entre embarcaciones -que costó la vida de uno de sus compañeros el pasado 31 de diciembre-; su petición es que los ambientalistas extranjeros se retiren de la región.
El delegado federal especial en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, se limitó a decir que “no tenemos una postura” sobre el tema porque “es delicado”.
Y agregó: “Si en un acto donde hablamos de defender la soberanía… los sacamos, nos castigan con un embargo por el cabildeo (que) estas grandes corporaciones (ambientalistas hacen), y (entonces) la amenaza será para toda la pesquería (sic) del país… México no puede decidir unilateralmente la salida de Sea Shepherd” del país.