Comisionados del SNTE, círculo de corrupción. En BC, normal e irregular el pago a maestros “aviadores”
La organización Mexicanos Primero, que dirige el empresario salinista Claudio X González, denunció este 12 de febrero el círculo de corrupción que ha permitido durante años a Elba Esther Gordillo tener una estructura de miles de comisionados pagados por el Estado mexicano, por la vía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que sirven a sus propósitos políticos.
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González anunció también una demanda de amparo que involucra no solamente al SNTE, sino a instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El recurso fue interpuesto ante la juez Segunda de Distrito en Materia Adminsitrativa, Ana Luisa Mendoza Vázquez, en contra de las acciones y omisiones por parte de las instancias antes mencionadas pues a través de ellos se logró pagar a los maestros comisionados por el SNTE.
Antonio Prida Peón del Valle, integrante del patronato de Mexicanos Primero, dijo que busca que se finquen responsabilidades a los funcionarios públicos que autorizaron los pagos de los salarios de los maestros con comisión sindical, que son ilegales.
Luis Manuel Pérez de Acha, socio fundador de Pérez de Acha Abogados, afirmó que pedirán sanciones económicas, inhabilitación, resarcimiento, además de responsabilidades penales por pagos ilegales, pues entregaron a la jueza pruebas que son informes de la Auditoria Superior de la Federación donde se documentan pagos que nos han tenido ni una sola consecuencia.
“La Auditoría debió fincar responsabilidades y no lo ha hecho”, sentenció, de acuerdo con el diario Reforma.
También indicó que con dicha demanda de amparo se busca que la Secretaría de Hacienda establezca controles para que los estados demuestren que los recuerdos se utilizan sólo para asuntos educativos.
“Es increíble que en pleno siglo 21 siga el despilfarro de recursos públicos que se desvían a los sindicatos, pues “los comisionados nos costaron 3 mil 149 millones de pesos en el 2010, estos recursos deben ser cubiertos por los sindicatos”, expresó Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero.
Durante la conferencia, David Calderón, Director de la organización explicó el círculo vicioso que involucra a las secretarías, así como a las secretarías e institutos de Educación en todos los estados de la República.
Falso que “comisionados” sean ilegales: SNTE
Por su parte Mireya Franco, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, sostuvo que es falso que la figura de comisionados sindicalizados sea ilegal, luego de que la agrupación Mexicanos Primero presentó un amparo por presunto desvío de recursos a favor de sindicatos, en perjuicio de la educación de niños y jóvenes.
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Mireya Franco sostuvo que la agrupación encabezada por Claudio X. González falta a la verdad cuando señala que existen más de 22 mil profesores comisionados, por lo que los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “le demandamos que compruebe sus dichos”.
Detalló también que los comisionados sindicales es una figura que avala una amplia gama de cosas, que incluye por ejemplo realizar labores sindicales o que, sin goce de sueldo, se pueda gozar de un permiso por un tiempo para realizar otra actividad, y que su lugar lo ocupe otro mentor.
También pasar de un puesto de maestro a uno de directivo y que alguien más ocupe el de profesor que quedó desocupado. Además, abundó, la figura de comisionado sindical está en el Artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado y se precisa ahí el derecho de los trabajadores para obtener una comisión sindical.
“Los comisionados sindicales son electos en nuestros Congresos, integran comisiones mixtas para atender las múltiples labores educativas, laborales y administrativas en todo el país y en ningún caso existe la posibilidad que incumplir la función asignada”, dijo
Consideró que Claudio X. González es un empresario conservador enemigo de lo público y del movimiento sindical. “Se le ha convertido en una obsesión su aspiración de debilitar a la organización sindical y además quiere apropiarse de la construcción de la agenda educativa de México y eso es claro”, agregó.
Ilegal, pagar con el erario a comisionados del SNTE: Auditoría de la Federación
El gobierno de Baja California mantiene la costumbre de cubrir el pago de sueldo a cuando menos 403 comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinaron, desde el año 2009, que esa práctica es ilegal.
Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos
Así, al gobierno que encabeza José Guadalupe Osuna Millán le corresponde afrontar las consecuencias legales de pagar con recursos públicos a representantes del influyente Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) en sus dos Sección: la 2 (federal) y la 37 (estatal).
