Apresuramiento y mediatismo en el rediseño del Mecanismo de Protección a periodistas de BC

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Al participar este día en los trabajos de la mesa de consulta para rediseñar el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, la Red de Periodistas de Mexicali afirmó que el acto del gobierno estatal solo responde “a una agenda mediática y no a un interés verdadero en resolver de fondo la problemática”.

 

Foto: La Nación.

 

4 Vientos / Foto destacada: La gobernadora Marina del Pilar Ávila y su “agenda mediática” para dar respuestas a los periodistas de BC

Ensenada, B.C., México, miércoles 2 de febrero del 2022.- Asimismo, criticó a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda porque presentó al congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para incrementar penas a los agresores, sin pedir previamente la opinión de los periodistas y comunicadores de la entidad.

Y estableció que el gremio mexicalense está inconforme con la “inadecuada” propuesta del Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, de dar sólo tres días a la recepción de propuestas para rediseñar el mecanismo de protección.

“Tiempo que consideramos inadecuado para realizar una propuesta real y seria” que beneficie al gremio y a los demás defensores de derechos humanos en la entidad.

 

“Sabemos que es urgente la definición e integración del consejo, pero es necesario y exhortamos a realizar sesiones adicionales e incluir a las agrupaciones,  colectivos y periodistas de cada municipio quienes analicen y propongan de manera integral los perfiles y criterios de los miembros”, manifestaron en el posicionamiento que leyeron en el acto.

 

De igual manera, presentaron 12 propuestas para mejorar el inoperante Mecanismo estatal de Protección. Entre ellas transparentar los protocolos en situaciones de riesgo, crear un manual con las medidas de protección que se deban aplicar en situaciones de riesgo y bajo qué circunstancias, así como informes periódicos y públicos de las acciones del mecanismo, cuidando la protección de datos personales y secrecía por temas de seguridad.

 

Catalino Zavala en el foro con periodistas de Mexicali para reordenar el mecanismo de protección a comunicadores y activistas sociales (Cortesía)

 

Mientras tanto, Catalino Zavala reveló que el gobierno estatal está consultando a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para fortalecer el Mecanismo de Protección de periodistas y activistas en Baja California.

 

“Los acercamientos con las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, la ONU y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), son importantes porque estamos buscando tener todas las herramientas y fortalecer este mecanismo de protección en Baja California”, dijo.

 

El secretario general de Gobierno señaló que la gobernadora acordó y decretó el establecimiento del mecanismo de protección que está vigente, además de que se envió una iniciativa al congreso para generar mejores instrumentos, integrando la participación de todos los interesados en el sistema.

Asimismo, reiteró que se firmarán convenios con los ayuntamientos, el poder judicial y el congreso para lograr una coordinación interinstitucional efectiva “que aumentará las posibilidades de éxito del Mecanismo de Protección”.

El objetivo fundamental, subrayó el funcionario, es “garantizar el derecho humano a la integridad y el bienestar de quienes se dedican al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, con la mayor diligencia, transparencia y oportunidad”.

A continuación, el posicionamiento de la Red de Periodistas de Mexicali:

 

Integrantes de la Red protestan por el asesinato de periodistas en el estado (Foto: La Jornada BC).

 

“La Red de Periodistas de Mexicali proponemos acciones directas para la modificación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista bajo protesta.

Creemos que estas acciones de gobierno responden a una agenda mediática y no a un interés verdadero en resolver de fondo la problemática.

A 4 días del homicidio de Lourdes Maldonado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó una modificación al artículo 147 del Código Penal de Baja California en el que no se consideró a los periodistas para realizar un planteamiento inicial a la ley en la cual es incapaz de definir quién es periodista.

De igual manera, estamos inconformes a la propuesta de la Secretaría General de Gobierno en la que permite en solo 3 días recibir propuestas, tiempo que consideramos inadecuado para realizar una propuesta real y seria.

Sabemos que es urgente la definición e integración del consejo, pero es necesario y exhortamos a realizar sesiones adicionales e incluir a las agrupaciones,  colectivos y periodistas de cada municipio quienes analicen y propongan de manera integral los perfiles y criterios de los miembros.

 

Foto: prensabajofuego.com

 

La red de periodistas de Mexicali proponemos:

Crear una ley que regule el mecanismo y que integre las obligaciones de los funcionarios, de los protegidos y responsabilidades así como las sanciones de incumplirlas en ambas partes.

La transparencia de los protocolos en situaciones de riesgo, la creación de un manual con las medidas de protección que se deben de aplicar y bajo qué circunstancias de riesgo o vulnerabilidad, y es necesario que exista un informe de las acciones del mecanismo que sean públicas, cuidando la protección de datos personales y secrecía por temas de seguridad.

Que además el consejo del mecanismo sesione mensualmente y se revise las medidas de protección aplicadas.

Proponemos que sea un órgano independiente o que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea quien encabecen los trabajos del mecanismo, tenga el voto decisivo en caso de empate y no la Secretaría General de Gobierno y en todo caso que la SGG pudiera fungir únicamente como secretario técnico del Consejo, ante un eventual conflicto de interés.

Modificar que el mecanismo requiera la mitad más uno de los miembros para sesionar, porque al ser mayoría las dependencias de gobierno, se corre riesgo de conflictos de interés como sucedió en el Sistema Estatal Anticorrupción donde no se conseguía quórum para sesionar.

El actual mecanismo publicado en el periódico oficial del estado contempla que ante una agresión que atente contra la vida, el mecanismo puede tardarse hasta 24 horas en realizar un análisis preliminar de riesgos y así otorgar la medida urgente de protección, lo cual debe ser modificado a inmediato, con celeridad y prioridad.

 

La protesta de los periodistas de Guerrero por el asesinato de dos de sus colegas en Baja California (Foto: La Jornada).

 

Proponemos especificar un apartado de cómo definir quien accede al mecanismo de protección en el caso de periodistas.

Crear un protocolo de atención y acción a periodistas y activistas que sea aplicado por las corporaciones policiacas de la entidad y que están puedan ser evaluadas.

Crear un semáforo de seguridad: Que la persona que se encuentre bajo la protección del mecanismo tenga un termómetro en el que pueda evaluar el riesgo en el que se encuentra y que la misma víctima pudiera en todo caso retirar o solicitar mayores medidas de protección, esto, como una atención inmediata independientemente del estudio de riesgo que debe llevar a cabo la autoridad para determinar el nivel de protección del periodista o activista.

El número de periodistas y defensores de derechos humanos que integren el consejo deben de tener voz y voto y contar con la misma representatividad de acuerdo al número de integrantes de autoridades de gobierno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación considerada como periodista cualquier persona que recaba, genera, procesa, edita, comenta, opina, difunde, publique o provea información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Pero consideramos que se debe de delimitar a aquellos que su actividad preponderante sea el periodismo y el manejo de información, y que respeten las leyes y los límites de la libertad de expresión y el sistema de justicia penal”.

 


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