Bonilla cae por el peso de sus mentiras; en el Senado le niegan apoyo, pero por hacer nada obtiene miles de pesos
El ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, finalmente dejó de acreditar en su currículo haber obtenido dos títulos profesionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero otra de sus mentiras brotó cuando un juez de control y juicio oral penal evidenció que el ex mandatario engañó respecto a su lugar de residencia durante su gestión pública de dos años.
Bonilla y Cordero, en el momento de la venganza de la ex ministra de la SCJN (TV Azteca)
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Bonilla, un pesado fardo para Morena, el presidente López Obrador y la llamada Cuarta Transformación (Fotos: Berenice Fregoso / El universal).
Ensenada, B.C., México, miércoles 13 de julio 2022.- A ello, el senador sumó hoy otro descalabro: la presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Olga Sánchez Cordero, le negó acceder a una petición: que presente una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para que el Máximo Tribunal de la Nación no le retire su curul legislativa.
De hecho, y de acuerdo con la versión de la periodista Leticia Robles de la Rosa, del diario Excélsior, la ex ministro de la SCJN pidió a Bonilla que no se presente más en la Comisión Permanente que ella preside, como lo hizo este día para hacer su frustrado pedido.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 9 de mayo, tras la inauguración de la exposición fotográfica “Construcción de la Memoria Colectiva de la Caravana de Madres del Movimiento Migrante Mesoamericano”, en la sede del Senado en la Ciudad de México, Sánchez Cordero aseguró públicamente que Bonilla Valdez continuaría en su escaño del Senado hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva el recurso presentado contra el fallo de la Sala Regional de Guadalajara, por el que se revocó su reintegración a la Cámara Alta.
Semanas antes a su expulsión de la Comisión Permanente, el morenista finalmente omitió en su semblanza curricular en el Senado de la República, ser licenciado en Ingeniería Industrial y en Administración de Empresas por la UNAM, institución que el pasado 31 de mayo negó que Bonilla fuera ex alumno o egresado según reveló Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la Máxima Casa de Estudios.
La exclusión del dato académico sobresale en virtud de que en su primera etapa como senador –regresó al cargo el pasado 25 de marzo y actualmente espera que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine si mantiene su cargo legislativo que ya le retiró la Sala Regional Guadalajara del mismo juzgado-, Jaime Bonilla indicó en el Sistema de Información Legislativa (SIL) que estudió la licenciatura de Administración de Empresas, entre 1979 y 1983, en la UNAM.
Después, ya con el cargo de delegado en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar) en 2019, afirmó ser Ingeniero Industrial titulado, también por la UNAM.
Con ambos títulos en su currículo, al que agregó tener una Maestría en Administración Pública por la National University de San Diego, California, se presentó como candidato a la gubernatura de Baja California y así continuó como titular del ejecutivo local, lo que motivó a su antiguo amigo –hoy adversario político- Jaime Martínez Veloz a presentar en su contra, primero en la fiscalía estatal –en 2019- y luego en la Fiscalía General de la República –en febrero de este año-, una denuncia penal por Usurpación de Profesión que sanciona el artículo 250 inciso II-A del Código Penal Federal.
La norma establece que comete ese delito quien “sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, se atribuya el carácter de profesionista”.
Usurpación de profesión, algo que se niega investigar la FGR y la fiscalía estatal en el caso de Bonilla (Twitter).
Pero la sanción que el código impone al tramposo es risible: “prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días”; es decir, si Bonilla fuera condenado por usurpar profesión no pisaría la cárcel porque alcanzaría fianza y pagaría de multa entre un mínimo de 17,287 a un máximo de 78,102 pesos, cantidad que fácilmente cobraría con su ingreso mensual neto como senador de 105 mil 600 pesos.
Martínez Veloz ha manifestado que ninguna de las fiscalías ha hecho una investigación ministerial al ex gobernador, protección de la que también goza en el congreso local en donde pidió infructuosamente que se abriera un juicio político a Bonilla por usurpar profesión y transgredir la Ley de Nacionalidad Mexicana.
Ese presunto fraude a las leyes mexicanas –tener la nacionalidad mexicana y estadounidense a la vez, según Martínez Veloz- lo hizo para ejercer cargos públicos en México pese a que no renunció a la ciudadanía estadounidense, siguió su carrera política en el partido Republicano del vecino país, y radicó en el condado de San Diego, California, siendo gobernador de Baja California.
Al respecto, el periodista Enrique Méndez, del periódico capitalino La Jornada, informó el lunes 11 julio que el juez que atenderá el expediente penal contra Bonilla y otros 10 ex funcionarios del morenista por el caso Next Energy Group –concesión y contrato ilegal para construir y operar un parque solar en Mexicali a cambio de 12 mil millones de pesos en contraprestación-, reveló que el domicilio que el ex gobernador reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) como su lugar de residencia en Baja California, en realidad pertenece a una cervecería artesanal –de nombre Insurgente– que el ex mandatario cerró para beneficiar a su hermano Alberto.
Por eso, la Fiscalía General del Estado entregó el pasado fin de semana dos nuevos domicilios en donde el ex gobernador podría ser notificado por el juez de Control del Poder Judicial del Estado, a fin de que el próximo 15 de agosto acuda a la audiencia de inicio de causa penal en su contra en los juzgados del Centro de Justicia Alternativa en Mexicali.
Por declaraciones hechas a la prensa cuando estalló el escándalo con la cervecera en la zona Río Tijuana, aparentemente Bonilla dormía en la casa de su hermano quien vive enfrente del establecimiento comercial en la calle Juan Cordero.
El 10 de diciembre de 2019, dos meses después de que su gobierno y el de Tijuana clausuraran Insurgente –Arturo González Cruz ya era presidente municipal de Tijuana y luego se convirtió en perseguido político del morenista-, Jaime Bonilla dijo a los medios que no fue su hermano el que se quejó contra el negocio de cerveza.
Todo el abuso de poder contra la cervecería artesanal Insurgente porque el negocio “molestaba” a los hermanos Alberto y Jaime Bonilla (Foto: Cortesía).
“Yo fui el que me quejé, vi el desorden en una ocasión que tenían y pensé cómo es posible que hayan permitido una cervecería aquí; porque no era una cervecería, era una discoteca”.
Antes, el 4 de abril del 2019, 4 Vientos consultó las declaraciones patrimoniales del entonces candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California. Reportó ser dueño de cuatro bienes inmuebles con un costo conjunto de más de 21 millones de pesos.
El 21 de marzo de ese año, al concluir su gestión como delegado en Baja California de la Sedesol, declaró ser propietario de una casa valorada en tres millones de pesos adquirida en el año de 1972, otra casa obtenida en 1986 con un valor de 316 mil pesos, otra más comprada a crédito en 2004 con un importe de ocho millones de pesos, y un departamento de 10 millones comprado a través de un crédito en 2018.
Meses después, la revista Proceso ubicó una quinta propiedad que Bonilla no había reportado al gobierno mexicano: una mansión ubicada en “Belmonte Rancho del Rey”, con dirección en el número 1145 de Mansiones Ln, Chula Vista, California, que la oficina de Avalúos del Condado de San Diego cotizó en 24 millones de pesos, casa en donde el hoy senador realmente reside desde el 7 de julio de 1999, de manera permanente.
Y en marzo del 2020, Proceso reveló que a finales de 2018, cuando Bonilla solicitó licencia en el Senado para ser candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, obtuvo un condominio-penthouse de 300 metros cuadrados en la Torre Zafiro, con valor de 10.8 millones de pesos, que forma parte del complejo New City Residencial ubicado en la llamada “Zona Dorada” de Tijuana.
Así, tan sólo en esas seis propiedades, en donde el poder judicial estatal quizá podría localizarlo, Bonilla acumuló una fortuna superior cercana a los 56 millones de pesos.
No existe información disponible del lugar en donde el ex gobernador habita este año en la Ciudad de México cuando el Senado de la República está en sesiones ordinarias.
Por sentarse en el Senado y no hacer nada, Bonilla gana mensualmente 105 mil 600 pesos netos (Yahoo News).
