Carta abierta al senador Ernesto Ruffo Appel
Lic. Ernesto Ruffo Appel,
Senador de la República.
Presente:
El día martes 23 de abril del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución que, de acuerdo a lo informado, permitirán a ciudadanos extranjeros adquirir legalmente casas en las playas del país. ¿Qué significaría la ratificación de las modificaciones al artículo 27 constitucional para los bajacalifornianos? ¿Cuáles serían sus implicaciones? ¿Cuáles son los pros y cuáles los contras, ventajas y desventajas? ¿Por qué no dieron a conocer el texto previamente? ¿Por qué no se consultó con la población? ¿Por qué la prisa de votarlo en “Fast Track”? Nos surgen muchas preguntas y tenemos muy pocas respuestas.
Nuestro temor es que al aprobar dicha modificación, nuestros diputados hayan puesto en riesgo 11,000 km. de litoral y que esto podría significar la privatización de nuestro litoral. Estas restricciones existían para protegernos de la rapacidad y de la codicia de intereses del gran capital corporativo, así como para no perder el libre acceso a nuestras riquezas marinas.
Por experiencia, en México desafortunadamente la certeza jurídica de algunos, puede significar el despojo de muchos otros. En la práctica hemos visto cómo se han cerrado los accesos a otrora playas de uso y disfrute público en beneficio de unos cuantos que no se sienten obligados por la Ley a respetar el libre acceso a la costa. Por eso existe el fundado temor de que esto se generalice y sea irreversible. ¿Cuántas playas verdaderamente públicas se pueden encontrar entre San Miguel y la península de Punta Banda? ¿Cuántos kilómetros de litoral son accesibles por tierra?
Creo que los mexicanos somos quienes necesitamos mayor “certeza jurídica” al momento de acceder a nuestras costas ¿Cómo nos la va a garantizar nuestro representante en el Senado? Por eso, respetuosamente le solicito que estudie a fondo el tema de las modificaciones al artículo 27 constitucional teniendo siempre en mente el problema que le he planteado, y que revise el régimen de la Zona Federal Marítimo Terrestre para establecer mayores obligaciones legales a la propiedad privada en zona costera y garantizar de hecho, no de palabra, el acceso libre y público a nuestras costas.
En la medida en que lo haga, estará beneficiando a sus representados sin afectar negativamente a los demás usuarios de nuestras costas.
Sin otro particular me despido:
Moisés Santos Mena,
Ciudadano de Ensenada, Baja California.