Estos pagos los ha hecho con dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), recursos públicos que legalmente se deben aplicar en la cobertura de la operación de los servicios de educación básica y normal, y en los incrementos salariales de los trabajadores de la educación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión que en los últimos cinco años practicó a los recursos del FAEB, encontró un reiterativo mal uso, desvío e incorrecta aplicación de ese dinero en prácticamente todos los estados de la República.
De acuerdo con diversos reportes de la ASF al Congreso de la Unión, entre esos malos usos está:
1.- Pagar a empleados comisionados al SNTE.
2.- Sufragar conceptos no financiables con el FAEB.
3.- Transferir recursos a cuentas estatales y por eso se desconoce su aplicación.
4.- Pagar compensaciones o estímulos estatales no autorizados en contravención de la normatividad.
5.- Adjudicar compensaciones discrecionales a empleados, sin lineamientos, evaluaciones o comprobación de su entrega.
Estas constantes denuncias de la Auditoría provocaron que el 26 de febrero de 2009 Josefina Eugenia Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación Pública y ex precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, emitiera el Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones “para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos” del FAEB.
En la Sección II (“Del destino de los recursos del FAEB”), cláusula Cuarta, el Acuerdo claramente deja fuera del gasto del FAEB las siguientes actividades:
“I. Apoyos a secciones sindicales; II. Eventos públicos no educativos; III. Adquisición de vehículos destinados a personal de mando para uso no oficial; IV. Gastos de comunicación social no relacionados con el tema educativo; V. Plazas con funciones distintas a la educación básica y normal; VI. Pagos de dobles plazas en entidades federativas no colindantes”.
Asimismo en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 del Gobierno de Baja California, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la ASF denunció:
“(…) 15. Se realizaron de manera improcedente con el fondo, pagos a 193 trabajadores comisionados a las secciones sindicales (2 y 37) por un importe bruto de 71,457,100 de pesos.”
Agregó que el estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por un millón 14 mil 700 de pesos “e instruyó la acciones necesarias para evitar su recurrencia”.
GOBIERNO REINCIDENTE
Lo cierto es que el gobierno de Osuna Millán no evita la recurrencia de esa mala práctica. Por el contrario, en la “Relación de trabajadores comisionados en el Tercer Trimestre de 2011 y con financiamiento del FAEB”, A los Cuatro Vientos constató la continuación de la práctica irregular.
En la lista se ubica a más de 350 trabajadores del SNTE, varios de ellos familiares directos y con hasta 21 claves presupuestales diferentes, con tipos de comisión hechos por dictamen médico (75 de ellos), apoyo técnico pedagógico, a la representación sindical o en unidad administrativa dentro del sector educativo de la entidad (servidores públicos).
El monto de las percepciones de estos sindicalizados va de mil 321.94 pesos hasta 113 mil 387.63 pesos, que es el caso de Leonor Pacheco Palomares, comisionada en una unidad administrativa dentro del sector educativo de la entidad.
Los otros casos que rebasan los 100 mil pesos de percepción son los de Félix Antonio Pérez Jiménez, comisionado a la representación sindical como colegiado de formación sindical y orientación ideológica (111 mil 346.43 pesos), y de César Servando Peña Vázquez, comisionado también a la representación sindical en el área de escalafón de secundarias en Tijuana y coordinador estatal de diplomados.
La función específica de los comisionados es muy amplia y comprende, entre otras muchas asignaciones, apoyo educativo, asesor técnico pedagógico, colegiado de asuntos laborales en secundarias técnicas, patrimonio sindical, integrante de comité, coordinador de trabajo y conflictos en educación indígena, administrativo, escalafón de primarias, auxiliar de créditos, coordinador de crédito y vivienda.
De estos malos usos y costumbres ilegales, en agosto del año pasado el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Guillermo Bernal, manifestó que “los estados no pueden hacer lo que quieran con el FAEB, pues es un fondo restringido”.
Pero de inmediato agregó: “No hay manera de controlar el ejercicio de esos recursos por disposiciones federales ya que son recursos que los estados utilizan como propios. Lo más que se ha hecho ha sido regular, desde el Decreto de Presupuesto, algunas cosas que tienen que ver con el FAEB, pero estamos atrapados. Lo ideal sería que hubiera una ley que regulara específicamente las aportaciones federales, no solamente de educación”.
Para este año Baja California opera un FAEB estimado en ocho mil 94 millones 77 mil pesos. Se desconoce qué cantidad de ese dinero destinará al pago de los 403 comisionados del SNTE, cantidad que el magisterio considera “aún insuficiente” para cubrir las necesidades del gremio (A los Cuatro Vientos).