“Chingaderas” es todo el modelo neoliberal, no sólo un pedacito.
La Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) fue promulgada a nivel federal el 15 de enero de 2012, siendo presidente del país Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Martha Elvia García G./ A los Vientos
En Baja California la primera ley de este tipo se llamó Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California, se promulgó el 30 de octubre de 2009, siendo gobernador José Guadalupe Osuna Millán; y el 19 de agosto de 2014 esa ley se abrogó al promulgarse la vigente Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California, bajo la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Estas instituciones surgieron, como puede apreciarse, antes que en el ámbito federal, en las entidades federativas. La primera se promulgó en el estado de Oaxaca, en 2006. Desde luego estas leyes requirieron reformas en las constituciones estatales y en la Constitución nacional.
Ya se ha explicado que la inversión privada a corto, mediano y largo plazos en las obras públicas, obviamente no nace con las APPs. El capital privado había estado siempre presente de manera más o menos complementaria en la inversión pública del Estado mexicano, mediante diversos tipos de concesiones y bajo la regulación de varios instrumentos jurídicos. Desde luego, jamás exenta de la corrupción.
Privatiazación de empresas estratégicas en México. Imagen: Economía hoy
Pero las (actuales) leyes de APP impuestas y aplicadas por los gobiernos neoliberales no funcionan bajo el criterio de que el capital privado sea sólo complementario de la inversión estatal, sino que, de acuerdo al modelo neoliberal, el Estado es visto como una gran empresa que le asegura la acumulación de capital a la oligarquía, de manera que el Estado en manos de la burguesía nacional y extranjera previamente tuvo que desnacionalizar o privatizar toda su economía, y no sólo eso, sino que -también de acuerdo al modelo neoliberal- está siempre lista para salvar o rescatar los capitales privados que caigan en quiebra o bancarrota, sobre todo socorrerlos en las épocas de “crisis”, como ya sucedió con la banca privada y diversas empresas en México. De esta forma se garantizan las permanentes ganancias y se elimina el peligro de las pérdidas. Para tales jugosos e inmorales negocios privados existe el Estado en manos de los neoliberales, no para salvar al pueblo de la pobreza y todas sus desgracias sociales inherentes.
Las APPs son una expresión superestructural (en este caso del Derecho) de un Estado absolutamente opresor, un Estado capitalista que ha profundizado su dominio clasista y que lo ha institucionalizado cada vez más; un Estado del llamado capitalismo salvaje o del eufemísticamente “libre mercado” o neoliberalismo, que prácticamente suprimió los derechos del pueblo y la nación, que en primer lugar prohibió las huelgas y los sindicatos de la clase trabajadora. Que privatizó o entregó a los monopolios privados domésticos y extranjeros todos los recursos naturales y los medios de producción y cambio, así como los servicios públicos de la educación y la cultura, todo lo cual lo va configurando como un Estado corporativo del capitalismo dependiente.
Si partimos de la definición marxista de Estado, la cual establece que “el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases”; es decir, si partimos del hecho de que el Estado es, como lo dice Lenin, “producto de la inconciliabilidad de las contradicciones de clase… una fuerza situada por encima de la sociedad … que se divorcia más y más de la sociedad “ , una conclusión válida de nuestro razonamiento es que nos encontramos ante un Estado que provoca inevitablemente la profundización de la lucha de clases. Esto sucede porque el capitalismo ya en su etapa de decrepitud, para prolongar su existencia (como sistema o modo de producción) se ha dado la solución de agudizar cada vez más a niveles de abierta deshumanización la explotación de la clase trabajadora, la mercantilización y la sobreexplotación de los recursos naturales en el mundo, poniendo en peligro, inclusive, las condiciones propias para la vida en nuestro planeta.
Pero, hay que tener muy claro que las leyes de APPs son, al final del día, sólo una alternativa, una opción de gobierno. Es decir, un gobierno justo y honesto podría no utilizar esta herramienta legal, o bien, hacerlo con las limitaciones y la ética necesarias para que el Estado no acentúe su carácter de instrumento opresor.
