CFE retoma proyecto urgente de electricidad para BC, tras retraso por corrupción y negligencia

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Luego de una serie de actos ilegales que retrasaron casi un año la instalación del primer proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poner en marcha el programa general que busca incorporar a Baja California al Sistema Eléctrico Nacional, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó un segundo permiso ambiental a la paraestatal para instalar en Mexicali la Central Turbogas González Ortega.

 

El Sistema Eléctrico Nacional y la exclusión actual de Baja California de la red (Imagen: CFE).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: Imagen ilustrativa en Facebook.

 

Ensenada, B.C., México, miércoles 10 de agosto del 2022.- Ahora, el proyecto consiste en la operación y mantenimiento de ocho –el plan original contemplaba sólo seis- unidades móviles turbogeneradoras aeroderivadas para servicios de emergencia, con una potencia total de procreación eléctrica de 240 megawatts (MW) que utilizarán gas natural de la transnacional californiana Sempra Energy como combustible.

La SEMARNAT otorgó el nuevo permiso en un tiempo récord. El segundo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto ingresó a la dependencia para su estudio el pasado 7 de junio y se resolvió favorablemente el 26 de julio, con una vigencia de cinco años.

Luego de ese periodo, toda la infraestructura y equipos de la CFE se retiraran y el predio de tres hectáreas de superficie -parcela 79 Z-1 Pl/2 del Ejido Cuernavaca-, será rehabilitado para que continúe su actual uso agrícola ya que se tendrá una ocupación superficial temporal sin cambio de uso de suelo.

El sistema de suministro de gas natural a la central se encuentra interconectado con el gasoducto Rosarito, de la empresa Gasoducto de Agua Prieta –subsidiaria de Sempra Infraestructura, antes Infraestructura Energética Nova (IEnova)-, construcción que no forma parte de la resolución a favor de la paraestatal federal.

Cada una de las turbogeneradoras tendrá una capacidad neta de 44.1 MW y una eficiencia neta de 36.5 por ciento. Asimismo, generará una temperatura de salida de los gases de combustión de 320 grados centígrados.

 

Cortesía.

 

El Maestro Alejandro Pérez Hernández, director general de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), entregó el oficio de autorización ambiental al ingeniero Ignacio Federico López de Alba, encargado de la Gerencia de Protección Ambiental de la CFE, el pasado 28 de julio.

El documento impone seis condicionantes al permiso para regular una actividad “altamente riesgosa” motivada fundamentalmente por posibles fugas de gas natural que pueden ocasionar incendios y/o explosiones, incidentes que ya se han registrado en la zona en tres ocasiones.

El manifiesto destaca igualmente que en marzo del 2021 la CFE ingresó un primer MIA que generó la primera autorización del proyecto el 8 de septiembre de ese año.

Entonces, ante la indiferencia al proyecto del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la presidencia municipal de Mexicali y otras dependencias estatales del área ambiental que omitieron dar su opinión sobre la preparación, construcción y operación de la central eléctrica, la DGIRA dio un plazo de 6 meses –contados a partir del 28 de septiembre– para que la paraestatal  realizara las obras del proyecto.

Sin embargo, el 31 de marzo del 2022 la CFE pidió una ampliación de seis meses adicionales para cumplir con los trabajos de preparación y construcción del proyecto, pero la petición no procedió en virtud de que se solicitó cuando la autorización del proyecto ya no tenía vigencia.

Por ello, la CFE ingresó el segundo manifiesto ambiental el pasado 7 de junio, así como copia del acta de inspección que personal de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó al proyecto el 22 de mayo de este año.

 

La planta que la CFE entregó, en diciembre del 2013 (presidencia del panista Felipe Calderón), a la transnacional española Iberdrola. Lu última inversión de la paraestatal en Baja California:

 

Este último documento revela que la CFE cometió diversos actos ilegales en la preparación y construcción del sitio, como hacer obras pese al vencimiento legal del periodo para ejecutarlas, e incluir dos turbogeneradoras aeroderivadoras más a las seis legalmente aprobadas por la Semarnat.

Al respecto, los funcionarios federales que atendieron a los inspectores mencionaron:

 

“Estas (dos nuevas) unidades se utilizarán para solventar la demanda energética requerida durante la época de verano en el Sistema Eléctrico Baja California, la cual no sería posible de cubrir con solo seis Unidades Turbogeneradoras Móviles o Unidades Aeroderivadas Móviles”, que fue el número de máquinas que la CFE originalmente propuso para el proyecto, el cual generaría tan solo 180 megawatts.

 

Asimismo, refirieron que la central no estará en operación todo el año ya que sólo se utilizará de manera emergente durante los meses de verano (del 7 de junio al 30 de septiembre).

Igualmente, se encontraron diversas inconsistencias entre las superficies y obras autorizadas dentro del oficio resolutivo. Por ejemplo, las áreas destinadas para la construcción de la subestación eléctrica, la estación de diésel y el ramal del gasoducto crecieron ilegalmente en más de cinco mil metros cuadrados.

Por eso, las irregularidades detectadas –destacaron los inspectores de la PROFEPA- aumentaron de manera considerable el riesgo de daño a los recursos naturales, tales como generar un impacto negativo a la calidad del aire de manera espacial y temporal de las emisiones de óxidos de nitrógeno, aumento de la concentración de contaminantes en el aire del ambiente por la operación de las unidades aeroderivadas, así como las emisiones de sulfato, dióxido de nitrógeno y pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y conocidas como PM10.

 

Oficinas de la CFE en la ciudad de Mexicali (Cortesía).

 

Las anomalías representaron además un aumento en el consumo de agua; ruido producido por las unidades aeroderivadas, equipos, maquinaria y vehículos; así como la modificación del paisaje por la instalación de la infraestructura no autorizada.

Por ello, la PROFEPA procedió a emplear como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las obras, actividades y superficies inspeccionadas del proyecto que fueron modificadas o que se construyeron o instalaron en él sin contar con autorización o, en su caso, exención en materia de Impacto Ambiental que para tal efecto emite la SEMARNAT.

Supuestamente, la Comisión Federal de Electricidad está corrigiendo lo que hizo mal y a partir del 12 de agosto podrá reiniciar las obras y preparativos del proyecto, el cual deberá estar listo para entrar en funciones en el verano del 2023.

Aún se desconoce la fecha oficial en que la CFE construirá y terminará las dos Centrales de Ciclo Combinado –González Ortega, en Mexicali, y en San Luis Río Colorado, Sonora- que en conjunto producirán más de mil 200 MW de energía que, junto al abastecimiento de 800 MW de energía solar desde Puerto Peñasco, proporcionará autosuficiencia eléctrica a los bajacalifornianos y los conectará definitivamente al Sistema Eléctrico Nacional.

Ambos proyectos ya cuentan con permisos ambientales de la federación, contemplan una inversión pública calculada en más de 15 mil millones de pesos y forman parte de las obras estratégicas de la CFE para el actual sexenio.

 


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