CNDH confirma: 4 Marinos de la Armada de México violaron derechos humanos del pescador Enrique “Kiki” García en San Felipe, B.C.

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) excedieron su fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, lo cual produjo lesiones graves, de carácter permanente, al pescador Enrique (“Kiki”) García Sández en hechos criminales ocurridos el 28 de marzo de 2019 en San Felipe, Baja California.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: La ira de la población de San Felipe tras la agresión al pescador “Kiki” García por parte de 4 marinos de la Armada de México (Archivo / Cortesía).

Ensenada, B.C., México, miércoles 21 de diciembre de 2022.- Esto lo determinó el pasado 30 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al presentar la Recomendación 235/2022 que resume su investigación de 44 meses en torno a la queja que familiares del pescador presentaron ante la institución, la cual concluyó que los cuatro marinos violaron el derecho humano a la integridad y seguridad personal de su víctima.

Por ello, la titular de la Comisión, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, recomendó al Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, hacer lo siguiente:

1.- Coadyuvar ampliamente con la Fiscalía General de la República (FGR) para que los cuatro marinos sean sancionados penalmente por los delitos que éstos cometieron en agravio de García Sández.

Esto en apoyo a la carpeta de investigación que el ministerio público federal abrió el 5 de abril de 2019 para deslindar responsabilidades de lo que ocurrió el 28 de marzo, en donde un menor de edad también fue herido de bala presuntamente por otros marinos cuando cientos de habitantes de San Felipe protestaron frente a las instalaciones de la SEMAR por la agresión a Enrique García.

2.- Colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de Enrique García, a quien la Comisión identifica como “V”, así como a otra persona afectada indirectamente por la agresión, señalada como “V1”, a través de la noticia de hechos que se realice a esa Comisión Ejecutiva con la Recomendación.

3.- Ordenar que se otorgue de manera gratuita, inmediata y en lugar accesible, la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requieran “V y V1”, derivado de la afectación ocasionada por las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a la Recomendación.

Ello deberá brindarse por personal especializado, de forma continua y consensuada, atendiendo a la edad y necesidades específicas de los afectados; así como proveerles de manera gratuita los medicamentos y dispositivos de apoyo y asistencia acordes con sus padecimientos, en caso de requerirlos.

4.- Establecer que en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la aceptación de la Recomendación, la realización de cursos sobre el Manual del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, específicamente sobre el uso legítimo de las armas de fuego, a todo el personal operativo de la Marina destacado en Baja California, incluidos los cuatro elementos agresores “en caso de que continúen prestando sus servicios en esa institución”, a fin de prevenir hechos similares a los que dieron origen al exhorto.

La maestra Piedra Ibarra destaca a lo largo de su texto que la participación de los marinos fue totalmente violatoria a la normatividad nacional e internacional en materia de respeto a los derechos humanos del pescador y quienes lo acompañaban al momento del incidente.

También deja evidencia, con la obtención y análisis de 30 documentos periciales, cómo se cometieron los agravios en contra las víctimas de los marinos quienes incluso mintieron al declarar que no dispararon directamente contra el vehículo en donde viajaba Enrique García, que entonces contaba con 36 años, sino “contra las llantas de la camioneta”.

Asimismo, deja en claro que tras la agresión a tiros contra García y sus acompañantes, los marinos huyeron del lugar sin prestar atención y ayuda al lesionado, quien recibió cuatro disparos –uno en un brazo, otro en una pierna y dos en la cabeza-, provocándo heridas que pusieron en peligro la vida del pescador y lo dejaron incapacitado de por vida.

Confirmó asimismo que tal y como lo narraron en su momento diversos testigos de los hechos, García Sández y otros pescadores fueron agredidos dos veces por los marinos sin que existiera un motivo, aun cuando la Secretaría de Marina emitió un comunicado en donde afirmó que sus elementos fueron agredidos primero por los pescadores y por eso usaron las armas.

De acuerdo a lo que decenas de pescadores de San Felipe narraron entonces a 4 Vientos y a otros medios de comunicación de Baja California, previo a esos hechos se dio un incidente en aguas del Mar de Cortez entre pescadores ribereños y los tripulantes de una embarcación de la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society que patrullaba para el gobierno mexicano la zona marina en busca de pescadores ilegales de totoaba, y proteger así a la vaquita marina, marsopa endémica en peligro de extinción.

Tras una persecución de los pescadores hecha en helicóptero por los ambientalistas estadounidenses hasta el puerto de San Felipe, los extranjeros informaron por radio a los elementos de la Armada mexicana destacados en tierra, que los presuntos pescadores ilícitos estaban subiendo sus lanchas en vehículos automotores de gente que los apoyaba.

Los efectos de la ira de la población de San Felipe contra la Marina-Armada de México (Cortesía).

Los testigos de Enrique García manifestaron que ellos recibieron llamadas telefónicas de sus compañeros pescadores para que los ayudaran a sacar las pangas del mar, que así lo hicieron sin saber nada de lo que había pasado con los ambientalistas, y que luego de ayudar se dirigían a sus hogares cuando fueron agredidos por los marinos.

La lesión a García, que inicialmente fue reportado por sus amigos como asesinato, generó un levantamiento multitudinario por parte de habitantes de San Felipe y decenas de ellos se dirigieron a la zona naval de San Felipe a protestar. Ahí hubo nuevos disparos contra la gente y la presunta lesión a un menor provocó la ira de la multitud que respondió incendiando vehículos y lanchas de la Marina.

Sunshine Antonio Rodríguez Peña, pescador y líder del gremio en San Felipe, intervino como mediador de la población con la Marina y logró un acuerdo que permitió hacer a un lado la violencia.

Días más tarde, Rodríguez y Enrique García Sández fueron acusados de operar en México lo que la Fiscalía General de la República (FGR), por presunta influencia de Carlos Loret de Mola –especialista en montajes periodísticos oficialistas-, llamó “El Cártel del Mar” que “se dedica al tráfico ilegal de buche de totoaba” al mercado asiático.

Rodríguez está preso en Hermosillo, Sonora, en espera de una audiencia para determinar su posible responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

“Kiki” García, como lo confirmó la CNDH en su Recomendación, sigue bajo investigación federal ya que el 25 de junio de 2020, la FGR inició en su contra una Carpeta de Investigación como probable responsable del delito de Delincuencia Organizada contra el Ambiente.

En la carpeta de la Causa Penal se informa que se giró orden de localización y aprehensión de García, la que fue cumplimentada el 11 de noviembre de 2020 decretándole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

El 23 de junio de 2021, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, ministerio federal que ahora se comprueba violó los derechos humanos de García Sández, inició una investigación de los hechos “la cual a la fecha del presente pronunciamiento -30 de noviembre del 2022- se encuentra en trámite”, concluye la Recomendación.

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