APP’s: eslabón neoliberal en la privatización de México

“El modelo neoliberal propone un modelo de Estado que trabaja para beneficiar a una oligarquía, a una minoría pudiente. Un Estado Neoliberal garantiza mayor explotación de los recursos de la población y el enriquecimiento de unos cuantos. En ese sentido, abrirle las puertas a la IP para que haga negocio con todo es una estrategia de privatización”.

Iván Gutiérrez

En entrevista con 4vientos, el Dr. Armando Duarte, experto en Estudios del Desarrollo Global, nos explicó el trasfondo de la polémica Ley de Asociaciones Público Privadas (APP’s), mecanismo que permite a la Iniciativa Privada (IP) participar en la construcción de obra pública y prestación de servicios que debe garantizar el Estado.

ANTECEDENTES

Las APP’s no son nuevas en México, pues existen antecedentes de mecanismos similares implementados en otras administraciones que han atravesado graves crisis económicas. Una de ellas fueron los llamados ‘Pidiregas’, Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, implementado en el sexenio de Ernesto Zedillo ante los requerimientos de inversiones que tenía el Estado Mexicano.

“Con lo Pidriegas Zedillo propició que la Iniciativa Privada participara en inversiones de infraestructura, principalmente en el sector energético: petróleo y energía eléctrica. Muchos consideran que a partir de esta política inició la privatización del sector energético, porque abrió la puerta para que empresas intervinieran en áreas restringidas del Estado, con el argumento de que el gobierno no tenía recursos.

“El resultado, tras 20 años, es que los Pidiregas constituyen una carga fiscal enorme para el gobierno, pues se destinan muchos recursos al pago de los compromisos contraídos con la iniciativa privada. Aquí en Baja California tenemos dos termoeléctricas que operan bajo ese esquema, a las que la CFE les compra energía”.

El Dr. Duarte señaló que en su momento PEMEX también utilizó los denominados “Proyectos de Prestación de Servicios” para contratar empresas que realizaran trabajos que la petrolera fue abandonando.

Autopista Tecate-Tijuana de las carreteras más caras de México, concesionada a Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), brazo constructor de Grupo Carso, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA).

Otro antecedente mencionado por el sociólogo fueron los “Esquemas de Concesiones”, utilizados para el desarrollo de infraestructura carretera:

“Muchas carreteras, sobre todo autopistas, se construyeron bajo este esquema. Ahora tenemos carreteras carísimas, deficientes y con cuotas muy caras, por ejemplo el tramo de Tijuana a Tecate. Son concesiones a muy largo plazo en las que el usuario paga un servicio que deja mucho que desear”.

Estos esquemas previos a las Asociaciones Público-Privadas tendrían que servir como evidencia de los riesgos financieros que conllevan este tipo de mecanismos: “El costo ha sido muy alto, y lo seguimos pagando”, comentó el maestro.

APPS: LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO NEGOCIO PRIVADO

Las APP’s fueron aprobadas durante los últimos meses del sexenio de Felipe Calderón, y al igual que los esquemas antes mencionados, se han utilizado para cubrir necesidades de obras y servicios que el gobierno no puede cubrir por limitaciones fiscales.

Sin embargo, las APP’s difieren del resto de esquemas por los alcances de injerencia que le permite tener a las empresas sobre obras y servicios públicos:

“Revisando documentos de la Secretaria de Función Pública y Secretaria de Gobernación sobre las APP’s, encontré que con este mecanismo el Estado incluso puede conceder la propiedad de la infraestructura pública a la IP, pero seguir pagando por el servicio.

“Hay que considerar que la IP participa en estos proyectos con un fin de lucro, no con la idea de prestar un servicio público indispensable para la población. Esta lógica de negocio implica que el ciudadano tiene que pagar, no sólo por el servicio, sino por la generación de una utilidad: es una política que favorece a las grandes empresas. 

ESTADO NEOLIBERAL: ENRIQUECIMIENTO DE POCOS, PRECARIZACIÓN DE MUCHOS

La noción del Estado ha cambiado con el tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial el “Estado de Bienestar” se convirtió en el modelo a seguir, bajo el que se garantizaban servicios públicos que brindan un nivel de calidad de vida digna y una redistribución de la riqueza justa. Bajo ese modelo el Estado asumía la responsabilidad de prestar y operar servicios médicos, educativos, vivienda, comunicación, transportes, entre otros.

