Ante la opacidad y el negocio, la municipalización del agua en BC

Nadie puede negar que la Ley del Agua de Baja California fue aprobada sin transparencia, de “botepronto”, sin ser una decisión realmente colegiada. Sin hablar de su debatible contenido.

Cristian Vázquez González*

Pongamos el ejemplo. Hoy exhortamos al Ayuntamiento a que se posicione de forma técnica en el tema de la nueva Ley del Agua. Le compete. El Artículo 115 Constitucional lo faculta para opinar y decidir al respecto. Si lo analizamos y todos participamos, dentro de los siguientes 20 días podríamos presentar una controversia constitucional. Incluso tomar decisiones como municipalizar su administración. Que regrese. Pero primero lo primero: La Ley del Agua.

Constitucionalmente la administración del agua le compete a los ayuntamientos. En 1968 el estado de Baja California recibió la concesión. 50 años después el Congreso estableció que es tiempo de que particulares puedan administrarla y distribuirla. Que ya no puede el estado. Que por eso nos la cortan, porque no hay recursos para abastecer a todos. ¿Tenemos algo que decir al respecto?

Es urgente que como Ayuntamiento, de forma colegiada, con la participación de expertos y abogados, hablemos de la viabilidad de la ley, de la constitucionalidad o no, de lo correcto o no de que se pueda suspender el servicio a los 90 días de no pagarlo, o de que no se nos haya consultado a cada uno de estos 15 munícipes que conformamos el Ayuntamiento. Y a los otros 4 ayuntamientos.

N. de la R. Para el presidente municipal de Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna, la nueva Ley del Agua de Baja California contiene puntos positivos como el tratamiento de aguas residuales, la gestión de nuevos sistemas de potabilización del líquido, un adecuado manejo de lodos residuales en las plantas de tratamiento de aguas negras, y la conservación de la infraestructura hidráulica del estado (Foto: Archivo) 

Incluso debemos considerar tomar cartas legales en el asunto. Si como dice el alcalde la nueva ley “tiene beneficios”, o si era la única opción para que el agua llegue, que se le diga así, tal cual, al ciudadano, con argumentos.

Si lo analizamos y todos participamos, dentro de los siguientes 20 días podríamos presentar una controversia constitucional. Incluso tomar decisiones como la que se contempla para análisis en el siguiente punto: Municipalizar su administración. Que regrese.

Foto: Ferrán Nadeu, El Periódico

El tiempo está encima. Vivimos en una ciudad que hoy padece por todos lados. Que por tres años se ha bañado a “jicarazos”. Con un Valle de San Quintín donde tres cuartas partes de la población no tienen el servicio de un DERECHO HUMANO. Donde ya no se tolera el tandeo, las tuberías rotas, las calles abiertas por la CESPE. Donde se le echa la culpa de un mal servicio a quien no paga por algo que no tiene.

Pero también, una ciudad de más de medio millón de habitantes que no tolerarán nuestro silencio si esto resulta anticonstitucional. Si los supuestos de la ley no son la única opción. Si nos quedamos callados y sólo hablamos de que podría traer beneficios. Urge que lo analicemos todos e incluyamos a la ciudadanía en ese análisis, algo que debió suceder antes de presentarse y aprobarse.

Pongamos un ejemplo a los diputados de que nosotros sí podemos formar opiniones y tomar decisiones colegiadas, sin improvisación, sin cosas en lo oscurito. Porque nadie puede negar que esa ley fue aprobada sin discusión, en opacidad, sin transparencia, en un atraco procesal. Ahora viene un reto muy grande.

La responsabilidad es de todos. El agua es de todos.

* Regidor independiente del XXII Ayuntamiento de Ensenada; escritor, político, promotor cultural y activista.