Confirma Derechos Humanos brutalidad policial contra jornaleros

Durante la irrupción de la Policía Estatal Preventiva con 25 a 30 patrullas pickup y una tanqueta blindada en las colonias Lomas de San Ramón y San Juan Copala, el pasado 9 de mayo, los policías no sólo dispararon cientos de balas de goma y lanzaron granadas de gases lacrimógenos contra jornaleros agrícolas y sus familias que se defendieron a pedradas,; la Comisión Estatal de Derechos Humanos también documentó el allanamiento de casas donde golpearon personas y dispararon armas de fuego.

Olga Aragón / A los Cuatro Vientos / Fotos: Roberto Armocida, La Jornada BC

Vicente Guerrero, Ensenada.- Alberto Jiménez Bautista, delegado en Vicente Guerrero de la CEDH, documentó casos de lesiones, abuso de autoridad, allanamiento de morada, daños en propiedad ajena y la evidencia de cartuchos de arma de fuego percutidos en las viviendas.

“En una propiedad fue agredida toda una familia; ahí encontré casquillos de balas calibre 9 mm, arma reglamentaria de la policía”, dijo Jiménez, quien documentó las brutal golpiza que propinaron a tres adultos y un menor de 14 años cuando trabajaban emplastando las paredes de su casa.

Los policías destruyeron puertas y ventanas de varias viviendas para ingresar sin orden de un juez. En esas casas, comentó, “pude ver manchas de sangre en paredes, pisos y escaleras, ropas ensangrentadas de jornaleros y cartuchos de balas de goma y casquillos de armas de fuego en el suelo”.

Hasta la fecha, investiga esos casos y acompaña a las personas a interponer denuncias penales. “La mayoría no quiere denunciar a los policías, tiene miedo a peores represalias y no confía en que se imparta justicia”, reveló.

Sin embargo, en las 36 horas posteriores a la agresión, en cinco casos los agraviados denunciaron a los agresores. Y el número de denunciantes crece.

Muchos acudieron a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por desconfianza en el entonces procurador de Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, dijeron voceros de la Alianza de Organizaciones.

En su mayoría, las denuncias se refieren a hechos que ocurrieron en Lomas de San Ramón, sección triqui, donde irrumpieron las unidades de la PEP como a las 5:30 de la mañana, para concluir cuatro horas después luego de extenderse a otras colonias (San Juan Copala, 13 de Mayo e incluso la Díaz Ordaz), con el saldo de más de 70 jornaleros heridos, el incendio de dos patrullas, daños a la tanqueta de asalto “el tiburón”, dos automóviles particulares destruidos y la estación de Policía de Vicente Guerrero incendiada.

¡Auxilio!

El 9 de mayo, el delegado de la CEDH recibió varias llamadas de auxilio. El profesor Javier Martínez, preocupado por lo que estaba sucediendo desde las cinco de la mañana y ante la magnitud de la violencia policiaca y la decisión de los jornaleros de enfrentarlos a pedradas, solicitó que la CEDH intercediera para que las autoridades no enviaran más unidades a esa zona, a fin de evitar nuevos enfrentamientos.

Todas las calles de San Juan Copala y Lomas de San Ramón estaban bloqueadas. Desde las siete de la mañana, hombres, mujeres y niños levantaron barricadas con piedras grandes para evitar nuevas incursiones policiacas.

Debido a esos bloqueos -dijo Jiménez-, me fue imposible atender las primeras llamadas de auxilio. A las 11:40 pude llegar a Lomas de San Ramón y ahí vi, en efecto, a hombres y mujeres con lesiones que iban desde profundas heridas en la cabeza causadas por toletazos, hasta escoriaciones y quemaduras en diversas partes del cuerpo por balas de goma.

La gente estaba indignada, observó, porque habían golpeado a sus familiares. Y juntaban más piedras para defenderse de la policía que, pensaban, llegaría con refuerzos de Ensenada, Mexicali y Tijuana. En las azoteas unos hombres vigilaban para dar la voz de alerta.

“Ante la gravedad de la situación, comuniqué a mis superiores que si la policía volvía a entrar a esas colonias, se provocaría una masacre. Y me fui a dar fe de los hechos”, dijo Alberto Jiménez.

Golpeados, ensangrentados

El abogado de la CEDH llegó primero a una casa en obra negra, en Chetumal 126. Los testimonios revelan que entraron ocho policías violentamente, a las ocho de la mañana, y golpearon a tres adultos y a un adolescente, familiares entre sí, que hacían mezcla para emplastar una pared.