Las marchas contra la reforma energética se multiplicaron en todo el país, pero se impuso la alianza partidista del Pacto por México y con el acuerdo ñegislativo del PRI y del PAN el Congreso de la Unión aprobó esta reforma privatizadora de la industria energética nacional
Eso mismo no sucede con otras leyes, que no son opcionales, como es el caso de las llamadas reformas estructurales, por ejemplo, los ingresos del petróleo nacionalizado como lo teníamos en México desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, ya no existen, gracias a la reforma energética ahora la riqueza de este recurso le pertenece al capital trasnacional y a la oligarquía local; de manera que el Estado mexicano ya no cuenta con ese gran soporte financiero para el desarrollo nacional.
La inexistencia de los cuantiosos recursos económicos provenientes del petróleo nacionalizado que hacen explicable todo el desarrollo económico y social del México post-revolucionario, hoy por hoy no es cosa opcional para el gobierno, sino que es así y no podrá ser diferente salvo que un nuevo gobierno -no neoliberal- del lado del pueblo lleve a cabo una profunda reforma constitucional y legal en esta materia, para rescatarlos.
El problema, pues, no es tan simple como combatir solamente una ley, por emblemática que sea.
El plan. Cartón de Rafael Barajas, “El Fisgón”
Ya lo dijimos, se trata de todo un conjunto de leyes y políticas neoliberales que agudizan la opresión de la clase social dominante; se trata de un Derecho positivo diferente y de una concepción de Estado diferente, no nuevos desde el punto de vista progresista, sino nuevos desde el punto de vista del nivel de desarrollo actual del sistema capitalista mundial para el caso de los países que, como el nuestro, no alcanzaron ni podrán alcanzar ya el máximo nivel de dicho desarrollo, que es el capitalismo imperialista, y cuyos gobiernos (neoliberales) políticamente renuncian, como el de México desde 1982, al derecho de sus pueblos y naciones al desarrollo independiente y soberano y se prestan a convertirlos en colonias del capitalismo imperialista cuyo saqueo y explotación, como ya se dijo, asegura la permanencia del sistema capitalista y del imperialismo en el mundo.
Durante el proceso privatizador de los bienes nacionales y derechos del pueblo, antes citados, en plenas batallas nacionales contra la imposición de cada una de las llamadas “reformas estructurales” varios grupos de mexicanos dimos la pelea en la medida de nuestras capacidades. Estuvimos como magisterio y como trabajadores en general, luchando; primero contra la infame reforma de seguridad social que privatizó los servicios de salud y los sistemas pensionarios, y después, contra la tiranía de una reforma laboral que descaradamente arrebató los derechos de la clase trabajadora y convirtió al Estado en su látigo. Sin sentir lo duro sino lo tupido, también combatimos la retrógrada reforma educativa que privatizó la educación… etc., etc. Pero le dedico un punto especial a la llamada reforma energética.
Es inenarrable todo lo que vivimos en el país entero, no sólo en Baja California, con la lucha intensa y desigual para combatir la criminal, traidora, apátrida y antihistórica contrarreforma energética.
Personalmente pienso que quizás se le pueda perdonar a esa pequeña burguesía de dizque ciudadanos conscientes, beneficiaria del Estado de bienestar social destruido por los neoliberales, que no haya levantado la voz contra cualquier reforma neoliberal de las que ya México es víctima; pero es a todas luces condenable e imperdonable su silencio cómplice, cómodo y cobarde ante la reforma energética neoliberal.
A propósito, un representante del grupo “Mexicali Consciente” que le ha dado al “Mexicali Resiste” la banderita de “la abrogación de la Ley de APP para Baja California”, recientemente ha calificado a dicha ley como “chingaderas”, por cierto, aportando una explicación lingüística de este término.
