BONILLA NO PODRÁ DESIGNAR A MAGISTRADOS. LA SCJN FRENA SU INTENTO DE SOMETER AL PODER JUDICIAL DE BC

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la Controversia Constitucional que busca evitar: 1) la desaparición del Consejo de la Judicatura del poder judicial de Baja California y 2) que Jaime Bonilla nombre a los magistrados estatales.

 

Foto: Punto por Punto.

 

4 Vientos / Foto destacada: La Silla Rota.

Ensenada, B.C., México, a jueves 13 de agosto del 2021.- Para ello, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió la controversia y concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que todos los efectos del Decreto 110 del congreso de Baja California seguirán suspendidos hasta que la SCJN resuelva si la norma jurídica del legislativo estatal es acorde con la Constitución federal.

Con esta resolución, el gobernador Jaime Bonilla Valdez quedó impedido de nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJBC), acción que buscaba ejercer luego de que en octubre del año pasado el congreso local aprobó un decreto que le permitía tomar directamente esa facultad.

El Decreto 110 que impulsó el mandatario morenista modificó 22 artículos de la Constitución local para desaparecer el Consejo de la Judicatura estatal, destituir a los magistrados numerarios y modificar el proceso para nombrar a los integrantes del Poder Judicial del estado, dejándolo primordialmente en manos del gobernador en turno.

Bonilla Valdez argumentó su iniciativa diciendo que el Consejo de la Judicatura del poder Judicial “es un aparato burocrático, ineficaz e inoperante”, así como costoso, pues “se le destinan 50 millones de pesos al año” sin dar resultados.

 

Foto: Periodismo Negro.

 

Y propuso la creación de una ”Junta de Magistrados” para atender la situación administrativa y de fiscalización que realizaba el Consejo de la Judicatura. La integrarían cinco consejeros que, de manera rotativa, harían esas funciones dos años “sin cobro extra”.

También manifestó que todos los magistrados “son amigos del ex mandatario panista Francisco Vega de Lamadrid” y afirmó que el poder judicial estatal “está convertido en una agencia de empleo” para los mismos ministros.

Por ello, concluyó en agosto del 2020, “el procedimiento de elección de magistrados debe pasar por el gobernador del Estado, Quiero gente que sea profesional y que no se vaya por amistades. Ya estuvo bueno que ellos escogen a sus amigos y ellos quedan”.

Fueron estas acusaciones y acciones del gobernador por las que consejeros de la judicatura y los magistrados afectados abrieron la controversia constitucional 187/2020 ante la Suprema Corte, acusando que el decreto bonillista “vulnera la autonomía del Poder Judicial” de Baja California.

 


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