– “Ahí encontré cuatro casquillos de armas de fuego, de 9 mm, arma reglamentaria de la policía, y cinco balas de goma detonadas adentro de la propiedad. Tomé fotografías de manchas de sangre en la pared, en una escalera de madera había mucha sangre. Y adentro, en un cuarto, vi a un menor muy lastimado, estaba dormido. No lo pude entrevistar en ese momento. El adolescente y tres adultos, José Luis, Mario y Luis, tenían golpes y heridas de balazos en la cabeza con balas de goma y en varias partes del cuerpo”.

También estaba Lucía. A ella no la golpearon. Es dueña de la propiedad y hermana de los adultos golpeados. Presentó denuncia por allanamiento de morada.

Los hombres y el adolescente entregaron certificados médicos para apoyar sus denuncias.

– “Esta familia comprendió la importancia de presentar certificados médicos antes de que desaparecieran las evidencias”. Y agregó Jiménez: “porque es nuestra responsabilidad como institución, yo los orienté en su denuncia ministerial por allanamiento de morada, abuso de autoridad y lesiones”.

Rompiendo puertas

Marina, una señora viuda, denunció el allanamiento de su casa con domicilio en calle Guaymas 220, donde un grupo de ocho a diez policías entro a la fuerza. “Perseguían a un joven al que le disparaban balas de goma en la calle. El muchacho buscó refugio en mi casa y yo lo protegí, estaba muy herido. Pero los policías rompieron mis ventanas y mi puerta, arrojaron granadas de gas lacrimógeno al interior de mi casa, entraron y golpearon al muchacho, le dispararon más balazos y se lo llevaron inconsciente”.

El representante de la CEDH respaldó la declaración de Marina con evidencias: restos de granadas estalladas, cartuchos de balas de goma y casquillos de armas de fuego disparados en su casa. Del joven conoció nombre y edad: Lorenzo Frutos Martínez, de 14 años, quien después sería liberado en Ensenada.

Jiménez dijo que muchas jornaleros fueron detenidos en sus domicilios sin imputarles ningún delito y allanando sus casas. A otros los agarraron en la calle, los golpearon, los subieron a las patrullas y luego les dejaron libres.

En la oficina de la CEDH entregaron una bolsa llena de cartuchos de balas de goma y de armas de fuego  que la gente recogió en las calles. “Desgraciadamente, no sabían la importancia de dejar la evidencia en el lugar”, dijo el abogado.

– ¿Qué originó, según su investigación, la irrupción de la policía?

“Según la versión oficial, un agricultor (dueño de Rancho Seco) reportó que un grupo de jornaleros pretendía quemar su rancho. Yo no vi evidencias de incendio. Pero considero que la policía debió quedarse a proteger esa propiedad, en vez de entrar a la colonia y meterse a las casas a golpear gente. Y me pregunto ¿qué hacía en Lomas de San Ramón, esa tanqueta de asalto? No resulta lógico el uso de un vehículo antimotines en la calle de una colonia donde la gente estaba en sus casas y, en todo caso, perseguían a unos jornaleros aislados que les habían arrojado piedras.

 “Por nuestra investigación, por la forma que se dieron los hechos, fue un operativo concebido para realizarse así. Algunos lesionados pueden identificar a los policías agresores, lograron filmarlos con celulares. Tengo en mi poder un video que confirma la versión de la gente de que todo empezó cuando tres policías de la patrulla 885 agarraron en la calle a un jornalero de la tercera edad, al que golpean brutalmente y los vecinos salen de sus casas a defenderlo. No fueron casos aislados, todos los policías actuaron igual, en grupos de siete u ocho”.

Fueron 25 a 30 patrullas de la PEP, cada una con cinco a seis policías de varias partes del estado. “Eso significa un operativo planeado”, agregó.

– ¿Se puede fincar responsabilidad a mandos superiores?

“Posiblemente sí, a jerarquías mayores, porque hay un jefe. Además, como policías reciben capacitación de derechos humanos, saben que no se deben cometer excesos de fuerza. Existe la Constitución”

– ¿Se violó un protocolo en uso de armas de fuego?

“Las armas se usan cuando la policía enfrenta a grupos armados. Cuando se trata de fuego contra fuego”.

– ¿Entre los jornaleros había gente armada?

“En lo que yo investigué no es así. En el caso de los albañiles, por ejemplo, no había justificación para irrumpir en una propiedad donde estaban trabajando, mucho menos dispararles balas de goma y encañonarlos con armas de fuego que dispararon al aire”.

“En cuanto a las balas de goma, son para dispersar tumultos. Aquí eran tres hombres trabajando con sus cucharas de albañil”, concluyó el abogado.

Todos los detenidos fueron golpeados por la policía y luego liberados en Ensenada sin cargo alguno.