Asediado por jueces federales y ambientalistas, FONATUR presenta manifiesto ambiental del Tren Maya, Tramo Sur-5

Al fin, ayer martes 17 de mayo, la empresa pública paraestatal Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., ingresó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto “Tren Maya Tramo 5 Sur” que se propone construir en el municipio Solidaridad, del estado de Quintana Roo.

Captura de pantalla MIA.

Javier Cruz Aguire / 4 Vientos

Imagen destacada: TV Azteca.

Ensenada, B.C., México, miércoles 18 de mayo del 2022.- Así lo dio a conocer este día la SEMARNAT en la Gaceta Ecológica Extraordinaria número 22/22, de fecha 18 de mayo del 2022, que hace referencia al proyecto general que identifica como “Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur”.

El documento indica que el proyecto, único en la edición extraordinaria de la gaceta, consiste en la construcción de la línea ferroviaria de doble vía para tráfico mixto (pasajeros y carga) del Tren Maya Tramo 5 Sur.

Las vías correrán desde Tulum a Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, con una longitud de 67.6 kilómetros.

Incluye obras complementarias tales como estaciones ferroviarias, base de mantenimiento, ladero, pasos vehiculares, taller de mantenimiento, caminos de acceso y servicio, subestaciones, pasos de fauna y obras de drenaje.

Todo ello en una superficie total de 605.08 hectáreas, de las cuales se requiere una superficie de afectación de 516.75 hectáreas.

El texto del manifiesto revela que se tiene previsto que “los trabajos de construcción inicien una vez obtenidas las autorizaciones en materia de impacto ambiental”, y que la duración para la ejecución de las obras -incluidas las pruebas de infraestructura y equipo- es de aproximadamente 24 meses.

También que el Tramo 5 sur (TM-T5 sur) tendrá una vida útil de 50 años aproximadamente; sin embargo, con la aplicación del programa de mantenimiento se prevé que este periodo sea aún más amplio.

Captura de pantalla MIA.

Sus principales objetivos son: Diversificar y fortalecer la industria turística en la región y en México. Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y de los pueblos y comunidades originarias. Fomentar la inclusión social y la creación de empleo. Promover y resguardar las culturas indígenas de la región. Y promover la reordenación territorial de Quintana Roo.

Y revela que la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto se estima en 31 mil 501 millones 514 mil 606 pesos, capital que será aportado por el gobierno federal.

Cabe destacar que el PEIA tiene como objeto la regulación de las obras y actividades de interés de la Federación y señaladas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de prevenir, mitigar y restaurar sus impactos adversos para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente .

El PEIA, de acuerdo con la SEMARNAT, en su naturaleza es un proceso que tiene un doble carácter:

1.- Es un instrumento de política ambiental de tipo preventivo y de carácter obligatorio; es decir, se requiere de la autorización previa a llevar a cabo cualquier obra o actividad, algo que en el terreno de los hechos se violentó a través de un decreto presidencial.

2.- Es un procedimiento jurídico administrativo para determinar la viabilidad ambiental para que se apruebe, rechace o modifique un proyecto productivos y de desarrollo.

LA POLÉMICA: ¿LEGAL O ILÍCITO?

La entrega del MIA por parte del gobierno federal se da en medio de acusaciones hechas por grupos ambientalistas -entre ellos la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Sano (DMAS)- de que el Tramo 5 Sur no cuenta con manifiesto de impacto ambiental –argumento que hoy se sabe era cierto– por lo que sus actividades previas de construcción, amparadas en un decreto presidencial que permite edificar con permisos provisionales, son ilegales.

El Juzgado Primero de Distrito radicado en Mérida, Yucatán, concedió hace dos semanas una nueva suspensión que detuvo provisionalmente cualquier obra o actividad en todo el Tramo 5 Sur del Tren Maya (que va de Cancún a Tulum). El recurso fue otorgado a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, Quintana Roo (Foto: Facebook).

También hay sentencias de tribunales de Amparo en Quinta Roo y Yucatán que ordenaron, el pasado viernes 13 de mayo, la suspensión provisional de las obras ya hechas del ferrocarril, una de las faenas emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se debe recordar también que el 13 de noviembre del 2018, el entonces secretario federal del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, aceptó que el proyecto del Tren Maya no contaba entonces con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental ni Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, por lo que de iniciar las obras el 16 de diciembre, tal y como se anunció entonces, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tendría que intervenir para sancionar y en su caso clausurar los trabajos.

Días después Pacchiano fue removido del cargo que dejó en manos de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien el 25 de mayo del 2019 renunció tras retrasar ilegalmente un vuelo aéreo comercial que la conduciría a Mexicali, Baja California.

Llegó entonces María Luisa Albores como titular de la SEMARNAT, quien el pasado 2 de mayo reconoció que a esa fecha el gobierno federal no contaba con el permisos de impacto ambiental para el Tramo 5 Sur del Tren Maya, pero que un decreto permitía que la obra no se detuviera.

Y agregó: “En los otros tramos, recordar que lo que se hizo fue que el 22 de noviembre de 2021 hay un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que estos tramos no se estén haciendo estudios técnicos y de impacto ambiental. Estamos trabajando con cada uno de los consorcios y la promovente, con Fonatur”.

Ese argumento lo echaron abajo los tribunales de Amparo del poder judicial de la federación en la península, en tanto que las empresas que construyen el tramo 5 Sur –Grupo México, México Proyectos y Desarrollos, ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura y Acciona Infraestructuras México– fueron demandados colectivamente por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), que representa a diversas organizaciones de la sociedad civil en el sureste mexicano, por presuntamente provocar un daño medioambiental por un monto calculado entre 26 mil y 28 mil millones de dólares.