Campesinos de UNORCA exigen eliminar el capítulo agropecuario del TLC

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Eliminar el capítulo agropecuario del TLCAN y defender un modelo de desarrollo basado en la soberanía alimentaria y energética de la nación, exigieron los campesinos de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), al iniciar la primera ronda de renegociaciones del Tratado de Libre comercio de América del Norte.

A los 4 Vientos

“Consideramos necesario expresar nuestro rechazo a los dogmas económicos dominantes y condenar al gobierno de Peña Nieto dedicado a servir los intereses de las corporaciones agroalimentarias exportadoras y las trasnacionales manufactureras, principales beneficiarias del TLCAN, cuyo predominio ha perjudicado a productores y consumidores”, manifestaron en un comunicado los campesinos de UNORCA al arrancar la primera etapa de renegociación del Tratado de Libre Comercio el pasado 16 de agosto. Subrayaron que representan el sentir de los actores mayoritarios del campo mexicano, “donde reside el 35 por ciento de la población del país, sin ignorar las articulaciones con la población urbana y respondiendo a las necesidades diferenciadas de la sociedad mexicana en cada región”.

El principal saldo del TLCAN en sus 23 años de vigencia ha sido la ruina de la agricultura mexicana expresada en la alarmante dependencia alimentaria del orden del 46 por ciento que padece el país y que afecta no sólo la economía sino la cultura y la salud de la población mexicana mayoritaria, enfatizaron.

A los 4 Vientos, reproduce aquí el contenido íntegro de las organizaciones campesinas agrupadas en UNORCA:

El gobierno salinista sacrificó al campo e impuso al país la especialización maquiladora-exportadora bajo el comando de las corporaciones trasnacionales, a costa de la soberanía alimentaria y la diversificación industrial y comercial.

Sus políticas neoliberales desmantelaron el sistema público de apoyos a la producción agroalimentaria, disminuyeron la superficie cultivada de maíz, aumentaron la pobreza y marginación rural, reformaron el marco jurídico y dieron lugar a una caída generalizada de la rentabilidad en el sector.

México se ha vuelto dependiente en granos básicos como el frijol y e maíz, que ahora importa de Estados Unidos. Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

Ahora el régimen festina que bajo el TLCAN hemos alcanzado una balanza agroalimentaria superavitaria (que exportamos más que lo que importamos) y nos presenta como una potencia mundial pero esconde la grave dependencia que padecemos en granos básicos, oleaginosas, leche, carnes y frutas de clima templado.

Un curioso ‘gigante agroexportador’ cuyas importaciones agroalimentarias rondan los 25 mil millones de dólares anuales, diez veces más de lo que el gobierno invierte en fomentar la producción nacional en el campo.

El hecho oculto en la propaganda oficial es que frente al éxito logrado por un puñado de agroindustriales de la cerveza y el tequila (industrias en manos de extranjeros), empacadores y brokers de hortalizas y frutas tropicales de exportación, así como importadores de carnes, granos e insumos, se encuentra la quiebra de pequeños y medianos productores maiceros, soyeros, sorgueros, trigueros, frijoleros, arroceros, paperos, algodoneros, manzaneros, porcicultores y ganaderos, es decir, la inmensa mayoría de productores del país.

Entre los perdedores del TLCAN se ubican también los consumidores urbanos, ya que la mayor parte de los granos importados han sido manipulados genéticamente, los productos en general son de menor calidad y la apertura comercial jamás se tradujo en precios más accesibles para las familias urbanas y rurales.

Pollo ultracongelado y alimentos de desecho importa México por 50 mil millones de pesos al año. Foto: internet

De hecho, México compra a EEUU más de 50 mil millones de pesos al año de “despojos y residuos”, literalmente basura en forma de grasa de animales y sebos, trozos y despojos de pollos, pavos, cerdos y bovinos, así como residuos industriales de soya, nabo y maíz.

Quienes defienden el TLCAN no nos representan, pues para la mayoría de los productores rurales no tiene sentido defender la causa del desastre. Quienes defienden el TLCAN, en realidad defienden los intereses de Estados Unidos, principal beneficiario del tratado, que al desmantelar la producción de granos básicos de México, ha consolidado un gran mercado para sus excedentes.

Durante el TLCAN y por su causa, el crecimiento de México ha sido 60 por ciento inferior al del período 1945-1982 y por debajo de países de economías comparables, y en suma en el sector agropecuario nos convertimos en importadores de alimentos, en tanto que en el sector industrial nos transformamos en maquiladores con participación en cadenas productivas favorecidas por la degradación salarial de los trabajadores mexicanos y cuyo valor agregado está fuera del país.