Lo que sí se sabe es que su regreso al poder legislativo el pasado 25 de marzo le significa ganar tres mil 520 pesos netos diarios -105 mil 600 mensuales-, más una gratificación de fin de año de 140 mil 800 pesos (40 días de dieta).
Además, tiene derecho a un programa de “Ahorro Solidario”, con participación voluntaria para incrementar el saldo de su cuenta individual mediante una aportación del 1 o 2% de su sueldo base, con lo que por cada peso que ahorre, el Senado aportará tres pesos con 25 centavos, con fundamento en el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Bonilla reasumió su encargo como secretario de la comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, e integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores; y no se perdió ninguna sesión ordinaria del Senado -de marzo a mayo del 2022- en donde el ensenadense Gerardo Novelo Osuna sigue siendo su suplente.
El lunes 11 de julio, 4 Vientos consultó el Informe de la Gaceta Parlamentaria del Senado en donde se informa que el ex mandatario sólo ha presentado una iniciativa de ley. Lo hizo el martes 27 de noviembre del 2018 y se turnó a la Cámara de Diputados ese mismo día en donde hasta hoy está congelada.
Como si se tratara de una burla de cómo actuó con la cervecera artesanal Insurgente de Tijuana, su propuesta es un proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios “para incentivar la industria de las cervezas artesanales en el país”.
También antes de solicitar licencia a la Cámara Alta del congreso, presentó tres proposiciones: Una de ellas pide al gobierno federal “que se haga justicia a los residentes de Playas de Tijuana y no se les cobre peaje en la autopista Tijuana-Ensenada por entrar y salir de su fraccionamiento para realizar sus actividades cotidianas”.
La petición fracasó y ya siendo gobernador, Bonilla “tomó” la caseta de peaje que más tarde recuperó el gobierno federal con el uso de la fuerza pública.
El 9 de julio del 2020, Jaime Bonilla, entonces gobernador de Baja California, “tomó” por decreto las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana en la carretera Tijuana-Ensenada. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) rechazó la acción del mandatario y recuperó la instalación con la fuerza pública. A la gente que ayudó al mandatario en su ilegalidad, la metieron a la cárcel o aún hoy los persiguen judicialmente. A Bonilla no le pasó nada (Foto: El Sol de Tijuana).
Su segunda petición fue un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que su gobierno “flexibilice y armonice las políticas de internación al país a nuestros hermanos del triángulo norte del istmo centroamericano Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de migrantes en su paso al norte de México”. Está congelada desde el 6 de noviembre del 2018 en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la cual Bonilla es Secretario.
Y la tercera la firmó con otros 11 senadores. Fue un punto de acuerdo relacionado con la evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal y el Diálogo de Seguimiento de la Sustentación del Informe sobre Desaparición Forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas, ambos, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. También está olvidada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado
Igualmente aparece como promovente de tres comunicados: uno el pasado 25 de marzo donde notifica su regreso al Senado; otra donde el 27 de noviembre del 2018 presenta su programa anual como comisionado de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y el tercero en donde solicita licencia para separase de sus funciones legislativas, “por tiempo indefinido”, a partir del 6 de diciembre de 2018.
De acuerdo con el Informe parlamentario, Bonilla no presentó ningún exhorto a la mesa directiva del Senado para agilizar su trabajo legislativo (Excitativa). Tampoco suma reportes de comisiones oficiales y de actividades legislativas.
Y sólo ha tenido una intervención en la tribuna senatorial –el pasado 4 de mayo de 2022- “para defender al presidente (López Obrador)” en el tema del accidente en la Línea 12 del Metro capitalino.
Por increíble que parezca, el ex gobernador morenista pidió a los senadores que no gritaran ni insultaran en la sesión donde se trataba el tema y otras iniciativas de reformas legislativas presentadas por el jefe del ejecutivo federal.
“Venir a gritar, insultar, no es propio de esta Asamblea, de esta tribuna. Hay que pedir respeto para todos y hay que ganarnos el respeto, no insultando a los demás”, dijo ese día quien siendo gobernador de Baja California lanzó decenas de improperios a sus opositores que llegaron a ser -y son- legiones.