CERO Y VAN 3. SCJN ACEPTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE DIPUTADOS CONTRA LA “MUNICIPALIZACIÓN” DEL AGUA EN BC

Comparte en redes sociales

 

La Acción de Inconstitucionalidad que 12 diputados de la XXIII legislatura de Baja California impulsan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “municipalizar” el servicio del agua en la entidad, avanzó este día cuando la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad del poder judicial de la federación ordenó suspender de manera provisional la entrada en vigor del Decreto 287, aprobado por la mayoría del poder legislativo local el pasado 28 de julio.

 

Jaime Bonilla, Todos (la) Pagan (Captura de pantalla).

 

4 Vientos / Foto destacada: Cadena Noticias

Ensenada, B.C., México, martes 1 de septiembre del 2021.- El decreto, que se aprobó con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención –la del actual presidente del congreso, el reeleccionista de Morena Juan Manuel Molina García-, ordena que el diseño, planeación y gestión de las políticas públicas en materia de agua estará a cargo del poder ejecutivo del estado.

El gobierno estatal también se encargará de la proyección, dirección y ejecución de las obras del sistema de agua potable a cargo de los organismos presentados, “y se efectuaran conforme a las demandas y sujeción de las demandas sobre la materia.”

Igualmente ordena que, para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final, los municipios contaran con organismos paramunicipales.

El dictamen también establece: “Los municipios tendrán 60 días naturales para crear los organismos municipales que sean encargados de la prestación de los servicios públicos de agua potable, debiendo notificar al Ejecutivo del Estado el proceso de transferencia del organismo operador”.

Sin embargo, los ministros que aceptaron estudiar la Acción de Inconstitucionalidad con número de expediente 119/2021, dictaminaron el pasado 30 de agosto:

 

Los ministros de la SCJN estudian el fondo de las presuntas ilegalidades del congreso de Baja California para imponer la “municipalización” del agua ordenada por el gobernador Jaime Bonilla (La Silla Rota).

 

“Se concede la suspensión solicitada por el diputado representante común de los diversos diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promoventes de la acción de inconstitucionalidad, para el efecto que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado, y consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales en tanto se resuelva el fondo del asunto.”

Agregaron: “Dicha medida cautelar surtirá efectos desde el momento en que se notifique la presente resolución sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente.”

Y aclararon que su determinación “de ningún modo prejuzga sobre el fondo del asunto que será materia de análisis de la sentencia que en su momento dicte este Tribunal Constitucional”.

Para integrar debidamente el expediente, la Suprema Corte requirió al Congreso del Estado de Baja California que envíe al Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes legislativos del Decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se haya aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo estatal, así como los respectivos diarios de debates.

Asimismo, copia certificada de las constancias de las que se advierta que los promoventes, al momento del depósito del escrito inicial de demanda en la oficina de correos de la localidad, integraban dicho órgano legislativo, toda vez que es indispensable contar con esa información para integrar el expediente y para el estudio relativo a la legitimación de los diversos Diputados promoventes, lo que será materia del fondo del asunto, al momento de dictar sentencia.

 

Siete regidores de Ensenada, incluidos los tres del partido Morena, siguen en pie de lucha contra las acciones ilegales y vengativas del alcalde Armando Ayala en su contra por oponerse a la creación de una paramunicipal que opere parcialmente el agua en Ensenada (Facebook).

 

En el mismo sentido, pidió al Poder Ejecutivo de Baja California que exhiba un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado, correspondiente al 29 de julio del año en curso, que contiene la publicación del Decreto legislativo cuya constitucionalidad se cuestiona.

Finalmente, los ministros dieron vista de la demanda a la Fiscalía General de la República (FGR) para que formule el pedimento que le corresponde, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con la finalidad de que sólo si considera que la materia del presente asunto trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera de competencia convenga.

Esta es la tercera orden de suspensión provisional que magistrados ordenan en contra de la entrada en vigor del decreto 287 y sus ordenanzas jurídicas.

El pasado 20 de agosto, la SCJN dictó la interrupción del mismo dictamen en la Controversia Constitucional que presentaron los síndicos procuradores de los municipios de Tecate, Mexicali y Rosarito.

Y cinco días después, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa concedió a ocho regidores de Ensenada la suspensión provisional “para efectos de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y se suspende todo acto tendente a llevar a cabo la transferencia de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)”.

 


Comparte en redes sociales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *