CLANDESTINO: Derechos contra derechos

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Hace dos semanas aproximadamente, el Senado de la República aprobó la Objeción de Conciencia para médicos y enfermeras. Con el voto de 53 senadores a favor, 15 en contra y una abstención, se ratificó la minuta aprobada en la Cámara de Diputados en octubre del año pasado. De acuerdo con el dictamen aprobado: permite a médicos y enfermeras negarse a ofrecer servicios de salud que vayan en contra de sus creencias personales o consideren éticamente incorrectos como el aborto, la anticoncepción de emergencia o la eutanasia. La aprobación ha sido duramente criticada por mismos senadores de partidos de izquierda, además de ONGS, pues acusan que ésta atenta contra el estado laico y el derecho de las mujeres a decidir, además de ser impulsada por grupos conservadores y con fines electorales.

Álvaro de Lachica y Bonilla/ A los 4 Vientos

Como  médico, entiendo que este derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, afecta directamente  a los derechos de los grupos más propensos a sufrir discriminación por género (mujeres), edad (niños, adolescentes y adultos mayores), raza (indígenas), discapacidad, situación socioeconómica o preferencias sexuales (LGBTTTQI). La objeción de conciencia no sólo deja sin tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual, negando el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia o a la terminación voluntaria del embarazo por violación, sino que puede invocarse en todo lo que tiene que ver con la reproducción humana: negarse a llevar a cabo la esterilización, la anticoncepción y la reproducción asistida.

Senadoras, candidatas a cargos de elección y feministas, demandaron a Enrique Peña Nieto que ejerza su facultad de veto y devuelva a la Cámara de Diputados y al Senado el decreto por el que se reformó el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que establece la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería.

Los grupos feministas, mencionaron que la ley protege el derecho de objeción de conciencia pero este principio no se puede regular específicamente, toda vez que se trata de un concepto subjetivo que únicamente el profesional de la salud que lo ejerce, sabe y atiende, por lo que, menciona el documento, pretender exceder su influencia queda fuera de una decisión ética aceptable.

La objeción de conciencia pudiera poner en riesgo la investigación científica, en temas como el uso de células troncales embrionarias, sobre la genética humana, las vacunas, etc.

Asimismo, la objeción de conciencia permitiría al personal médico, por ejemplo, negarse a aceptar la suspensión del apoyo vital cuando se ha decretado la muerte por criterios cerebrales, e incluso, pudiera permitir  a médicos no firmar diagnósticos de esta naturaleza, aun cuando tienen en sus manos análisis clínicos que confirman dicha muerte. También podría negarse a cumplir la voluntad anticipada y que permite a las personas manifestar por escrito, que no desean continuar con tratamientos médicos invasivos, una vez que se ha diagnosticado una enfermedad terminal o muerte cerebral. 

Un aspecto sumamente grave, es que las instituciones federales de atención a la salud se han negado a cumplir la voluntad anticipada, argumentando que es una prerrogativa local y no federal, con lo que en los hechos ejercen una “objeción de conciencia” institucionalizada.

Si bien sería injusto que el Estado obligara a su personal de Salud  a actuar en contra de sus principios, tampoco, por esta razón, puede desconocerse el derecho que tienen otros seres humanos a decidir sobre cuestiones propias. No obstante, podría argumentarse que, en toda sociedad democrática, el derecho a negarse a realizar actos que atenten, de manera grave, contra convicciones éticas personales debería ser respetado. Tal respeto cobra mayor urgencia en nuestras sociedades modernas y pluralistas, en las cuales la posible incompatibilidad entre las normas jurídicas y las creencias personales puede presentarse con mucha mayor frecuencia.

Un estado laico debe actuar considerando que existen derechos humanos básicos como el de la salud, al que debe acceder toda persona y que no pueden ponerse en riesgo por prerrogativas que involucran a grupos específicos, en este caso muy conservadores. La minuta aprobada por el Senado parece que no midió las implicaciones para la salud de las y los mexicanos que tiene  una reforma regresiva como ésta.

 

 

 

 

 

 

 


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