Ciudadanía chihuahuense en lucha y justicia federal.

Y sin embargo se mueven. A pesar de la ausencia de la división de poderes y de la sumisión de éstos al Ejecutivo, diversos grupos y personas de la sociedad civil chihuahuense han emprendido significativas luchas y han obtenido el amparo de la justicia federal para sus demandas. Y van por más.

Víctor M. Quintana S./ A los Cuatro Vientos

Lo más reciente es el triunfo de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique en la Sierra Tarahumara. Lograron el amparo de la justicia federal para “suspender de plano” las obras del Aeropuerto Regional de Creel,  hasta “…en tanto, se resuelva la controversia interpuesta por la comunidad rarámuri en contra del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado y las afectaciones de las que han sido objeto a consecuencia de las obras de construcción referidas.” Hay que decir que dichas obras interfieren los caminos de los niños de la comunidad hacia su escuela y el recorrido ritual de la comunidad.

Este amparo se viene a sumar a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (marzo del 2012) a favor de la comunidad indígena de Huitosachi, Municipio de Urique, que obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el Consejo consultivo Barrancas del Cobre como lo establece el decreto que dio origen al Fideicomiso del mismo nombre.

 También se suma el fallo en segunda instancia a favor de la misma comunidad en contra de Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y de los hermanos Andrés Arturo y Jaime Federico Elías Madero, otorgado por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante la cual se resuelve que los rarámuri ahora serán legalmente los legítimos propietarios de las tierras localizadas en ese lugar (2009-2014).

Indígenas y mestizos con los asesores de Contec

 El Gobierno del Estado, además de no haber ejecutado aun la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ha reaccionado con furia ante la detención de las obras del Aeropuerto de Creel. Ha enderezado sus diatribas contra las comunidades indígenas y contra la organización que los asesora: CONTEC, Asesoría Técnica Comunitaria. Contra ésta, la Secretaría de Economía estatal ha promovido una auditoría fiscal a la de ya.

 Por otro lado, una y otra vez ataca a esta organización y a las comunidades porque “defienden intereses extranjeros”…El gobierno puede apoyar en todo a las trasnacionales; a las compañías mineras que depredan la Sierra Tarahumara y contaminan las fuentes del río Yaqui.  Puede favorecer el establecimiento de más maquiladoras sin exigirles que eleven las condiciones de vida de los trabajadores. Impulsar el fracking en la frontera este y noreste del estado para que las trasnacionales vengan a acabarse la poco agua que resta y a arrasar el desierto…pero que a una comunidad indígena y una organización gubernamental que la apoya, o a una organización civil de defensa de los derechos humanos no se le ocurra recibir un dólar de la cooperación internacional porque entonces súbitamente le brota el celo nacionalista.

Lic. Rodolfo Leyva logró histórica sentencia de la SCJN, aún así fue rechazado por el congreso local.

No sólo son las comunidades indígenas quienes han logrado importantes resolutivos de la justicia federal. En noviembre de 2012 el Congreso del Estado realizó los nombramientos de dos consejeras propietarias y siete suplentes al Instituto Chihuahuense de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, el ICHITAIP, atendiendo seguramente a los dictados del Ejecutivo del Estado y de su partido. Pero el contendiente que más alta calificación obtuvo en el examen de conocimientos y competencias, el Lic. Rodolfo Leyva se inconformó y en enero pasado logró que un juez de distrito le otorgara el amparo de la justicia federal.

En sus alegatos Leyva mostró que las dos consejeras designadas por el Congreso habían obtenido calificaciones mucho menores a la de él e incluso una salió reprobada. Basado en parte en esto y en lo atropellado del proceso, el mandato del juez fue claro: el Congreso debería  destituirlas y volver a realizar el proceso de elección de los dos propietarios y los siete suplentes a más tardar el 28 de marzo pasado, pero además, cada diputado o diputada debe razonar por qué opta por tal o cual candidato de los veinte finalistas de la elección de 2012 donde figura por supuesto, el Lic. Leyva.

Antes, un esforzado grupo de maestros y maestras del CONALEP Chihuahua, lograron también el amparo de la justicia federal para constituir un sindicato independiente. Timorato, el gobierno reaccionó contra este sindicato despojado de su plaza a once de los trece dirigentes locales del nuevo sindicato…pero la lucha sigue.

Lamentable y lastimero se ha visto el congreso chihuahuense. Su tardanza en elegir los nuevos consejeros o consejeras  ha sido directamente proporcional a la premura en aprobar la reforma constitucional en materia energética que efectuó en 48 horas, atropellando todos los procedimientos legislativos en diciembre pasado. Destituyó a las consejeras porque no le quedaba otra, pero el coordinador priísta tuvo que ir a suplicarle al juez le otorgara una prórroga que venció el 11 de abril para designar a los nuevos consejeros y consejeras.

El viernes 10 en una maratónica sesión de doce horas,  la mayoría priísta y sus aliados votaron exactamente igual que sus antecesores en noviembre de 2012, dejando fuera a las personas más calificadas e independientes. Eligieron de nuevo como propietarias a las ciudadanas Alma Rosa Armendáriz Sigala y María Nancy Martínez Cuevas. Según ellos fundamentaron por qué no votaron por el Lic. Leyva, primer lugar en el examen de conocimientos. Pero no podrán motivar y fundamentar su voto por repetir los errores de la LXIII Legislatura. No faltará quien esgrima el “argumento de autoridad”, es decir, que votaron así “Porque el gobernador les dijo”.  Estamos entonces asistiendo a la posibilidad real de que al menos 22 diputados sean destituidos y enviados a prisión por desacato a la orden de un juez.

Lic. Irma Villanueva, abogada defensora de derechos humanos.

El sometimiento de la mayoría priísta y sus aliados se volvió a hacer evidente el viernes por la tarde al reelegir al actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Volvieron a pasar sobre la sociedad civil organizada, que, por las victorias legales antes reseñadas, diversas organizaciones sociales de Chihuahua presentaron la candidatura de la Lic. Irma Villanueva, competente y honesta abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres para la presidencia de la CEDH. Irma logró los votos de la dignidad de algunas y algunos legisladores del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT e incluso uno del PRI.

Sin embargo, el camino ya está marcado por los triunfos de las comunidades indígenas, del CONALEP, y del Lic. Leyva: si las mayorías automáticas y autómatas del congreso no escuchan la voz de la sociedad organizada, habrá de nuevo recurso a la justicia federal. Sólo así podrá avanzar nuestra coja democracia.

 *Víctor Quintana Silveyra. Doctor en Sociología. Presidente del Comité Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Chihuahua.