Los movimientos Mexicali Resiste y Mexicali Consciente impulsan la iniciativa para abrogar la Ley de Asociaciones Públicas Privadas (APPs), consideran que es un instrumento financiero inconstitucional que permite al gobierno de Francisco Vega entregar contratos multimillonarios a empresas privadas que intervienen en áreas estratégicas de la economía e incluso en la prestación de servicios públicos, endeudando al estado por varias décadas
Es extraño, por decirlo elegantemente, combatir una ley de manera aislada o antidialéctica, desvinculándola de su entramado ideológico y político y del contexto nacional e inclusive internacional. Además, resulta muy curioso que a estas alturas del avanzado proceso de neocolonización y descomposición social provocadas por el neoliberalismo en Baja California y todo el país, conmueva a tal grado sólo la existencia de una norma de la legislatura local, que si bien es nefasta como parte del paquete de reformas recomendado por los centros financieros internacionales, finalmente se trata -insisto- de una ley que puede o no ser aplicada, de una alternativa para los gobiernos.
Es lamentable que de manera algo desfasada produzca tanto impacto en un grupo y particularmente en un distinguido político y académico esa ley que, siendo despreciable, en realidad no es peligrosa en sí misma sino en virtud del gobierno que la tenga en sus manos y, desde luego, del infame conjunto de bienes nacionales ya privatizados que la potencian. Por ejemplo, de las AFORE, dado la reforma en seguridad social; de las ya posibles monstruosas y mega-millonarias contrataciones y concesiones en materia petrolera y de electricidad, al extranjero y la oligarquía del país, gracias a la contrarreforma energética; del naciente monopolio de las escuelas privadas en detrimento de la escuela pública y del pueblo trabajador, como consecuencia de la reforma “educativa”; de la pérdida del derecho a la educación superior sostenida por el Estado, en razón de la reforma de Salinas de Gortari al 3º. Constitucional; de la pérdida de los derechos humanos y la riqueza minera por las hoy constitucionales concesiones en minería a las trasnacionales canadienses y estadounidenses, a causa de las reformas energética y laboral; de la entrega de la tierra cultivable y los mejores recursos hídricos a los nuevos latifundios extranjeros y a la industria trasnacional, por la desaparición del ejido, que le debemos a la contrarreforma de Salinas de Gortari al Art. 27 Constitucional y la “nueva” Ley Agraria; … en fin, de la entrega del Estado mexicano al gran mercado.
Qué pena, pues, que se haga abstracción de la colosal desgracia y destrucción que han provocado los neoliberales, lidereados por el PRI, PAN y PRD, y asociados. Qué pena la miopía política que sólo permite ver un pedacito, que impide ver hasta el fondo y distinguir las verdaderas y sustanciales “chingaderas”, incluída la política de criminalización social y represión policiaca y militar que las ha hecho posibles.
Es lamentable que la Ley de APPs para Baja California le merezca a un grupo político una tardía lucha especial, y a un político y académico destacado de ese grupo, le merezca la sentida conclusión de que son “chingaderas” cuando en su momento no le parecieran lo mismo -al menos públicamente- cada una de las contrarreformas, ni se vea que hoy le parezca toda la canallada neoliberal que se le impuso al país entero, e igual deriva lamentable que hasta la fecha este ciudadano no haya públicamente acusado de “chingaderas” el abominable crimen de estado que incuestionablemente es el cometido contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sólo por mencionar un caso de la brutal represión aparejada a todas las reformas jurídicas neoliberales de los gobiernos que las impusieron.
“Todos contra las reformas” Marchas contra el gasolinazo en enero de 2017, Ensenada, Baja California. Foto: Edgar Lima
Por otra parte resulta muy extraño que una alienada Rectoría universitaria (sumisa al gobierno y cautiva de la fantasía neoliberal); y el sometido y corrupto Congreso del Estado, que se encerró a cal y canto y se blindó con la policía ante la protesta popular, y cuan vulgar banda de ladrones a la media noche aprobó en escasos minutos, en cada ocasión, todas las contrarreformas constitucionales neoliberales; ahora, ambas instituciones, Rectoría de UABC y Congreso del Estado, abran sus puertas para “debatir”, por “todo el tiempo que sea necesario”, sólo un aislado pedacito del “veneno neoliberal”, que repentinamente se pretende imponer como la mayor preocupación social del momento, al grado de considerar que con su abrogación se resuelven la corrupción y el mal gobierno en Baja California.
Martha Elvia García. Profesora de educación básica, jubilada y abogada. Militante por el socialismo.