BONILLA SUBE EL TONO: EN EL CASO FINAMEX, DICE, MARINA DEL PILAR LO ATACA PARA FAVORECER A SU CUÑADO

En medio del cada vez más evidente distanciamiento político del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez y la gobernadora electa María del Pilar Ávila Olmeda, ambos del Partido Morena, el mandatario saliente denunció que su sucesora ataca a su administración para acomodar a sus “cuñis”.

Así son las cosas ahora en Baja California (Facebook).

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto destacada: Jaime Bonilla en Podermx

Ensenada, B.C., México, miércoles 11 de agosto del 2021.- Bonilla específicamente denunció que Adolfo Torres Torres, hermano del esposo de Ávila –Carlos– participó en la contratación de la empresa Fisamex que ha hecho fortuna con los servicios de auditoría y cobranza de adeudos en las comisiones estatales de servicios públicos del estado, acción que la futura gobernadora rechaza y promete acabar en su gobierno.

Y afirmó que aun cuando Fisamex era “una buena alternativa” de contratación externa para recuperar adeudos, “no se usó para ese fin, sino para beneficio personal”, por lo que solicitó públicamente que se investigue el origen del contrato antes de pensar en su cancelación.

La acusación de Bonilla que por casi 18 meses  ocultó y evitó hacerla pública, administrativa y penal, fue precedida por otra denuncia contra la empresa a la que Marina del Pilar Ávila acusó de ser la responsable de que fracasara la recuperación de adeudos en las comisiones paraestatales del agua, al aplicar a los morosos “multas estratosféricas”, prácticamente impagables, obteniendo a cambio comisiones por más de 300 millones de pesos en el año y medio que ejecuta sus acciones de cobro.

Al presentar este día en la mañana el informe sobre la recuperación de adeudos en las comisiones de servicios públicos, la secretaria estatal de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, reveló el contrato que firmó Luis Adolfo Torres Torres en octubre de 2018, como integrante de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

El contrato consideraba un porcentaje de pago a Fisamex de 25 por ciento de lo que se recuperara, pero al llegar Bonilla al gobierno la empresa acusó a las autoridades de incumplimiento por lo que amenazó con demandarlas civil y penalmente, pero una renegociación resolvió el conflicto y aceptó quedarse con el 20 por ciento de comisión por cobranza.

Manuel García, director general de Fisamex, reconoció tener un problema de adicción a las drogas, pero aún así logró que Bonilla recontratara sus servicios de auditoría y cobranza en materia de agua (Captura de pantalla).

A esto, el mandatario agregó: “El contrato era por 36 meses, pero usaron a Fisamex para que dictaminara, luego no cobraban lo que Fisamex decía que debían; entonces negociaban tras bambalinas: si debían 20 millones (de pesos) le decían (a los morosos): ‘pues mira, aquí está el dictamen con 2 millones: los damos por pagado, mitad, mi tía’”.

Luego, el mandatario preguntó: “¿Quién la firmó?, pues nada más y nada menos que el ahora cuñado de la futura gobernadora… Nada más que quede claro para cuando hablen de que van a cancelar el contrato, pues hay que ver exactamente de dónde se originó”.

Y remató: “Era realmente una buena decisión esto (contratar a Fisamex). Lo malo es que lo usaron nada más para dictaminar y beneficios personales, no para que entrara el dinero al erario, que esa es la diferencia. Por eso están en contra de la municipalización: porque aunque estuvieron de acuerdo durante la campaña y siempre dijeron que esa era la manera de hacerlo, de repente decimos ‘no, y mejor vamos a acomodar a mi cuñis’”.

Cabe recordar que después de la aprobación inmediata de la municipalización del agua en el congreso de Baja California el pasado 28 de julio, la gobernadora electa manifestó que su gobierno no continuará solicitando los servicios de cobro de agua de la empresa Fisamex, porque ésta ha sido denunciada de hacer cobros indebidos a ciudadanos y empresarios.

“En el caso que la Comisión se quede en el estado, Fisamex se va. Nosotros vamos a cobrar el agua de manera justa y responsable sin que se pague más o menos, es decir se debe pagar lo justo”, agregó Ávila Olmeda.

La gobernadora electa en campaña (Facebook).

Así confirmó el deslinde de su gobierno y el grupo político que la respalda (Francisco Castro Trenti, Mario Delgado, Carlos Torres y Felipe Calderón, entre otros) con Jaime Bonilla, y la respuesta clásica de éste al grupo de Ávila.

Por la tarde, el gobernador firmó el Acta de Transferencia de los servicios del agua con la presidente municipal electa de Tijuana -Montserrat Caballero Ramírez-, con lo que desaparece la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y crea la Comisión Municipal de Agua de Tijuana (COMATI), asumiendo el gobierno estatal los pasivos de la paraestatal.

Ello se dio así pese a que la actual presidente municipal, Karla Patricia Ruiz Macfarland, hija del fiscal general estatal y compadre de Jaime Bonilla -Guillermo Ruiz Hernández-, no estuvo presente en la ceremonia porque, una semana atrás, manifestó que ella no aceptaría ni firmaría la transferencia del servicio hasta que no hubiera un enlace con el equipo de transición de Caballero Ramírez.

En mayo, el diario Newsweek reveló declaraciones de Monserrat Caballero, una exlegisladora entregada a los mandatos del gobernador Jaime Bonilla, respecto a los temas de la municipalización del agua y la empresa Fisamex.

En la primera cuestión respondió: “Para mí será lo que funcione mejor. Si hasta ahora ha funcionado que esté en el estado, no hay por qué hacer un cambio”.

Y de mantener las auditorías y el cobro de adeudos con Fisamex, opinó: “Si determinamos que el mayor beneficio se da teniéndolo el municipio, pues vamos a pelear, mejor dicho, vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno del estado, que va a ser de Morena. Entonces, somos familia”.

Obviamente, la presidente municipal electa de Tijuana no esperó a que el nuevo gobierno estatal asumiera el cargo. Cedió, como siempre, a la orden de Bonilla Valdez.