Chiapas y BC, los estados donde trabaja el omnipresente Amador Rodríguez Lozano
El Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, tiene tiempo para atender los asuntos propios de su cargo en el estado norteño y al mismo tiempo dar respuesta a las demandas administrativas, académicas y políticas del Instituto de Administración Pública (IAP) de Chiapas.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Ensenada, B.C., a 5 de noviembre 2019.- Esto porque hasta este martes 5 de noviembre ocupa la titularidad de ambas dependencias, sin importar que entre ellas existan 3 mil 425 kilómetros de distancia.
La Secretaría General de Gobierno se ubica en Mexicali, capital de Baja California, y la preside desde el pasado 1 de noviembre. La segunda tiene su sede en la también capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la dirige desde el 9 de julio del año pasado por designación directa de Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas y actual Senador de la República.
Como Secretario de Gobierno, de acuerdo con el Reglamento Interno de la dependencia estatal, es responsable del resultado que brinden las 26 dependencias adheridas al organismo público, así como atender y cumplir las 34 facultades y obligaciones que la norma le otorga como responsable del despacho.
Entre ellas las de conducir las relaciones que correspondan al ejecutivo con los otros poderes de la entidad, los ayuntamientos, los poderes federales y los de las demás entidades del país; como vigilar la marcha general de la administración pública de Baja California, y presentar ante el congreso local las iniciativas de ley o decretos que suscriba el gobernador.
Por este trabajo percibirá, a partir del pasado viernes 1 de noviembre, un sueldo mensual de 90 mil pesos –es lo que cobraba su antecesor, el panista Francisco Rueda Gómez, según la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental-, aunque podrá beneficiarse con otros estímulos, bonos, primas, apoyos y prestaciones económicas deficientemente identificadas en el portal de transparencia del gobierno estatal.
Amador Rodríguez y Jaime Bonilla (Foto: Facebook)
Pero sus responsabilidades en el instituto chiapaneco de Administración Pública no son menores. Las define así el portal en internet del IAP, en donde hasta este día se le identifica como Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil:
“Contribuir al fortalecimiento de la administración y la gestión pública en el estado de Chiapas, a través de la impartición del conocimiento de las mejores prácticas y experiencias a nivel nacional e internacional en administración pública, para la profesionalización y capacitación continua de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como con la realización de investigación, consultoría y difusión del desarrollo de las ciencias administrativas, en beneficio de la sociedad.”
Si bien se trata de una asociación civil, el gobierno de Chiapas estrega un subsidio al Instituto para que cubra nómina y programas a través del Programa de Desarrollo Institucional y Municipal del estado sureño.
Del monto que el Instituto percibe del gobierno, del sueldo que Amador Rodríguez recibe como Director de la también llamada “Escuela de Administración y Gobierno”, de su declaración patrimonial y demás actividades del ex priista dentro del IAP, no hay registro público porque es información no disponible en el portal de transparencia de la institución académica y de investigación.
Esta opacidad informativa del hoy alto funcionario de Baja California que tampoco ha hecho una declaración pública de renuncia a su cargo en el instituto, contrasta con lo que dijo el 24 de abril de este año al inaugurar, en su calidad de Director del IAP, un curso del Programa de Desarrollo Institucional Municipal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En Chiapas, Amador sigue siendo noticia este año (Captura de pantalla portal del IAP.Chiapas, este martes 5 de noviembre)
“Los gobiernos municipales (de Chiapas) tienen que ceñir su actuación a los compromisos adquiridos con la ciudadanía y materializar el discurso de legalidad y combate a la corrupción a través de un eficaz y transparente manejo del gasto público”, por lo que el Instituto trabajaría con los ayuntamientos en el fortalecimiento de “la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas”.
Pero aún en Chiapas, en donde desde 2007 ha servido a tres gobernadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México –Pablo Salazar Mendiguchia, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco-, tuvo tiempo para practicar el discurso político gubernamental.
Luego de firmar a mediados de este año un convenio con el Director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Chiapas, Maestro Carlos Aymer Albores Constantino, para la profesionalización de docentes, trabajadores administrativos y sus familiares del colegio, Rodríguez Lozano declaró:
“Estamos convencido de que las instituciones deben tener un objetivo final que es el de contar con un mejor Chiapas; es decir, con una mejor prestación de servicios, mejores gobiernos municipales, mejores funcionarios y mejores técnicos, siendo la educación el mejor motor para impulsar el desarrollo de nuestro país y estado, así como para transformar la realidad de sus habitantes.”
Algo que en Baja California, como Secretario General de Gobierno, podrá poner en práctica si sus múltiples ocupaciones en Chiapas así se lo permiten.