DANZAR HASTA QUE LLUEVA: APPS, cereza del pastel neoliberal
“… Artículo 12.- Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto…” José María Morelos, “Los Sentimientos de la Nación”.
Daniel Solorio Ramírez/ A los 4 Vientos
Las Asociaciones Púbicas Privadas (APPs) son la cereza del pastel neoliberal que en México se constituyó cuando el “Pacto Contra México” despojó al pueblo mexicano de sus recursos naturales, al aprobar la reforma energética y las otras “reformas estructurales”.
La Revolución Francesa consideró que la ley sería siempre protectora de los desvalidos; la humanidad tardaría muchos años en saber que la “ley” se convertiría en un instrumento del poder al servicio del poder, por lo que si el pueblo quería leyes a su propio servicio, tenía necesidad de tomar el poder. Esto aún no ocurre.
La ley fue buena porque convirtió a los “súbditos de su Majestad” en “ciudadanos” aspirantes a la igualdad, libertad y fraternidad prometidas por la Ilustración, pero puesta ya al servicio del gran capital, fue usada como instrumento de dominación de las oligarquías sobre las mayorías del mundo.
La ley de APPs de 2014, (cuya abrogación hemos pedido 1011 electores al Congreso del Estado) es una de esas leyes aprobadas para explotar los bienes del pueblo. Fue diseñada para legitimar el apoderamiento de los bienes públicos por una élite que pulula en torno al grupo gobernante; no es una ley decente. Sirve para que los “socios del gobierno” obtengan el máximo de ganancia con un mínimo de inversión. Su pecado capital es que instaura, sin prisa pero sin pausa, un proceso por que el poder público está siendo desplazado para instalar al poder privado en las tareas que solo a aquél corresponden.
El gobernador Francisco Vega se reunió con los senadores panista Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo para “discutir proyectos productivos para Baja California”. Empresasa del senador Hermosillo han sido beneficiadas con millonarios proyectos de APPS en el estado. Foto: internet
Desde la perspectiva constitucional choca con el modelo de gobierno democrático, federal, representativo, popular y laico (artículos 39, 40 y 41 de la Constitución nacional) porque pone en manos de los privados auténticas funciones de gobierno. Ya no solo se pretende que construyan obra pública (como sin problema se ha hecho por siglos) sino también de transferirles la prestación (y las ganancias) de los servicios públicos. En lugar de ir al erario, van a las cuentas bancarias de los privados.
Los deberes impuestos por la Constitución a los gobiernos electos por el pueblo deben ser cumplidos por quienes surgieron de elecciones populares y que por tanto responden al pueblo, trabajan para éste, le rindan cuentas. Esos deberes no corresponden a los capitales privados; éstos, por su propia naturaleza operan libremente en favor de su máxima ganancia.
Los privados no tienen deberes frente al pueblo; no se comprometen con éste; nadie los conoce; operan ocultos bajo la forma de “sociedades anónimas” (sin nombre) y penetran las instituciones mediante oscuros acuerdos con las cabezas del gobierno.
A nuestro grupo gobernante no le satisfizo la ley de APPs que hizo el gobierno de Osuna Millán; imponía a los privados algunos desembolsos relativamente significativos; por eso hicieron la actual, que permite solo ganancias y más ganancias a costa de la obra pública y los servicios públicos.
Foto de portada: ADN Político
Daniel Solorio Ramírez. Maestro en Derecho Público. Ex Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Profesor de la UABC.