Antiabortistas pedirán a Francisco Vega que acuda a la CIDH para abrogar sentencia de la SCJN

Treinta organizaciones nacionales antiaborto marcharán en diversas ciudades del país para protestar contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que valida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, la cual permite a mujeres y niñas la libre suspensión de embarazos en casos de violación.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Imagen de una de las 148 manifestaciones antiaborto que se dieron en México en octubre del 2018 (Infobae).

Ensenada, B.C., 10 de agosto 2019.- El acto se realizará en septiembre y en Baja California las acciones contra la resolución del Supremo incluirán una petición al gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, impulsor de la fracasada Controversia Constitucional que buscaba eliminar la norma, para que lleve el tema ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Guillermo Montaño García, coordinador en Baja California del Consejo Mexicano de la Familia y representante de Confederación Nacional de Liderazgo Cristiano, acusó a los ministros de la SCJN de abrir la puerta para que se practiquen abortos, en los hospitales públicos, sin que el ministerio público verifique si antes se cometió el delito de violación.

“Si la jovencita fue violada, el delincuente responsable sería beneficiado al desecharse una investigación previa y elementos de prueba, además de que si no fue ultrajada se podría tomar como una forma anticonceptiva.”

La sentencia –dijo el activista en rueda de prensa en Tijuana- también permite que mujeres de entre 12 a 18 años solicite, sin el permiso de sus padres, que se le practique un aborto de manera legal.

Recordó que como fue el Poder Ejecutivo de Baja California quien presentó ante la Suprema Corte la Controversia Constitucional para abrogar la Norma Oficial NOM 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público, y sólo previa solicitud por escrito, pedirán al gobernador Vega de Lamadrid que lleve el tema ante instancias internacionales, concretamente a la CIDH.

Cabe señalar que el 5 de septiembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de la cancelación voluntaria del embarazo en aquellos casos en donde la mujer o niña quedaron embarazadas tras una violación sexual, una iniciativa que en 2015 presentó ante el Tribunal Constitucional de Chile la hoy Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, es una defensora del aborto en casos de embarazo tras violación, visión que avala la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Foto: ONU)

Hoy, Guillermo Montaño García anunció que hasta el momento son 30 organizaciones civiles y religiosas del país las que han confirmado su lealtad al movimiento antiabortista.

“Día con día se están adhiriendo más grupos y ya se está buscando fijar una fecha de septiembre para salir a las calles a protestar”, precisó.

Desde el lunes 5 de agosto, gracias a la sentencia de la Suprema Corte, en Baja California y el resto del país las mujeres y niñas que resulten embarazadas después de una violación podrán abortar sin necesidad de pedir permiso al gobierno.

Esto porque en la controversia del gobernador Francisco Vega:

“No se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, para modificar una norma de este tipo, pues no se pretendió crear nuevos requisitos o procedimientos, sino únicamente ajustarla a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, facilitando el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación”.

El fallo permite a la mujer o niña embarazada, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con tan solo presentar por escrito la solicitud bajo protesta de decir verdad que la gestación es producto de una violación.

En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto de su padre y/o madre, o a falta de éstos, de su tutor.

Foto: Internet

Y también elimina el requisito de la autorización previa de la “autoridad competente.”

La sentencia igualmente dicta que el personal de salud que participe en el procedimiento de aborto voluntario, no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.

Al respecto, el miércoles 7 de agosto el ministro de la Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, precisó que la norma legal instituye que si algún médico o enfermera tiene “objeción de conciencia”, no está obligado a practicar el aborto, por lo que tampoco serán sujetos de persecución criminal.

Pero los hospitales y clínicas públicas deben contar en todo momento con un número suficiente de médicos y enfermeras que no tengan ese reparo o creencias y lleven a cabo la operación.”

También precisó que el aval a la Norma Oficial que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación, “es una decisión inatacable” que busca proteger a las niñas y mujeres más vulnerables.

“Los jueces estamos por no criminalizar a la mujer pobre, porque la niña rica siempre ha tenido más posibilidades, y nosotros tenemos la obligación con las niñas y mujeres, de defender sobre todo a las más pobres, a las indígenas, a las que no tienen a nadie que hable por ellas”, destacó Saldívar Lelo en entrevistas con diversos medios a nivel nacional.

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