Asociaciones civiles piden al gobierno de BC que deje de ser juez y parte en método de selección de comisionado de búsqueda

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Dos organizaciones de la sociedad civil que participaron en el Comité Técnico de Consulta para la elección de la persona titular de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Baja California emitieron 10 recomendaciones relacionadas con el proceso de evaluación. ¿La más grave de ellas? Que el gobierno de Baja California, a través de su Secretaría General de Gobierno, deje de ser juez y parte en el mecanismo de selección.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada:

 

Ensenada, B.C., México, martes 27 de septiembre 2022.- Un tercer actor en el Comité, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) que sólo actuó en calidad de observador con derecho a voz, pero no a voto, recomendó al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda que al momento de que se elija a la persona que habrá de asumir la titularidad de la Comisión Local de búsqueda “se designe a quien mayormente haya demostrado su conocimiento y compromiso con la defensa y promoción al respeto de los derechos humanos, así como su claro interés por privilegiar la comunicación con los colectivos de búsqueda”.

Ello trasciende en el Informe Final del Comité Técnico de Consulta respecto a la valoración y comparecencia de las aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado Local de Búsqueda, documento que el pasado viernes 23 de septiembre se entregó al secretario de Gobierno Catalino ZavalaMárquez, y en donde se calificó a Rafael Hernández Murrieta con las más altas calificaciones del peritaje, por lo cual es el más apto a ocupar el cargo que, en su caso, sería una revalidación.

Sin embargo, pese a la contundencia de su apreciación por parte de los integrantes del Comité Técnico, compuesto además por la diputada local Liliana Michel Sánchez Allende –presidente de la Comisión de Igualdad, Género y Juventudes de la XXIV Legislatura- y la subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social de la Secretaría estatal de Gobernación –Rebecca Vega Arriola-, los confrontados colectivos de búsqueda serán los que finalmente elijan al nuevo funcionario según informó ayer Zavala Márquez.

Precisamente en el tema de la participación de los grupos civiles de búsqueda en el proceso de selección del comisionado, la asociación ciudadana Elementa DDHH y la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana, recomendaron:

 

“Aunque en términos generales el proceso respetó el principio de participación conjunta al incluir como requisito la postulación de candidatos por parte de colectivos de familias de personas desaparecidas, su participación no debe agotarse al emitir una propuesta.”

 

Por ello, subrayaron que es fundamental diseñar mecanismos que contemplen la participación activa de los grupos civiles en otras partes del proceso, desde la selección de las personas que cumplen con los requisitos, su evaluación y designación.

 

La verdad de la búsqueda (Foto: Captura de pantalla en youtube).

 

Igualmente, destacaron que existen víctimas indirectas que no están organizadas en colectivos y que tienen el mismo derecho de participar, por lo que es necesario que su representación y participación también se vea garantizada en estos mecanismos.

 

“La solicitud a los colectivos o asociaciones civiles de estar legalmente constituidas para postular a un candidato –estimaron-, se considera un acto que coloca en desventaja a los colectivos que no están constituidos legalmente.”

Por ello, consideraron que no hay una justificación para que esto sea así y pone “una carga desproporcionada” a las agrupaciones de víctimas, considerando las obligaciones legales y fiscales que implica estar constituidas.

Sobre la conformación del Comité Técnico, las dos asociaciones recomendaron, por ser necesario, tener mayor claridad, desde la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial, sobre el número de organizaciones de la sociedad civil que participarán en el proceso de evaluación.

Y destacaron dos puntos:

1.- “Es necesario buscar un mecanismo que garantice la participación de las víctimas en el Comité. Esto podría ser a través de la inclusión del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas en el Comité.”

2.- “Se observa que la participación en el Comité de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Enlace Institucional y Vinculación Social, se configura como juez y parte, por lo que se recomienda su separación del Comité.”

 

Urgente, la socialización de la comunicación oficial y no oficial para los colectivos civiles de búsqueda (Imagen: www.charteredaccountants.ie).

 

Sobre el principio de transparencia y máxima publicidad se observaron fallas en la comunicación efectiva e inmediata de las decisiones del Comité, atribuidas a los procesos de comunicación social dentro de la Secretaría General de Gobierno.

Por eso, piden fortalecer los tiempos y canales institucionales de comunicación oficial y no oficial, procurando que las actualizaciones relacionadas con cualquier proceso de designación “sean públicas, accesibles, transparentes y, en la medida de lo posible, inmediatas.”

Y destacaron que las familias, los colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas y la sociedad en general, tienen derecho a conocer en tiempo y forma los detalles del proceso por los canales que sean necesarios; “por ello, el impulso de la comunicación social es clave.”

Finalmente, en el tema de la convocatoria, Elementa DDHH y la Universidad Iberoamericana consideró que hacen falta algunas precisiones en el proceso, tales como plazos para conformación del Comité, plazos para toma de decisión final, y alcance del informe emitido por el Comité; es decir, si es o no vinculante.

 

“Se recomienda que, para futuros procesos, se solicité la carta de no inhabilitación a quienes ya hayan laborado en la administración pública, para evitar que se evalúe a alguien que no podrá ejercer en el cargo.”

 

NOTAS DE CONTEXTO:

 

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