Estos servicios eran productos de la inversión que hacía el Estado a través de la recaudación fiscal, pues bajo el sistema capitalista convencional los salarios no garantizan el acceso a muchos de ellos. En el Estado de Bienestar, el Estado redistribuye la riqueza de empresarios y sociedad civil a través de servicios gratuitos pagados con los impuestos.

Sin embargo, a principios de los 80’s la concepción del Estado comenzó a cambiar:

“Entre los economistas se impuso la idea de que el Estado no debía meterse tanto, sino que tenía que retirarse de ciertas responsabilidades: el ‘Estado mínimo’, le llamaban. Siguiendo un modelo de economía neoliberal, el Estado comenzó a transferir estas tareas al sector privado, quienes obviamente no garantizan servicios gratuitos, sino que lucran con su prestación”, expuso el Doctor en Estudios del Desarrollo Global

Cabe señalar que este cambio de modelo económico —agudizado con el TLCAN y las políticas públicas de los gobiernos mexicanos de las últimas 3 décadas— ha implicado la privatización de sectores como la educación, la salud y los energéticos, siendo la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto un mecanismo más para la concesión de servicios públicos a la IP.

Pero, si el Estado ha transferido responsabilidades a la IP, ¿por qué los impuestos siguen a la alza? El Dr. Armando respondió que el problema se encuentra en la corrupción anclada a un modelo económico que privilegia a las grandes empresas:

“Los gobiernos han hecho una muy mala administración de los recursos que poseen. La corrupción ha permitido una sangría del erario, millones de pesos que van a parar a manos de unos cuantos. Si los Estados fueran honestos, no estaríamos en este embrollo.

“Por otro lado, el modelo neoliberal propone un modelo de Estado que trabaja para beneficiar a una oligarquía, a una minoría pudiente. Un Estado Neoliberal garantiza mayor explotación de los recursos de la población y el enriquecimiento de unos cuantos. En ese sentido, abrirle las puertas a la IP para que haga negocio con todo es una estrategia de privatización.

El Dr. Duarte señaló que es a través de este criterio empresarial se dejan de pensar la satisfacción de los servicios como una responsabilidad vital para el desarrollo humano, y se comienzan a ver como negocio.

“Es una tremenda contradicción porque a nivel internacional el acceso al agua es un derecho humano. La propia ONU así lo ha establecido, entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes hacer compatible el prestar un servicio que está considerado como un derecho humano con un criterio empresarial, privado? Según esa ideología ‘si pagas te doy agua, sino, no’.

“De acuerdo con la legislación internacional, con la que México está comprometido, no puedes quitarle el agua a nadie. La administración del agua debe ser entendida como un bien común, no como un bien privado: el agua es de todos, no de la empresa que la proporciona, no puede haber un criterio empresarial en su manejo. Sin embargo, con las APP’s vemos que en el caso de Baja California el servicio del agua se está transfiriendo a la IP, e incluso ésta tiene la facilidad de quedarse con la obra”.

ALTERNATIVAS: UN ESTADO HONESTO

Como alternativa a las APP’s y el modelo neoliberal, el Dr. Armando Duarte propuso una nueva definición del Estado y sus responsabilidades, cuya implementación se dará únicamente con un cambio de gobierno.

“La definición del Estado debe sustentarse en la idea original, donde es una figura que debe satisfacer las necesidades de la población, defender sus derechos y encargarse de garantizar una vida digna y una sociedad justa. Para ello primero hay que hacer una buena administración pública.

“Y segunda, hay que combatir esta actitud tolerante que ha tenido el Estado con grandes empresas que incumplen con sus obligaciones fiscales. Hay un hueco fiscal de aproximadamente 700,000 millones de pesos por año de impuestos que no se pagan o que la IP evade y elude por las facilidades que ofrece una ley permisiva.

El especialista concluyó mencionando que el Estado debiera mantener bajo su administración empresas productivas, como es el caso de PEMEX:

“A pesar de todos los problemas que tiene, PEMEX es una empresa que genera mucha utilidades. Hemos perdido el boom petrolero de México derrochando el dinero en obras de simulación y en corrupción, cuando ese recurso se pudo haber utilizado para mejorar la infraestructura y mejorar el desarrollo del país. Los que están no van a cambiar, están convencidos de que lo que están haciendo se debe de hacer. Es necesario un cambio de gobierno, definitivamente”, concluyó el académico.