Por otra parte, rechazamos la intención declarada del gobierno mexicano de incluir nuestro sector energético en el TLCAN que busca blindar mediante compromisos internacionales la reforma energética de Peña Nieto —plena de corrupción y saqueo—, y poner nuestros recursos energéticos a disposición de las necesidades estadunidenses para seguir vendiendo crudo e importando gasolinas y otros derivados. En vez de utilizar el petróleo como motor del desarrollo industrial nacional y sus ganancias como parte de una estrategia de transición no corporativa a fuentes de energía limpias.

La única salida para el campo mexicano y para el país es recuperar la soberanía alimentaria y energética, disminuir la pobreza replanteando de fondo el fortalecimiento de la agricultura campesina mediante la recuperación y creación de infraestructura productiva, creación de una reserva estratégica de granos, una banca de desarrollo rural y políticas de subsidios y apoyos a los pequeños y medianos productores.

Ello permitiría, por ejemplo, aprovechar el potencial demostrado de nuestro país para producir de manera sustentable 52 millones de toneladas de maíz (más del doble de lo actual) que nos permitiría sustituir las importaciones del cereal en el corto plazo.

Es un hecho que el gobierno de México carece de autoridad política y moral para negociar el TLCAN en nuestro nombre, su legitimidad está en entredicho y la desaprobación de su gestión alcanza niveles históricos sin precedente en los últimos cien años.

Nuestra oposición a los tratados internacionales inaugurados con el TLCAN es debida a que sus contenidos, aplicación y alcances lesionan la soberanía nacional, vulneran los derechos humanos y quebrantan principios básicos de la democracia, la transparencia y el derecho a la intervención política en los asuntos públicos debido a las negociaciones secretas y la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Lo que verdaderamente está en juego en la renegociación del TLCAN va más allá del comercio y los servicios. Está de por medio el propio destino de nuestro país y la autodeterminación para definir nuestras propias vías de desarrollo económico y político y la solución de los problemas nacionales.

No hay sustento para afirmar que México resultará beneficiado de este proceso de renegociación. Los objetivos expresos del gobierno yanqui son una amenaza directa para beneficiar a sus empresas. Quieren crear nuevas formas de trabajo precario y ambicionan mayor protección a la propiedad intelectual, apertura a toda costa en materia de hidrocarburos, introducción de más transgénicos y continuar la destrucción de ecosistemas por la minería.

La idea de modernizar el TLCAN se resume en recuperar e introducir los objetivos del abortado TPP (Asociación Trans-Pacífico) y eliminar todos los obstáculos para apoderarse de nuestra infraestructura, materias primas, territorios y recursos naturales. Y vendernos lo que les sobre.

Si se impone este modelo de negociación en el que el gobierno mexicano acude de rodillas ante las vociferaciones, amenazas e insultos de Trump a los mexicanos, serán muy altos los costos económicos, sociales y ecológicos para nuestro país.

México requiere una política de defensa de su soberanía alimentaria y energética. Foto. internet/Cumbre

Por todo ello, manifestamos  que:

1.- Rechazamos la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, y repudiamos la política xenofóbica y racista del gobierno de Donald Trump contra el pueblo mexicano. En primera instancia, el gobierno mexicano debería condicionar el inicio del proceso de renegociación a que el gobierno estadunidense retire su intención de poner el muro.

2.- Exigimos el respeto a los derechos humanos de los migrantes y que en la renegociación del TLCAN se garantice un acuerdo migratorio que proteja todos los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

3.- Rechazamos las condiciones expresadas por el gobierno de EEUU en sus objetivos de la renegociación del TLCAN, porque atentan contra la soberanía nacional, permiten el uso de patentes en las semillas, condicionan adoptar las leyes de ese país, incrementan la dependencia alimentaria y pretenden obligarnos a seguir consumiendo alimentos importados dañinos.

4.- Con base en el art. 35 constitucional, demandamos se lleve a cabo una consulta popular vinculante para que el pueblo de México decida sobre el destino del TLCAN mediante una definición democrática y soberana sobre el futuro y el rumbo del paísDebe excluirse de las negociaciones el tema energético.

Por último, la UNORCA reitera: Debe excluirse de las negociaciones el tema energético y exige igualmente excluir el capítulo agropecuario del TLCAN.


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