Bonilla y su gobierno, opaco, deshonesto en el manejo de recursos públicos para Covid
La pandemia de Covid-19 se convirtió para al menos 21 estados de la república, entre ellos Baja California, en una oportunidad de oro para cometer toda clase de actos de corrupción y opacidad en el manejo de la parte que les corresponde de los 651 mil millones de pesos que la federación asignó, hasta el pasado 29 de junio, para atender la contingencia sanitaria.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana: “El riesgo de corrupción es mayor en gobiernos que no publican.” (Cuartoscuro).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Jaime Bonilla (Emeequis / Cuartoscuro)
Ensenada, B.C., 3 de julio 2020.- Y es que de acuerdo con las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil, a 100 días del inicio de las medidas de distanciamiento social por la pandemia y del Mecanismo de seguimiento a planes, fondos, programas y acciones –conocido como #SusanaVigilancia–, los riesgos de corrupción y opacidad siguen latentes “pese a diferentes esfuerzos civiles y gubernamentales”.
El informe de seguimiento de las dos instituciones destaca que Baja California es, junto con Campeche, Chiapas, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, uno de los estados cuyo gobierno no publica información sobre planes, programas o acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos, lo que “limita el derecho a saber de las personas.”
Tampoco divulgó las reglas de operación, el monto del presupuesto asignado -se cree 500 millones de pesos que en tres partes entregó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y un apoyo extraordinario de 144 millones que la federación entregó a al gobierno de Baja California en abril pasado- y el avance del gasto de ese dinero, que en total se considera asciende a 664 millones de pesos.
Y mucho menos transparentó las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.
Es inaceptable que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no se puedan consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor”, subraya el estudio.
Al respecto, Transparencia y Tojil revelaron que aunque con diferentes niveles de información y de apertura de datos, entre los 11 estados que sí publican parte de sus gastos por la pandemia se han ejercido en contrataciones más de 4 mil 583 millones de pesos.
Los resultados de #SusanaVigilancia destacaron asimismo que sólo en nueve estados de la república las dos organizaciones civiles lograron identificar los recursos financieros totales que se entregarán en forma de créditos (más de tres mil millones de pesos).
Baja California no está entre aquellas entidades transparentes, como tampoco está entre los dos únicos estados del país que sí publicaron los montos de su deuda –en conjunto por más de 11 mil millones de pesos– que han contratado con motivo de la crisis.
Las dos oenegés destacaron asimismo que el congreso de Baja California es igualmente cómplice del gobierno de Jaime Bonilla –“por ausencia u omisión en términos de fiscalización”- en el reinado de tanta opacidad, actitud irresponsable que también asumieron los poderes legislativos de otros 29 estados de la república.
En la emergencia (sanitaria), los órganos legislativos no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos”, enfatizaron Transparencia Mexicana y Tojil.
Informan que únicamente los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia y precisan que “Sonora es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por COVID-19”.
El reporte informa igualmente que los poderes judiciales de las entidades federativas no se quedan atrás en la materia de negligencia, ausencia y omisión de sus responsabilidades ante la contingencia.
En Baja California, cero y van dos congresos fallidos, entregados al interés de gobernadores deshonestos (Archivo)
“Tanto el poder judicial federal como el de los 32 poderes estatales implementaron la suspensión de plazos judiciales y habilitaron sólo la atención a casos urgentes” al inicio de la fatalidad.
Pero al 29 de junio, sólo el Poder Judicial de la Federación y 11 poderes judiciales –no es el caso de los juzgados, tribunales y salas judiciales de Baja California- han reactivado sus plazos, por lo que el resto de las entidades continúan con plazos suspendidos.
Las dos fiscalizadoras ciudadanas aprovecharon este último capítulo para destacar que, aunque por disposición constitucional las audiencias en materia penal son públicas, al momento solo el Estado de Coahuila prevé mecanismos para dar publicidad a estas audiencias cuando se llevan a cabo por videoconferencias.
El resto de poderes judiciales –Baja California incluido- aún no transparenta sus audiencias penales a través de mecanismos digitales.”
Para concluir, Transparencia Mexicana y Tojil recalcaron que a 100 días del inicio del distanciamiento social, el balance advierte áreas de oportunidad que requieren atención urgente por parte de los gobiernos.
“Hemos señalado que los avances en términos de transparencia e información han sido posibles por la escucha activa de algunos gobiernos y poderes y, sobre todo, porque hay sociedad civil activa, incluyendo Comités de Participación Ciudadana, que han abrazado y defendido el seguimiento a planes, fondos, programas y acciones en sus estados.”