Ayotzinapa: evaluar las instituciones
Hace dos años México retrocedió gravemente en su desarrollo democrático. La dramática desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en condiciones aún no aclaradas, activó un mecanismo analítico en el conjunto de la sociedad que se pregunta sobre el sentido y el rumbo adoptado por nuestro proceso de transformaciones políticas. Emergen las siguientes interrogantes: ¿Vamos en la dirección correcta?, ¿el desempeño institucional es el adecuado? Y si no, ¿cuál es el que necesitamos? México es grande y merece lo mejor, y por lo tanto, otra pregunta: ¿éstos son los únicos posibles resultados que trajo nuestra transición política?
Isidro H. Cisneros/ A los 4 Vientos
Sobre la desaparición forzada de los normalistas existen distintas hipótesis, lo único cierto es que la impunidad prevalece. La impunidad representa un crimen sin castigo, es una excepción de condena y una forma de escapar de la justicia.
Cuando la impunidad reina soberana, como en el México de nuestros días, representa una negación a las víctimas a la reparación del daño e indica una situación de ausencia del estado de derecho. Es un componente de la corrupción política, es decir, del proceder institucional donde prevalece el punto de vista y el interés particular del grupo que gobierna por encima de cualquier otra consideración.
Los decenios de lucha en nuestro país por construir un sistema democrático, eficaz, eficiente y con capacidad para responder a las aspiraciones de la población —que es la definición mínima de la democracia—, aún no se concretan.
El politólogo español, Juan Linz, estudioso de las causas que motivan la caída de los regímenes democráticos, ubicó en la relación eficacia-eficiencia-legitimidad una de las principales causas en el retroceso de los sistemas políticos hacia el autoritarismo. Con ello venía a recordar que los procesos de democratización no son siempre etapas de un desarrollo político ascendente, sino que la evidencia empírica mostraba sistemas que, habiendo alcanzado algún grado de democratización, habían entrado en crisis política, justamente por su ineficacia institucional.
Consideraba a la eficacia como la capacidad de un régimen para encontrar soluciones razonablemente satisfactorias a los problemas básicos con los que se enfrentan todos los sistemas políticos, pero que cobran relevancia en determinados momentos históricos. La eficacia no es juzgada por actos en el corto plazo, sino por la suma de las decisiones adoptadas a lo largo de un período. La efectividad, por su parte, representa la capacidad efectiva para poner en práctica las medidas políticas formuladas y se juzga por los resultados. Linz advierte, además, que la ineficacia afecta a la legitimidad generando un vacío de poder que facilita la caída de una democracia.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa plantea serios desafíos de legitimidad a nuestro sistema político. La crítica principal apunta a la actuación de las autoridades. Iniciando con el desordenado proceso de investigaciones llevado a cabo por la PGR que, a 24 meses de distancia, aún sigue dilapidando la confianza y los enormes recursos que los mexicanos ponemos a su disposición. Con una estructura burocrática hipertrofiada, esa institución sigue envuelta en sus propias contradicciones, violentando el elemental derecho humano a la información verídica que exigimos todos los mexicanos.
