CLANDESTINO: Por debajo de la mesa…Despilfarro sin freno
Cuando bautizo este escrito: “Por debajo de la mesa”, no me estoy refiriendo a la famosa canción titulada así por el maestro Armando Manzanero y que la hizo célebre el cantante Luis Miguel, sino que me refiero al estudio que se dio a conocer este pasado 29 de mayo: “Dinero Bajo la Mesa”, coordinado por María Amparo Casar, Presidenta de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” y Luis Carlos Ugalde, Director General de “Integralia Consultores”, con el apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
Álvaro de Lachica y Bonilla/ A los 4 Vientos
Por cada peso que se gasta en las campañas electorales, hay 15 que se mueven debajo de la mesa y, de ese financiamiento, por cada 10 pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) detecta como gasto ilegal sólo se conoce el origen de 1.4, explica el reporte.
Es un secreto a voces que las campañas son muy caras, pero la verdad es que nunca nadie había hecho el esfuerzo de dibujar el descomunal tamaño del dinero ilegal, con todas y las imprecisiones que puede tener dicho estudio. Las campañas son como una economía del trueque porque en ellas se usan altos montos de efectivo y los gastos en las mismas no son medibles. La movilización del voto, la inhibición del mismo voto, la compra del voto, en ocasiones y el pago de cobertura informativa, son varias de las artimañas que se utilizan y de estas, buena parte se pagan en efectivo. Un gran número de los recursos ilegales que entran a las campañas, se destinan al “clientelismo”, es decir, a un ejército de personas que se dedican a convencer a los futuros electores a votar por un candidato en específico y a las dádivas que se otorgan a la gente que votará por ese candidato.
Existen tres mecanismos ilegales para fondear estos procesos electorales: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado, el cual es utilizado para proteger el negocio y, en muchas ocasiones, infiltrarse en el gobierno; sin embargo, en este reporte, sólo se basa en los dos primeros.
El dinero ilegal de una campaña política se gasta principalmente en el clientelismo electoral que tiene tres modalidades: uno es promover el voto casa por casa durante semanas o meses anteriores; la segunda son los intentos de compra de voto, que es dar despensas, beneficios materiales o dar incluso dinero, y la tercera es la inhibición del voto, que es más efectiva que las otras porque si yo te quito tu credencial y te ofrezco dos mil pesos, de lo que estoy seguro es que si tú eres de un partido, no vas a poder votar por ese partido.
Dinero bajo la mesa. Foto: Reforma/Internet
De lo perdido, lo encontrado, Integralia Consultores publicó hace unos días, una investigación que, con estimaciones del Banco de México, identifica que el flujo del dinero en efectivo previo a las elecciones federales de 2012 y 2015 aumentó significativamente –37 mil 374 millones y 28 mil 956 millones, respectivamente-. Los pasados meses de febrero y marzo del 2018, el país registró un aumento de 43.000 millones de pesos, que están en poder del público, según los registros del Banco de México. Para los observadores que vigilan los recursos públicos que usan los partidos políticos en México, existe una correlación entre el dinero que circula en el país con las campañas electorales.
Por procesos electorales recientes, se tiene la experiencia de que es en julio y agosto cuando se presentan más denuncias por conductas relacionadas con clientelismo electoral, justo tras la celebración de los comicios y al iniciarse el periodo de impugnaciones.
La corrupción empieza en las campañas electorales, en las componendas entre partidos políticos y gobiernos para desviar recursos, en empresarios que financian campañas a cambio de contratos en el ejercicio gubernamental, o en los propios grupos de interés o delincuenciales, que para posicionarse en diferentes órdenes de gobierno enfrentados a procesos electorales, lo que hacen es invertir recursos en las campañas.
La cifra negra de los recursos que algunos de los partidos y candidatos reciben y que no se sabe ni cuánto ni de dónde provienen, nos enteramos por denuncias en los medios de comunicación (no todos). El simple recuento de notas periodísticas publicadas en diarios de circulación nacional y portales electrónicos da un bosquejo de lo que podría ser un mapa de cómo los gobernadores de diferentes partidos, habrían desviado recursos por un monto de hasta $258,829 millones durante el presente sexenio.
¿Qué podríamos hacer? Después de casi 20 años de competencia electoral efectiva y múltiples leyes creadas y reformadas para combatir el desvío de recursos públicos e impedir la entrada ilegal de dinero de origen desconocido a las campañas electorales; trabajos como este, que surgen de la sociedad organizada, nos obliga a confiar en que los esfuerzos de la ciudadanía detonarán cambios en muchos espacios ganados por la corrupción y la impunidad, entre ellos el de la corrosiva influencia del dinero en efectivo en los procesos electorales.
