Auditoría federal detecta nuevas irregularidades en la Secretaría de Educación de BC a cargo de Catalino Zavala

 

El gobierno de Baja California es una de las 15 entidades que en 2020 cometieron serias irregularidades en el manejo del gasto federal que se utiliza para infraestructura educativa.

 

Catalino Zavala, señalado (Hiptex).

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Ensenada, B.C., México, martes 13 de julio del 2021.- De acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública de 2020 del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Zacatecas y Baja California son los estados con las observaciones más importantes en el periodo de fiscalización del año pasado.

Antes, en septiembre del 2020, la Coordinación General de Planeación y Administración del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, denunció la creación ilegal de nóminas extraordinarias por casi 80 millones de pesos, por orden directa de Catalino Zavala Márquez, Secretario de Educación, para supuestamente pagar adeudos al magisterio bajacaliforniano, anomalía que la Secretaría estatal de Honestidad y Función Pública “regularizó”, pero no sancionó.

El informe de resultados de la ASF identificó que los responsables del Instituto de la Infraestructura Física Educativa no entregaron todos los oficios de solicitud de pago que envió al INIFED, ya que “se identificaron diferencias entre los recursos solicitados y los entregados.”

Asimismo, no demostraron tener un registro adecuado del presupuesto y en los resultados, a diciembre de 2020, de los 616 proyectos autorizados, 555 se reportaron terminados y 61 estaban en proceso de conclusión, “pero todo el dinero se reportó como erogado.”

De igual manera, el gobierno morenista de Baja California no cuenta con un sistema de control interno apropiado ni un manejo adecuado y transparente de los recursos, “lo que provocó en parte las irregularidades detectadas.”

 

Catalino y Marina del Pilar, ¿estarán juntos también en el próximo gobierno de Baja California? (TJ Comunica).

 

El periodo de fiscalización corresponde a la administración de Catalino Zavala como titular del sector educativo del gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez.

El pasado 15 de marzo, Zavala Márquez, Maestro en Gestión y Políticas Públicas y cinco veces diputado con representación y apoyo de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Morena, renunció a la Secretaría de Educación Pública del estado para operar, por encargo de Jaime Bonilla, la coordinación general de la campaña electoral de la hoy gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Regresó a ese cargo el 17 de junio, fecha en la que dijo que sus nuevas prioridades en el sector serán “el regreso a clases de manera presencial, hacerlo con identidad propia, priorizando la seguridad de los alumnos, maestros y personal docente; siempre en coordinación con la Secretaría de Salud.”

En septiembre del año pasado, la Coordinación General de Planeación y Administración del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, pidió al Órgano Interno de Control Media, Superior e Investigación que investigara la apertura de dos nóminas extraordinarias para el pago de maestros por un monto superior a los 79 millones de pesos.

Las nóminas se abrieron por petición directa de Catalino Zavala sin dar información o aviso al coordinador general de Planeación y Administración, Iván López Báez, por lo cual éste funcionario no las validó.

El objetivo de las nóminas era “pagar adeudos de ciclos anteriores y también del ciclo escolar 2019-2020 correspondiente a todos los gremios sindicales (SNTE 37, SETE, SIETE),” por lo que Zavala solicitó a la Secretaría de Hacienda estatal, “la habilitación de plazas y horas conforme a detalle anexo”.

 

Los titulares de la secretaría de Hacienda, Adalberto González Higuera (derecha) y de Educación, Catalino Zavala, durante la presentación sobre el avance en los pagos de finiquitos (Captura de pantalla).

 

A la fecha se desconoce si Órgano Interno de Control Media, Superior e Investigación abrió auditorías a las nóminas y si impuso sanciones en caso de haber encontrado irregularidades.

Sin embargo, se sabe que la Secretaría estatal de Honestidad y Función Pública, bajo control del gobernador Jaime Bonilla Valdez, en septiembre del 2020 acordó abrir “mesas de trabajo” para “validar y depurar” los expedientes del caso con el propósito de evitar “pagos indebidos y riesgos laborales” a docentes.

También para que nuevas peticiones de nóminas extraordinarias que se hagan a la Secretaría estatal de Hacienda se realicen “con sustentos reales, verificables y comprobables”.

Finalmente, ayer lunes 12 de julio, los titulares de Hacienda, Adalberto González Higuera y de Educación, Catalino Zavala, informaron que hasta ese día mil 198 maestros del estado recibieron finiquitos pendientes por 712 millones de pesos, lo que representaba el 94% del rezago histórico de pago a los profesores.

Ambos funcionarios revelaron que a partir de este día y en una semana se cubrirá el adeudo al 6% restante (103 maestros a los que se debe casi 58.5 millones de pesos) y que sólo quedan 65 casos de maestros que todavía no se han acercado a cobrar su finiquito correspondiente a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y una parte del 2020, con lo que se pagará el atraso completo al magisterio.

 

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